El CGPJ fracasa al elegir a sus candidatos al Constitucional y se abona al bloqueo

El Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace 4 años, tenía ayer en sus manos retornar, aunque fuese parcialmente, a la senda de la normalidad y elegir a los dos miembros que le corresponden para el Tribunal Constitucional, pero no fue así. Diez votos contra siete no fueron suficientes para sacar adelante los nombramientos, que requerían once apoyos.

Los vocales conservadores habían propuesto a César Tolosa y a Pablo Lucas (este último nominado en otra ocasión por el sector progresista), que obtuvieron 10 votos, mientras que los progresistas registraron el nombre de José Manuel Bandrés, que logró 7.

Cuatro vocales conservadores solicitaron sin éxito que la vocal Clara Martínez de Careaga, casada con el magistrado Cándido Conde-Pumpido, fuera apartada de la votación, por interés directo en la causa ya que este se perfila como presidente del Constitucional. Quien no participó fue Enrique Lucas, hermano de uno de los aspirantes.

Los tres nombres han caído pues en saco roto y las negociaciones han sido pospuestas para el 2023, ya que no se prevén avances en el pleno ordinario convocado para mañana, jueves.

Así las cosas, el debate de ayer transcurrió 24 horas después de que la mayoría conservadora del Constitucional (6 magistrados frente a 5) suspendiese la tramitación en el Senado de las dos enmiendas que buscaban modificar el sistema de elección de los candidatos al alto tribunal de garantías para evitar el bloqueo.

Hasta entonces, estos últimos días, los vocales conservadores tenían premura por aprobar los nombres de sus dos candidatos para renovar el TC, ya que de salir adelante las citadas enmiendas, ahora paralizadas por el Constitucional, el desbloqueo estaba garantizado. Pues uno de esos textos recoge el cambio de aprobar a los aspirantes por una mayoría de tres quintos (11 de los 18 votos en juego) a una simple, lo que favorecería que fueran elegidos los dos más votados de cada bloque. Además, con la presentación de Pablo Lucas, los conservadores buscaban que el otro sector retirase a Bandrés. En cambio, el sector progresista pasó de abogar por la renovación a esperar a que se aprobase la reforma.

El problema de fondo permanece, pues el Tribunal Constitucional está pendiente de renovación desde el 12 de junio. En concreto, son cuatro los magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados por el CGPJ.

 A la espera de la nueva reforma

La enmienda paralizada por el TC permitía que los dos candidatos que le corresponden al Gobierno podrían tomar posesión del cargo, independientemente de que los del CGPJ no fuesen elegidos. Ahora quedan en el aire los nombramientos de Laura Díez, ex directora general de Presidencia, y del exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Con la falta de acuerdo entre los sectores progresista y conservador del CGPJ, la solución tendrá que esperar a la aprobación de la proposición de ley anunciada ayer y que recogerá las enmiendas que tumbó el Constitucional: eliminar la mayoría de tres quintos para elegir a los magistrados al TC y el plácet del TC a los elegidos, así como renovarlo por sextos y no por tercios. Pero o se habilita enero como hábil en las Cortes o todo quedará para febrero.

La Comisión Europea avala al Constitucional y exige que se respeten las reglas 

O. h.

La Comisión Europea considera que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros, sobre todo cuando son de calado y afectan a cuestiones importantes, deben pasar por consultas previas con las partes interesadas, incluido el Poder Judicial. La institución comunitaria espera que España cumpla con los estándares europeos, lo que supone el respaldo a la actuación del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo comunitario sigue «muy atentamente» la situación en España, dijo el portavoz de Justicia comunitario, Christian Wigand.

Evitó valorar el fondo de la reforma porque Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son ley, pero sí apuntó que los servicios comunitarios esperan que «las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales». En España, añadió, le corresponde al Constitucional dirimir sobre cualquier «duda o queja» al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma y a las autoridades nacionales cumplir las normas.

Bruselas recordó que la posición de la Comisión Europea sobre el Consejo del Poder Judicial es reclamar una renovación urgente.

Las asociaciones de jueces entran en el debate 

cristina vallejo

El Tribunal Constitucional suspendió la tramitación parlamentaria de las enmiendas con las que Podemos y PSOE quieren cambiar las leyes del Consejo del Poder Judicial y de la corte de garantías. No lo hizo por unanimidad. El mismo desacuerdo lo hay en las asociaciones de jueces. 

recusaciones

De los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que se verían sustituidos por los propuestos por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús del Barco afirma que la corte de garantías suele ser muy restrictiva al realizar recusaciones debido a que es un órgano en el que no se pueden efectuar sustituciones. 

Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Jorge Fernández Vaquero dice que «la recusación no puede ser una herramienta de bloqueo» y recuerda que además de los dos recusados, hay otros dos con mandato vencido. 

Foro Judicial Independiente, Cristina de Vicente dice que hay que esperar a conocer los argumentos de la desestimación, que parece que se ha producido por una cuestión formal, dado que quien pidió las recusaciones no formaba parte del procedimiento. 

Jueces y Juezas para la Democracia. Ascensión Martín, si bien respeta, no comparte la decisión de desestimar las recusaciones, puesto que se dirigía a personas beneficiadas o perjudicadas, a personas afectadas por la cuestión que se dirimía. 

Suspensión en el Senado

JyJ para la D. Martín argumenta que la decisión se adoptó por un voto de diferencia, no por unanimidad ni por mayoría cualificada, y discute la decisión del TC de adoptar medidas cautelares: «Respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, pero había que valorar todos los intereses y otra posición quizás habría resultado más correcta». «Lo más prudente» habría sido dejar que el Legislativo hubiera terminado con la tramitación. «Se sienta un precedente peligroso», esgrime.

APM. El TC ha hecho «lo único que podía hacer para defender los derechos y libertades de los parlamentarios». El Constitucional no impide que se modifiquen las leyes, pero sí preserva que se haga a través del trámite parlamentario apropiado. 

FJI. La forma de tramitar las normas escogida por el PSOE y Unidas Podemos va en detrimento de los derechos fundamentales de las minorías parlamentarias y del debate. Con la decisión adoptada, el Constitucional sigue su jurisprudencia en virtud de la cual no es correcto enmendar leyes (las orgánicas del CGPJ y del TC) que no tienen que ver con la enmendada (Código Penal).

AJFdeV. La decisión del Constitucional es «muy delicada y con implicaciones en el funcionamiento de la democracia y del equilibrio de poderes». Sitúa en la normalidad la adopción de las medidas cautelarísimas para suspender la votación de las enmiendas. El fallo «no quiebra nada», si bien concede que al sistema se le está sometiendo a una «tensión extrema, máxima», lo que lleva a la adopción de medidas «polémicas». Tanto el Legislativo como el Constitucional están adoptando «decisiones arriesgadas», «están llevando al extremo sus atribuciones». 

la salida

FJI. El legislativo debe «rectificar» y tramitar de forma correcta las enmiendas. 

APM. La vía es la presentación de un proyecto de ley o una proposición de ley, 

JyJ para la D. El desbloqueo lo tiene el CGPJ votando a dos magistrados del Constitucional Y podrían tomar posesión los propuestos por el Ejecutivo. 

AJFdeV. El CGPJ debe nombrar a los magistrados del TC; el Congreso y el Senado deben renovar el CGPJ; el TC y el CGPJ deben dejar de actuar como si fuesen grupos parlamentarios; y el Gobierno ha de asumir que el Poder Judicial no es un instrumento de ejecución de sus políticas.

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