Portugal define un mecanismo de verificación de sus gobernantes

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

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El primer ministro portugués, António Costa
El primer ministro portugués, António Costa OLIVIER HOSLET | EFE

El sistema se aplicará a candidatos a ministros y secretarios de Estado

14 ene 2023 . Actualizado a las 09:23 h.

La Asamblea de la República portuguesa ha aprobado un mecanismo para verificar la validez de los candidatos propuestos para posiciones de alta responsabilidad como ministros y secretarios de Estado. El Parlamento volvió a abordar el jueves una iniciativa que llevaba una semana tratando de definir. Estableció un método de evaluación previa de sus candidatos, que incluirá una declaración de compromiso de honor y exigirá responder a un cuestionario de 36 preguntas. Estas abarcan los tres últimos años de actividad y se extienden al ámbito familiar.

Las cuestiones se dividen en cinco áreas: actividades actuales y anteriores, impedimentos y conflictos de intereses, situación patrimonial, situación fiscal y responsabilidad penal. Algunas de ellas se formulan replicando directamente las casuísticas que derivaron en los últimos escándalos políticos, como, por ejemplo: «¿Ejerció en los últimos tres años funciones en entidades públicas o en que el Estado tenga una posición relevante?» y, a continuación, «¿Fue beneficiario de cualquier tipo de incentivo financiero o fiscal, de naturaleza contractual, concedido por entidades públicas nacionales o de la Unión Europea». Es decir, lo que acaba de ocurrir con la secretaria de Estado del Tesoro, Alexandra Reis, obligada a dimitir tras descubrirse que había percibido una indemnización de medio millón de euros para abandonar la dirección de TAP, aerolínea rescatada por el Gobierno.

Además, entre otras cosas, el mecanismo obliga a indicar una eventual participación, por parte del candidato o de alguien de su núcleo familiar, en el capital de empresas que hayan obtenido contratos públicos en el área tutelada por la persona en cuestión. También se inquiere sobre procesos penales propios y familiares, única área que se extiende a más de tres años. Las respuestas no serán públicas.

Esta idea surgió el 5 de enero, durante la moción de censura que Iniciativa Liberal propuso contra el Partido Socialista, que gobierna con mayoría absoluta, por la «degradación política» que venía experimentando el país. Los opositores hacían referencia a los casos de corrupción e incompatibilidades que protagonizaron varios altos cargos del Ejecutivo y que a finales de diciembre tumbaron al ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos. Entonces, el primer ministro, António Costa, aseguró que plantearía al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, un «circuito» entre su propuesta y «el nombramiento» para descartar conjuntamente perfiles con un expediente inadecuado. Rebelo de Sousa, que cada vez muestra menos reparos en criticar los errores del Gobierno, se negó, asegurando que la investigación de eventuales problemas «debe ser antes de que el Gobierno presente la propuesta» al presidente, «y no después», ya que Portugal no es un sistema presidencialista.

Caso Rita Marques

Mientras se desarrollaba la sesión, la ex secretaria de Estado de Turismo, Rita Marques, hacía pública su renuncia a un cargo de administradora en un grupo empresarial con el que cerró contratos públicos durante su etapa en el Gobierno. En sus redes sociales explicó que, tras el «elevado flujo» de noticias sobre su nuevo cargo, entendió que no debía aceptarlo. De hecho, no le quedaba mucho margen de maniobra después de que tanto el primer ministro como el presidente calificaran la situación de «ilegal».