El Constitucional evita el choque con el legislativo y aplaza su decisión al lunes
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El tribunal todavía podría suspender la tramitación de las reformas del Código Penal antes de que las apruebe el Senado
15 dic 2022 . Actualizado a las 19:54 h.España vivió este jueves una jornada frenética de choque entre el Tribunal Constitucional y el poder legislativo inédita en la reciente etapa democrática. El pleno de los magistrados del Constitucional se reunió de urgencia, en medio de una fuerte discrepancia entre sus miembros, para decidir si atendían o no el recurso de amparo solicitado por el PP para paralizar la tramitación de las enmiendas que modifican la ley del Consejo General del Poder Judicial y la del propio tribunal de garantías. Finalmente, los once magistrados, seis del sector conservador y cinco del progresista, dado que existe una baja sin cubrir entre los conservadores, decidieron aplazar el pleno hasta el próximo lunes, a petición del sector progresista ante la complejidad de las decisiones que deben abordarse.
El Congreso pudo votar
El aplazamiento permitió que solo unas horas más tarde el Congreso celebrara el debate y la votación de las enmiendas a la reforma del Código Penal presentadas por el PSOE y Unidas Podemos, y también las de la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas en el de malversación. La decisión evitaba así un grave conflicto institucional que habría impedido la votación sobre un proceso legislativo en marcha.
La amenaza de que el Constitucional pueda frenar la tramitación de las reformas sigue sin embargo vigente, dado que para salir adelante definitivamente deben ser aprobadas también en el Senado, en un pleno que se celebrará el próximo jueves 22 de diciembre. Después, por tanto, de que el Constitucional decida el lunes 19 si paraliza o no la tramitación de las enmiendas.
El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, uno de los que deben ser sustituidos al haber caducado su mandato, convocó el pleno para las diez de la mañana, pero tuvo que retrasarse hasta la una de la tarde ante el aluvión de recursos presentados. Vox presentó su propio recurso de amparo en términos similares al registrado por el PP. El PSOE, por su parte, pidió personarse en el proceso, adelantando su oposición a las medidas cautelares solicitadas por el PP y defendiendo la «autonomía parlamentaria» al considerar que si el Constitucional paralizara la tramitación de una reforma legal se estaría produciendo una «injerencia» del tribunal de garantías en el poder legislativo, dado que el PP no vería vulnerados sus derechos, ya que podría recurrir esa reforma al Constitucional una vez que fuera aprobada.
Polémica convocatoria del pleno
Unidas Podemos presentó también su propio recurso en el que solicitaba la abstención de González-Trevijano y del magistrado Antonio Narváez, también del sector conservador, ya que estaban directamente afectados por la reforma, dado que ambos deben ser renovados al haber concluido su mandato el pasado 12 de junio.
Ante esa catarata de recursos, el presidente del Constitucional accedió a aplazar la reunión del pleno hasta el lunes 19 de diciembre. Pero la propia convocatoria del pleno es conflictiva, dado que el recurso presentado por el PP debería haber recaído en la sala segunda, formada por tres magistrados progresistas y tres conservadores, pero presidida por el progresista y vicepresidente del Constitucional, Jose Antonio Xiol, que con su voto de calidad podría inclinar la balanza hacia su sector. González-Trevijano decidió sin embargo elevar el asunto al pleno, en el que los conservadores tienen una mayoría de seis a cinco.
El Constitucional tendrá que decidir el lunes si admite las peticiones de paralizar la tramitación de las reformas de la ley del CGPJ y la del propio tribunal de garantías. Pero lo hará con la presión que supone el hecho de que ya se haya producido la votación en el Congreso. El tribunal nunca ha paralizado un proceso legislativo en marcha o impedido una votación en el Congreso o el Senado por un recurso de amparo presentado por un partido, como el que registró el PP.
El magistrado Enrique Arnaldo será el ponente de la resolución final
La ponencia sobre la decisión que adopte el Tribunal Constitucional respecto a los recursos presentados contra las reformas del Código Penal recaerá en el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador y nombrado a petición del PP. La designación de Arnaldo fue polémica porque, al margen de su competencia como jurista, participó en cursos de la fundación FAES, vinculada al PP. Durante el interrogatorio al que fue sometido en el Congreso para determinar su idoneidad, Arnaldo aseguró que solo participó en foros técnicos. «Nunca he recibido instrucción alguna de ningún partido, no la aceptaría ni la aceptaré, no recibo mandatos», declaró.
Feijoo justifica el acudir al Constitucional porque su objetivo es garantizar la de democracia
Redacción / La Voz
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este jueves que su partido tiene la «conciencia tranquila» después de que su formación recurriese al Constitucional con el objetivo de paralizar la reforma penal que busca renovar el tribunal de garantías, ya que, según ha dicho, si el Gobierno «no respeta el Estado de derecho», debe hacerlo la oposición. También Vox, a primera hora de la mañana, presentó una solicitud semejante a la del PP.
«La oposición no solo tiene que hacer oposición al Gobierno sino que tiene que garantizar la democracia en nuestro país», ha declarado Feijoo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press. El líder de la oposición ha señalado que con su recurso piden al TC que «impida una votación en el Congreso hurtando el derecho a los propios diputados de poder discutir lo que se va a votar». Así, ha explicado que se introducen dos enmiendas que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sin que la oposición pueda actuar «porque las enmiendas no se pueden enmendar».
Dos polémicas enmiendas
La petición de amparo del PP ante el Constitucional recurre en esencia tres cambios en la regulación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional introducidos como enmiendas en la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que justificaron esta vía parlamentaria por la necesidad de renovar ambas instituciones.
La primera de las enmiendas retoca la Ley del Poder Judicial y elimina la mayoría de tres quintos del pleno del CGPJ para elegir a los dos magistrados del TC que corresponde designar al consejo. Con la reforma, bastará una mayoría simple, lo que evitará la actual obligación de alcanzar un consenso entre los bloques conservador y progresista para pactar esos dos nombres.
La segunda enmienda afecta a la Ley del Tribunal Constitucional y modifica la forma en que el CGPJ y el Gobierno designan a los dos magistrados que les corresponden en el TC. Con el cambio legislativo, si el consejo se retrasase a la hora de escoger a sus aspirantes —como sucede actualmente—, el Ejecutivo podría nombrar a sus dos candidatos sin aguardar al CGPJ. En este apartado también se liquida la evaluación de la idoneidad de los candidatos del Gobierno y del consejo por parte del Constitucional, lo que desde la oposición se interpreta como una maniobra de la Moncloa para despejar el camino al tribunal de garantías a los dos aspirantes propuestos por el Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex directora general del Ministerio de Presidencia.