Los populares piden que no intervengan en las deliberaciones sobre la Ley Celaá, la de eutanasia o la que limitó las competencias del Consejo General del Poder Judicial
01 feb 2023 . Actualizado a las 12:49 h.El grupo del PP en el Congreso ha solicitado la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y Laura Díez, exministro de Justicia y exasesora en Moncloa, en siete recursos de inconstitucionalidad.
En concreto, y según explica en un comunicado, el Grupo Popular quiere que estos magistrados no formen parte de las deliberaciones respecto a los recursos a la ley educativa, la Lomloe (conocida como la ley Celaá), la ley de eutanasia o la reforma que limitó las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato ya ha caducado.
Además pretenden apartarles del recurso presentado por el PP a la ley catalana que prendía no fijar porcentajes del castellano en las aulas, para sortear el mínimo del 25 % fijado por el Supremo, o de los procedimientos contra la ley rider o el impuesto de patrimonio incluido en los presupuestos del 2021.
El PP tampoco quiere que Campo y Díez estudien el recurso contra un real decreto de protección a la vulnerabilidad social, de enero de 2021, que a juicio del PP «no respeta la propiedad privada y favorece la okupación» ni el presentado contra varios puntos del Real Decreto-Ley de 4 de mayo de 2021 sobre el estado de alarma por el Covid.
Además, piden recusar al exministro de Justicia respecto al recurso de amparo del PP ante la inclusión en la reforma del Código Penal de varios cambios en el TC y el CGPJ, que fueron frenados en el Senado de forma cautelar por este tribunal de garantías cuando aún tenía mayoría conservadora.
Como motivos para la recusación, el PP indica que ambos han ocupado cargos públicos o han participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, causas que están recogidas en el apartado 13 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los propios magistrados a los que el PP pide recusar pidieron por su parte abstenerse en los procedimientos sobre la reforma laboral, el 25 % del castellano en Cataluña o la ley del «solo sí es sí», en una petición a la que ya dio el visto bueno el Tribunal Constitucional.