El Gobierno quiere conocer antes el auto del TC sobre el Poder Judicial para tramitar su proposición de ley
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Podemos denuncia una «sorprendente inseguridad jurídica»
26 dic 2022 . Actualizado a las 09:29 h.Hoy se cumple una semana de la paralización por el Tribunal Constitucional de la tramitación de dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos para modificar las leyes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para desbloquear la renovación de los magistrados que tienen su mandato caducado. En este tiempo, el alto tribunal de garantías no ha dado a conocer sus argumentos. De ello se quejó ayer el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, quien denunció que estamos en «una situación de inseguridad jurídica inconcebible en un Estado de derecho».
El PSOE y Unidas Podemos están pendientes del razonamiento de los magistrados para impedir que las Cortes Generales continuaran con la tramitación del texto de su autoría para, en función de ese auto, presentar en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que retomará los cambios frenados por el Tribunal Constitucional sobre la renovación del Poder Judicial y la del propio tribunal de garantías.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de Podemos, Mayoral dijo ayer que es «sorprendente» que haya habido «una decisión del Tribunal Constitucional de paralización del trámite de una norma en el seno de la sede de la soberanía popular sin que todavía haya conocimiento de cuáles son los fundamentos de derecho de esa decisión».
«Tomar una decisión tan grave sin que en estos momentos los órganos afectados, las instituciones afectadas, tengan conocimiento de cuáles son los fundamentos de derecho, crea una situación de inseguridad jurídica inconcebible en un Estado de derecho», insistió, según recoge la agencia Efe.
Las mencionadas enmiendas iban incluidas en la reforma del Código Penal que derogó la sedición y rebajó las penas por malversación en el pleno del Senado del pasado jueves y cuya redacción fue pactada por el Gobierno con ERC a cambio del apoyo de los diputados de esta formación a los Presupuestos Generales del Estado. Esas medidas benefician a los líderes del procés condenados por el 1-O y a los que todavía están pendientes de ser juzgados, como el expresidente Carles Puigdemont. Precisamente, ayer, Antoni Castellà, miembro del gobierno del Consejo de la República, despreció los beneficios penales que les aporta la nueva ley al asegurar que la reforma del Código Penal es fruto de un pacto del Gobierno «con una pequeña parte del independentismo» y arremetió contra una reforma que «criminaliza el 1-O».
Desde Junts, la diputada autonómica Assumpció Laïlla (Demòcrates) insistió, en alusión a las palabras de Pedro Sánchez de que el desafío al Estado había concluido, en que el procés no ha terminado y pidió «coherencia y responsabilidad» para defender el 1-O.
El CGPJ se reúne mañana
Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este martes un pleno extraordinario para votar por segunda vez a los candidatos que le corresponde designar al Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores presentaron otra vez al magistrado del Supremo César Tolosa y como novedad aportaron la sustitución de Pablo Lucas por la magistrada jubilada María Luisa Segoviano. El ala progresista repite con José Manuel Bandrés. Hasta ahora, el desequilibrio de fuerzas, con 8 vocales progresistas y 10 conservadores, no permitió un acuerdo.