El Peñón ha ido expandiéndose sin que los gobiernos españoles hayan podido impedirlo
22 ene 2023 . Actualizado a las 13:03 h.Gibraltar lleva años desarrollando un plan sistemático de crecimiento de su territorio mediante la construcción de edificios y rellenos que ganan terreno al mar, en aguas territoriales en litigio que el Gobierno considera españolas. De esta forma, ha ampliado su aeropuerto y su puerto y lanzado grandes operaciones urbanísticas. Ante este desafío expansionista, los gobiernos españoles han protestado ante Londres, pero no han mantenido una posición constante de firmeza. La posición de Madrid, expresada por escrito en el 2021 en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, es de rechazo a «toda operación de relleno, de construcción o de cualquier otro tipo sobre espacios no cedidos por el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713, dejando constancia de que este tipo de acciones no son conformes con el Derecho internacional y tienen un impacto medioambiental negativo». El tratado establece que la cesión del Peñón al Reino Unido se limitaba a la ciudad y el castillo, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. «Es un tema complejo, porque no hay una jurisdicción internacional bien definida para solucionarlo», asegura Enrique Feás, investigador del Real Instituto Elcano.
Denuncias ecologistas
Los ecologistas han denunciado estas operaciones por su impacto en el medio ambiente. Según asegura a La Voz Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, en la parte del levante se ha producido una «expansión impresionante, pero la Comisión Europea dijo que no había razones para iniciar un procedimiento contra Reino Unido por quebrantamiento de la normativa medioambiental». Este asunto, al igual que el de las bases militares británicas, con la presencia de submarinos nucleares en la zona, está fuera de la negociación, porque España ha optado por el pragmatismo, apostando por solucionar el tema de la cooperación transfronteriza.
Ya han pasado dos años del llamado Acuerdo de Nochevieja por el que Madrid y Londres fijaban las líneas maestras de la futura relación del Peñón con España y con el resto de la UE, pero el tratado sigue sin firmarse. Como explica Feás, el problema estriba en el control de la fronteras, ya que en Gibraltar se deberá aplicar la normativa del espacio Schengen. «La responsabilidad de quién entra por Gibraltar en Europa es de España», asegura. Pero los británicos rechazan que sean policías y guardias civiles quienes ejerzan esa función en el aeropuerto y el puerto gibraltareños, porque sería «un símbolo de la soberanía española». Ante esa negativa, el Gobierno propuso que la lleven a cabo funcionarios de Frontex, coordinados con las fuerzas de seguridad españolas. Feás cita otra causa del retraso: Londres no cumple el protocolo sobre Irlanda del Norte, lo que ha hecho que la Comisión Europea «no tenga prisa en llegar a un acuerdo sobre Gibraltar, pues estima que no tiene sentido firmar algo y que luego no se cumpla».
