Así será la eutanasia en Portugal: el solicitante debe constatar su decisión hasta seis veces

Brais Suárez
brais suárez OPORTO / E. LA VOZ

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TIAGO PETINGA

El parlamento luso aprueba la ley por tercera vez, pero para que entre en vigor debe ser ratificada por el presidente, que ya la vetó en las dos ocasiones anteriores

10 dic 2022 . Actualizado a las 10:21 h.

El Parlamento luso, con una amplia mayoría del Partido Socialista, ha despenalizado la muerte médicamente asistida con apoyo de la Iniciativa Liberal, el Bloco de Esquerda, PAN y Livre. En contra estuvieron los comunistas, la ultraderecha y gran parte del PSD, la oposición conservadora. Sin disciplina de votos, seis socialdemócratas apoyaron la iniciativa y seis socialistas votaron en contra.

Así, la ley de la eutanasia es casi una realidad en Portugal. Para su entrada en vigor, solo falta la aprobación del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ya garantizó una respuesta rápida. Pero lo que normalmente es una formalidad podría no serlo con en esta materia.

De hecho, la votación de este texto ya fue aplazada en dos ocasiones y, previamente, dos leyes similares sufrieron sendos vetos presidenciales. Así, la actual legislación pretende enmendar las objeciones que Rebelo de Sousa expuso en noviembre del año pasado, cuando señaló ambigüedades entre los términos «enfermedad fatal» «incurable» y «grave».

Antes de esta negativa de carácter político, en febrero del 2021 el presidente también había vetado la propuesta por inconstitucionalidad, tras el informe negativo del Tribunal Constitucional portugués. E incluso podemos remitirnos al 2018 para ver cómo las iniciativas de los distintos grupos parlamentarios lusos quedaban frustradas en la votación general de la Asamblea de la República.

Acompañamiento psicológico

En este caso, aunque la ley ya contaba con la mayoría parlamentaria para ser aprobada, se necesitaba un consenso social que, de momento, viene marcado por la exigencia de minimizar cualquier error de aplicación de la normativa.

Es lo que trata de asegurar el nuevo texto. Por eso, además de la opinión del médico especialista y otro orientador, incorpora un punto diferencial: el acompañamiento psicológico del paciente a lo largo del proceso, que le permita entender su decisión.

Además, el paciente deberá constatar su decisión hasta en seis ocasiones durante un período mínimo de dos meses entre que se abre el proceso y la muerte. Este plazo genera dudas en ambas direcciones: muy largo para casos de sufrimiento extremo y muy corto para quienes puedan estar condicionados por «procesos de luto serios», como definen los especialistas. Los críticos también lo llevan a la práctica: un plazo tan limitado puede verse fácilmente interrumpido por el exceso de trabajo de los profesionales.

En ese sentido, se creará la Comisión de Verificación y Evaluación de los Procedimientos Clínicos de Muerte Médicamente Asistida, cuyos cinco miembros serán nombrados 20 días tras la entrada en vigor del texto y deberán fiscalizar y certificar todo el proceso.

Algunas voces críticas juzgan el protagonismo que se concede a esta medida por encima de lo que consideran prioridades para la salud pública, como el debido cumplimiento de la ley sobre cuidados paliativos que entró en vigor en el 2018. De hecho, tanto detractores como defensores creen que ambas cuestiones deberían ir de la mano y no presentarse como sustitutivas.

Por último, algo intrínseco a la ley y su aplicación: garantizar la posibilidad de objeción de conciencia no solo para los médicos, sino también para los psicólogos. En consecuencia, se reclama que se estimen de antemano las capacidades del sistema sanitario para satisfacer a los pacientes.

A pesar de todas estas novedades con respecto a las propuestas previamente declinadas, lo esencial fue precisar que el texto no atañe a «enfermedades graves o incurables», sino a enfermedades «graves e incurables». Se podrá practicar en centros públicos y también en los privados habilitados para ello.

La votación de ayer fue la tercera ocasión en la que la propuesta legislativa se llevó a aprobación por el Parlamento. Fue un tercer intento para salvar las suspicacias del presidente luso, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que ya ha frenado dos intentos previos. Este Rebelo e tiene la potestad de promulgarlo, vetarlo o consultar al Tribunal Constitucional.