Las elecciones estarán marcadas por la escasez de personal sanitario en las islas
19 feb 2023 . Actualizado a las 10:07 h.El archipiélago balear ha quedado impreso en la agenda de Alberto Núñez Feijoo como una de sus prioridades electorales. A falta de casi cien días para los comicios autonómicos, el líder del PP se marca como objetivo que su candidata, Marga Prohens, recupere la gobernanza de un territorio que han dirigido seis de diez legislaturas en democracia. Todo un desafío, ya que la actual presidenta Francina Armengol (PSOE) ha ganado dos elecciones seguidas y, pese a que las encuestas la sitúan como segunda fuerza autonómica, conseguiría repetir mandato si las formaciones de izquierda le dieran su apoyo.
Los planes de mayorías absolutas, en términos de encuestas, se le atascarían a los populares en Baleares. Según la última encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES), el PP obtendría entre 21 y 22 escaños, cinco o seis más que en las elecciones del 2019. Un resultado insuficiente y condicionado por el ascenso de Vox, que pasaría de tener tres representantes a siete. Con todo, los números de la derecha no bastarían para lograr los 30 diputados regionales que concederían la mayoría.
La izquierda, en cambio, sí sumaría suficientes escaños para formar un gobierno. El PSOE obtendría entre 17 y 18 asientos en el Parlamento Balear. Reduciría en uno o dos representantes su fuerza parlamentaria, pero conseguiría sumar con Més per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears y Unidas Podemos, que obtendrían cuatro, entre cero y dos y cinco diputados, respectivamente. La izquierda mantiene una tendencia a la baja, pero seguiría siendo suficiente para la continuidad de una mayoría progresista en las islas.
El catalán, otro problema
La cuestión sanitaria es un desafío para toda la geografía española. No hay suficientes médicos para cubrir los servicios de atención primaria. Sin embargo, en Baleares es más problemático: el archipiélago tiene una proporción de 0,6 médicos por cada 1.000 personas asignadas, liderando la escasez de personal sanitario en todo el país.
Ello ha convertido a la sanidad en una cuestión de máxima prioridad electoral para PP y PSOE, máxime cuando Més per Mallorca condicionó que el Gobierno de Baleares exigiera el catalán a los doctores que entren, vía pública, a trabajar después de la última convocatoria de la consejería de Salud, que ofreció 2.300 plazas. Desde el Ejecutivo balear aseguran que, al presentarse 5.956 solicitantes, las vacantes se pueden cubrir sin que el idioma sea un problema.
La convivencia idiomática es otro problema enquistado en la sociedad catalana, si bien tanto PP como PSOE defienden el uso de catalán y castellano en las instituciones públicas, centros de enseñanza y, en general, en el desarrollo de la vida pública. Sin embargo, la actividad de Asamblea Soberanista de Mallorca, Sociedad Civil Balear y Obra Cultural Balear, réplicas de instituciones como Òmnium Cultural en Cataluña, han puesto en guardia a parte de la sociedad civil balear, que teme un procés en el futuro y una ruptura de la convivencia. De hecho, varias de estas asociaciones soberanistas se han marcado como prioridad convencer al Govern para que realice un referendo de autodeterminación en el 2030, aunque los apoyos oscilan entre el 15 y el 30 % a esta causa, según las encuestas.
¿Quién vive ahí?
La vivienda es otro eje central de los comicios. En el 2022, la venta de residencias se disparó un 25 %, siendo un total de 18.000 inmuebles los que se vieron en nuevas manos. El 80 % de ellas, además, eran de segunda mano, por lo que la oferta de nuevos hogares disminuyó y subió los precios. Se hizo más caro residir y obtener propiedades en Baleares.
Los socialistas son conscientes del encarecimiento de la vivienda y piden al Gobierno central que apruebe la ley de vivienda pendiente y que así «se dote a las comunidades de más instrumentos para hacer más políticas efectivas en vivienda». El PP, por su parte, quiere elaborar una ley «que respete la propiedad privada y dé incentivos y seguridad a los propietarios para aumentar la oferta y bajar los precios».
Respecto a la tasa turística, los populares solo cuestionan la poca intervención de los ayuntamientos en el reparto económico, pero los socialistas acentúan que es una medida pionera en España que ha contribuido a la financiación de «proyectos de protección ambiental, rehabilitación del patrimonio o de mejora de las propias infraestructuras turísticas para ser más sostenibles».
