Irene Montero cede y el Gobierno corregirá la ley del «solo sí es sí», aunque aún no tiene claro cómo
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La líder de Podemos, Ione Belarra, denuncia que «se redobla la presión de la derecha judicial y mediática para volver al modelo anterior del PP»
30 ene 2023 . Actualizado a las 17:12 h.Casi tres meses y 270 rebajas de condena después, el Gobierno de España parece decidido a reformar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí».
El proyecto estrella del Ministerio de Igualdad y bandera política de Podemos se ha convertido en una sangría para el Ejecutivo y un filón para los opositores en un año repleto de citas electorales, por lo que el presidente Pedro Sánchez ha dicho basta. La ministra de Igualdad, Irene Montero, por más que insista en las bondades de la normativa, ha dado su brazo a torcer para abordar, de la mano de la vicepresidenta Yolanda Díaz, unas modificaciones que hasta el momento nadie sabe por dónde van a ir. Tampoco parece fácil enfocarlas, más que nada porque podrían tener algún efecto a futuro, pero en ningún caso servirían para frenar las reducciones de penas — una treintena solo en Galicia— y las excarcelaciones que se están produciendo en estos momentos. De hecho, ninguna de las numerosas críticas que lleva acumulada la ley desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre incluye una propuesta de reforma que sirva para paliar sus efectos indeseados.
Aunque ninguna de las facciones del Gobierno niegue ya la modificación, el relato de los hechos y los tiempos difiere bastante entre la parte socialista y la de Podemos.
«Los dos partidos del Gobierno de coalición, con plena sintonía, somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento», proclaman desde el equipo de Sánchez, después de constatar «algunos efectos indeseados» y de compartir «la preocupación social ante este tema». De ahí que incidan en que lo están abordando «con responsabilidad» porque cualquier reforma «es compleja desde el punto de vista técnico».
Sin embargo, la vicepresidenta Díaz y la ministra Montero —principal responsable de la ley y también de su hipotética corrección— participaron ayer juntas en un acto de memoria histórica en Palma de Mallorca, pero no dijeron ni una palabra al respecto. Sí lo hizo, y en un tono bastante distinto al del gabinete de Presidencia, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. «Las mujeres llevamos mucho tiempo peleando para que el código penal recoja que solo sí es sí. Para que ninguna tenga que volver a demostrar ante la justicia patriarcal que se resistió. Se redobla la presión de la derecha judicial y mediática para volver al modelo anterior del PP», escribió en su cuenta de Twitter en la que, además, difundió un discurso de Isa Serra, en la misma línea. «Lo que estamos viendo es una ofensiva contra una ley que es un avance incuestionable», dice en ese vídeo la ahora asesora del ministerio de Igualdad, que señala claramente al PSOE. «Nuestro socio de Gobierno también está sufriendo esas presiones», recalca.
Muy cuestionada
Aunque lo cierto es que esas presiones, críticas o cuestionamientos no vienen solo desde la derecha o los sectores más conservadores. La exalcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, levantó ampollas al tachar de «soberbia infantil» el empecinamiento para no corregir la ley. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, reivindicó el viernes la normativa porque pone «en el centro la libertad sexual de las mujeres», pero reconoció abiertamente que «está teniendo unas consecuencias que no son las deseadas» y se mostró decidida a que «sean corregidas». Incluso la propia líder de Podemos en Aragón y consejera de Ciencia, Maru Díaz, incidió en que «lo que está pasando es una tragedia» que le da «mucha rabia».
Ahora, por tanto, Irene Montero y su equipo, junto con el resto del Gobierno, tienen por delante una papeleta que no les ha resuelto la instrucción de la Fiscalía en contra de la rebaja de penas y tampoco parece que se la vaya a resolver el Supremo. De hecho, llevan ya muchas semanas, desde las primeras excarcelaciones, en busca de una solución que, a juicio de muchos expertos, no existe. Los ya condenados, por execrable que sea el crimen cometido, siempre se podrán acoger a la ley que les sea más favorable. Lo que le queda al Ejecutivo —y así lo admite— es evitar que esto derive en más problemas a futuro.