Un Constitucional dividido paraliza la reforma judicial que impulsa el Gobierno
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Los conservadores impusieron su mayoría para rechazar la recusación de dos de los magistrados
20 dic 2022 . Actualizado a las 10:34 h.El Tribunal Constitucional vivió este lunes una histórica y maratoniana jornada en la que, tras más de diez horas de reunión, decidió, por seis votos a favor de los magistrados conservadores y cinco en contra de los progresistas, admitir el recurso presentado por el PP y las medidas cautelarísimas solicitadas, suspendiendo así la tramitación de las enmiendas a la reforma del Código Penal impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley del Poder Judicial y la del propio Tribunal Constitucional. El Senado no podrá votarlas el jueves, como tenía previsto. El pleno rechazó con el mismo marcador las recusaciones del presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y del vocal Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado desde el pasado mes de junio.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos habían solicitado que ambos magistrados, del sector conservador, se apartaran de las votaciones por tener un interés directo sobre la cuestión planteada, dado que su permanencia en el cargo dependía del sentido de su voto porque en caso de aprobarse la reforma legal serían sustituidos de inmediato por los magistrados que ya ha nombrado el Gobierno. Aceptar la recusación habría dejado la mayoría en manos de los progresistas por cinco votos frente a cuatro. Pero, finalmente, Trevijano y Narváez rechazaron ausentarse y votaron en contra de su propia recusación. El rechazo a las dos recusaciones fue de plano, sin abrir un informe técnico.
Previamente al rechazo de las recusaciones, los magistrados decidieron dar por personados en el procedimiento a PSOE y Unidas Podemos, como habían solicitado los dos partidos de la coalición de Gobierno.
Xiol votó con los conservadores
Los progresistas intentaron sin éxito que el pleno ni siquiera abordara la cuestión de fondo. Antes de adoptar la medida sin precedentes de suspender la tramitación en marcha de una ley en las Cortes, el tribunal abordó en primer lugar la decisión de avocar al pleno el recurso del PP, en lugar de dejarlo en manos de la Sala Segunda, a la que le habría correspondido. Y en esa primera decisión el resultado fue de siete votos a favor de elevarlo al pleno y cuatro en contra, porque el progresista y vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol, se sumó a los conservadores. Con ello, se garantizaba que todas las decisiones las tomaría el pleno, con mayoría conservadora de seis a cinco.
Tras rechazar las recusaciones y admitir a trámite el recurso, los magistrados, en un pleno completamente dividido, abordaron la solicitud del PP de suspender urgentemente la tramitación de las dos enmiendas en el Senado, que tenía previsto someterlas a votación el próximo jueves después de que hubieran sido aprobadas por el Congreso la semana pasada.
Las enmiendas que el PP pidió que se impida tramitar son en primer lugar la que establecía la derogación de la mayoría de tres quintos requerida para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial elijan a los dos magistrados del Constitucional que les corresponde designar. La enmienda planteaba que sean nombrados por mayoría simple y que los dos más votados accedan al cargo.
Además, el PSOE y Unidas Podemos proponían que los dos miembros del tribunal de garantías que le corresponde elegir al Gobierno puedan acceder a sus puestos sin necesidad de esperar a que el CGPJ haga los suyos. Algo que eludiría el bloqueo de los vocales conservadores del CGPJ. Por último, otra enmienda planteaba eliminar la necesidad de que el pleno del Tribunal Constitucional dé su visto bueno a la idoneidad de los magistrados elegidos para los relevos.
Los recursos
El escrito de 54 páginas fue presentado por los populares el pasado miércoles a primera hora. Recoge que se vulneró el derecho de sus parlamentarios a ejercer su cargo cuando la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso admitió una serie de enmiendas a la reforma penal en marcha «manifiestamente inconstitucionales» y que carecían de «conexión de homogeneidad con el texto de la iniciativa legislativa».
Tras conocer el recurso de amparo del PP y la solicitud de medidas cautelarísimas para suspender la tramitación de las enmiendas, el PSOE registró un escrito ante el pleno firmado por Isaura Leal, secretaria general del grupo parlamentario. Solicitó personarse en el recurso de amparo con el argumento de que una medida cautelar que pueda suspender el procedimiento «impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos y tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental de todos los diputados de imposible reparación».
