Podemos se desmarca de la rebaja de la pena de malversación que plantea el PSOE
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El motivo de desacuerdo es que los morados han mostrado sus dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces
12 dic 2022 . Actualizado a las 12:02 h.Unidas Podemos se descuelga de la reforma del delito de malversación y no firmará la enmienda transaccional al proyecto de ley para su reforma. Los morados alegan «dudas» sobre este cambio legal, aunque aseguran que facilitarán que el acuerdo alcanzado entre ERC y PSOE no descarrile en la ponencia que se celebra esta tarde.
Fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos han detallado que estas dudas residen en la futura aplicación de la nueva redacción de este tipo penal «por parte de los jueces» y, en consecuencia, no forma parte de este pacto entre los republicanos y los socialistas. Al mismo tiempo, la formación que dirige Ione Belarra quiere preservar su tramitación dado que el proyecto de ley de revisión del Código Penal «contiene elementos tan importantes» como la supresión del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.
ERC presentó el pasado viernes una enmienda para crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel -con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión- a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. Eso, de acuerdo a su planteamiento, dejaría fuera el desvío de fondos realizado para financiar el procés por el que fueron condenados o están pendientes de juicio varios cargos de la Generalitat, tanto de Esquerra como de Junts per Catalunya, incluidos huidos de la Justicia como el expresidente Carles Puigdemont.
Este domingo trascendió que el Gobierno iba a impulsar una enmienda transaccional a la propuesta de los republicanos. Esta añadiría un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública. La dirección socialista sostiene que, de ese modo, las conductas del procés no quedarían despenalizadas (aunque las penas a aplicar son sustancialmente más bajas) y que se evitará que políticos "corruptos" se beneficien de los cambios que se quieren tramitar en el Congreso por la vía de urgencia.
Debate en el espacio confederal
La reforma de la malversación despierta enormes recelos en buena parte del PSOE, no solo en los habituales críticos de la organización, y con esa transaccional Sánchez pretende acallar el malestar. Pero la cuestión de la malversación ha motivado un fuerte debate dentro del espacio confederal, dado que Podemos en las últimas fechas aludía a que era una cuestión «muy delicada» que podía tener «efectos perversos». Dentro de la coalición morada, los comunes son la fuerza más proclive a este cambio. Su diputado Jaume Asens se mostró más partidario de encarar esta revisión de este tipo penal, al recalcar que la música le «sonaba bien» y que veía lógico diferenciar entre enriquecimiento ilícito y otros supuestos, como la administración desleal de recursos públicos.
De hecho, Unidas Podemos no presentó ninguna enmienda en este sentido, como expuso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el grupo procedió a una revisión exhaustiva sobre la propuesta de ERC, dejando claro que no iba a respaldar ninguna modificación que supusiera beneficios a la corrupción política. De esta forma, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señaló que cualquier reforma de la malversación no debía servir de ayuda a investigados o condenados en casos como Lezo, Púnica o Kitchen.
Lo cierto es que para que la reforma de la malversación salga adelante, socialistas y republicanos necesitan agrupar una mayoría en la reunión de la ponencia de esta tarde o en la comisión que presumiblemente se reunirá mañana, siempre que hoy se apruebe el dictamen de la nueva ley. Mientras Unidas Podemos decide el sentido de su voto, el PNV ya ha asegurado que votará a favor de la enmienda. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, reconoció esta mañana en una entrevista en Radio Euskadi su predisposición a retrotraerse a «antes de la reforma del PP del 2015», que vinculan como una medida para «frenar» el procés.
