El PP ofrece acabar con su coalición con Vox si los socialistas expulsan a Podemos y dejan gobernar en toda España al partido más votado
19 ene 2023 . Actualizado a las 09:06 h.A la espera de que se resuelva el requerimiento de incompetencia del Gobierno a la Junta de Castilla y León para que le envíe el protocolo antiaborto anunciado por Vox, el PSOE eleva la presión sobre el PP e insta al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a romper el Ejecutivo de coalición con los de Santiago Abascal. «Que rompa el pacto con la extrema derecha y, a partir de ahí, que se comprometa a hacerles un cordón sanitario y, cuando haga eso, nos sentamos con ellos», afirmó la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez.
Los socialistas castellanoleoneses no se comprometen, sin embargo, a facilitar un Gobierno del PP en minoría, por lo que no descartan un escenario de nuevas elecciones. Una hipótesis que también se contempla en el PP como último recurso si el desafío de Vox va a más, aunque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este miércoles que no tiene «ningún indicio» de que esté previsto un adelanto electoral en Castilla y León.
Un pacto para toda España
El PP advierte al PSOE de que si quiere que rompa con Vox eso debería ser fruto de un acuerdo «global» que implicaría también la ruptura de la coalición del PSOE con Unidas Podemos y dejar que gobierne la lista más votada en toda España, no solo en Castilla y León. El coordinador del programa el PP, Íñigo de la Serna, explicó ayer que el PSOE tiene «una oferta sobre la lista más votada» del presidente Feijoo «para el conjunto del país».
Lo que sí hicieron este miércoles los populares es elevar el tono en contra del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, al que el portavoz de la campaña del PP, Borja Sémper tachó de «irresponsable» por provocar un «requerimiento fantasma» del Gobierno ante una decisión «inexistente», en referencia al protocolo antiaborto que sigue sin hacerse público a pesar de que desde Vox se insiste en que hay un compromiso por parte de los populares para ponerlo en marcha.
«Lo que más necesita Castilla y León y España en este momento es estabilidad, sensatez y gobiernos, también vicepresidentes, que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a cizañar o generar incendios», añadió Sémper.
El portavoz popular evitó pronunciarse sobre una ruptura con Vox afirmando que solo Mañueco tiene competencia para ello, y criticó a Sánchez por desplegar «una especie de estrategia que comienza deslizando la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución» en Castilla y León. Algo que calificó como una «estrategia frívola» en un tema «extremadamente sensible».
El Gobierno mantiene la presión
El Gobierno no afloja en la presión a pesar de los desmentidos de Mañueco y de Feijoo asegurando que no existe el protocolo que, según Vox, obligaría a los sanitarios a informar a las embarazadas de la posibilidad de escuchar el latido fetal y realizar una ecografía en 4D. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó que «se puede vulnerar la ley sin que haya ningún protocolo por escrito, que es la vía de hecho».
«No ha ocurrido, pero están diciendo que va a ocurrir. Que se pongan de acuerdo la derechita y la ultraderechita a ver qué van a hacer exactamente», dijo, garantizando que si lo ponen en marcha irán al Constitucional porque «afecta a competencias». Sin un documento por escrito, el Ejecutivo se centra en la rueda de prensa en la que García-Gallardo anunció unas medidas «claramente atentatorias contra la mujer» y en la página web del Gobierno autonómico, que colgó «una explicación de tres folios con mucho detalle sobre en lo que iban a consistir».
El latido fetal conecta a Vox con los más ultras de Europa y de Estados Unidos
J.V.L. Redacción / La Voz
La escucha del latido fetal es un elemento central en la estrategia de los partidos y las plataformas de extrema derecha que pretenden prohibir el aborto, porque dentro de su argumentario ese latido supone el inicio de la vida que dicen defender.
No se trata desde luego de una idea original del vicepresidente castellano-leonés, Juan García-Gallardo. Tiene muchos referentes, aunque el más inmediato es un anuncio del Ministerio de Interior de Hungría del 12 de septiembre del año pasado. La denominada «guía de salud profesional sobre la determinación y clasificación de riesgo del embarazo vivo intrauterino». Fue atribuida al Colegio Profesional de la Salud y se basó en que, «según una investigación, casi dos tercios de los húngaros asocian el comienzo de la vida de un niño con el primer latido del corazón.
Sin embargo, como han publicado distintos medios locales, la redacción poco clara del decreto hace que, en realidad, muy pocos médicos húngaros estén aplicando estos protocolos, que según distintos especialistas lo que hacen es aumentar el estrés de la paciente, complicando la intervención e incrementando los riesgos.
Polonia y Malta
A pesar de los retrocesos de los últimos años, el aborto sigue siendo legal en Hungría hasta la semana 12, e incluso hasta la 24 en determinados supuestos. No así en Polonia, donde las únicas excepciones son la violación o el riesgo para la salud de la madre. Tampoco en Malta, el único país de la UE que prohíbe el aborto, y menos en Estados Unidos, que está sumido en una clara tendencia regresiva y que es de donde vienen todos estos movimientos. Ya en el 2019, estados como Luisiana, Kentucky, Ohio, Misisipi y Georgia aprobaron la ley del latido. En Iowa lo impidió un juez y en Misuri y Alabama prohibieron directamente el aborto.
Pese a la tormenta política desatada, Vox no ha tardado en recibir apoyos, como el de la Political Network for Values, plataforma que se autodenomina defensora de «la vida, el matrimonio, la familia y la libertad», para la que «España tenía décadas sin dar un paso adelante en la protección de la vida y la familia» y ahora «se acabó esa inercia».