Ocho detenidos por supuestas irregularidades en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria
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Entre ellos hay un funcionario del Servicio de Mantenimiento de Carreteras al que encontraron 400.000 euros en su vivienda
22 feb 2023 . Actualizado a las 20:14 h.La operación conjunta que llevaron a cabo hoy la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras en Cantabria se ha saldado por el momento con al menos ocho detenidos (seis en Cantabria y dos en Madrid), entre los que se encuentra un funcionario de este servicio (M.A.D.), con dilatada experiencia, al que han encontrado en su domicilio 400.000 euros, según informaron fuentes cercanas a la investigación.
Más de 60 agentes participaron en un operativo que está impulsado desde hace un año por la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, y que ha arrancado antes de las seis de la mañana de este miércoles con la realización de varios registros en domicilios y empresas de cuatro municipios (Santander, Piélagos, Torrelavega y Reocín), así como en la sede de la Consejería de Obras Públicas.
Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, la agencia Colpisa ha podido confirmar que los agentes han detenido esta mañana a un jefe del Servicio de Mantenimiento de Carreteras que tenía en su domicilio 400.000 euros. Aunque aún no han trascendido los cargos que se le imputan, sí se sabe que la investigación surge después de que la Agencia Tributaria detectara un importante incremento en el patrimonio de este funcionario, que es ingeniero de caminos. Al parecer, el detenido, que tiene intervenidos los teléfonos, tiró ayer unos papeles a un contenedor que los agentes están recuperando.
Además del registro realizado en el domicilio de este funcionario, los agentes se han personado esta mañana en la sede de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, donde han precintado hasta cuatro despachos de la quinta planta de la sede de la Consejería, que están situados en el ala sur, donde se encuentran diferentes proyectos, memorias y expedientes de contratación. Todo ello a la espera de que se personase una comisión judicial para realizar un registro, que hizo acto de presencia al mediodía.
El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha comparecido a media mañana ante los medios de comunicación para asegurar que «si existe cualquier irregularidad en los contratos nos personaremos como perjudicados. Pero es que no tenemos absolutamente ni idea de la investigación en estos momentos». Respecto al funcionario detenido, ha explicado que esta mañana ha llamado a la Consejería para informar que no iba a a acudir a su puesto de trabajo por «motivos personales». Además, ha detallado que el servicio de mantenimiento de carreteras tiene un centenar de trabajadores y 16 millones de euros de presupuesto anual.
Empresas implicadas
El operativo puesto en marcha por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander también se ha centrado en la inspección de tres empresas cántabras. Una de ellas es Rucecan, una empresa constructora con sede en Torrelavega y fundada en el año 2000, que se dedica a la ejecución de diferentes obras de carácter público. Una docena de agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria se han personado en la sede cerca de las 11.30 horas y unos veinte minutos más tarde, los propietarios de la empresa han abierto la puerta de la sede a los efectivos, algunos de los cuales han accedido con cajas de cartón vacías. En las últimas semanas, la compañía se hizo con varios contratos en diferentes puntos de Cantabria.
La segunda empresa intervenida por los agentes es La Encina (Puente Arce), dedicada a la construcción y mantenimiento de jardines, y la venta al público de todo tipo de productos para el jardín. Y la tercera es Api Movilidad (Polígono de Raos), dedicada a la realización de obras y suministros, así como la conservación y mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o cualquier obra pública o privada.
Reacción del presidente Revilla
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confía en que se esclarezcan las supuestas irregularidades y que «caiga todo el peso de la ley sobre quienes hayan podido cometer un delito», informa Efe. El presidente ha explicado que, como el caso está bajo secreto de sumario, lo único que ha podido hacer el Ejecutivo cántabro es ponerse a disposición de los agentes, ha dicho en declaraciones a RTVE en Cantabria.
«Es lo único que podemos decir. Esperemos que a lo largo de los próximos días nos aclaren de qué se trata. Transparencia máxima y que, si uno o varios se han aprovechado de su cargo de funcionario para hacer un operación delictiva para lucro personal o varios, todo el peso de la ley caiga sobre ellos», ha enfatizado.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia de Revilla ante el Pleno del Parlamento para informar sobre la investigación abierta. Asimismo, ha presentado una interpelación sobre los criterios del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) en relación con esta investigación. En el escrito de la solicitud, al que ha tenido acceso Europa Press, los populares señalan que el registro de la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha generado «sorpresa y preocupación» en la sociedad cántabra.