El Gobierno salva la ley de bienestar animal por un solo voto

Juan Ventura Lado Alvela
j. v. lado REDACCIÓN / LA VOZ

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La senadora Nerea Ahedo (PNV) discute con la ministra Belarra durante le pleno
La senadora Nerea Ahedo (PNV) discute con la ministra Belarra durante le pleno FERNANDO ALVARADO | EFE

La ministra Ione Belarra sitúa a los críticos «del lado de los maltratadores»

16 mar 2023 . Actualizado a las 12:26 h.

El Gobierno consiguió este miércoles en el Senado— por la mínima y con un rosario de críticas a derecha e izquierda— el visto bueno definitivo para la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales y para la modificación del Código Penal que endurece las condenas por maltrato.

Es, en palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de las normativas «con más corazón de toda la legislatura» porque «responde a la sensibilidad de millones de personas» que rechazan el «maltrato, el abandono y la crueldad». Esa mayoría social que entiende que «los animales no son cosas» y que tienen «capacidad de sentir dolor y sufrimiento». De hecho, se atrevió incluso a decir que «quien se opone a esta ley se está colocando del lado de los maltratadores de animales».

Para Belarra la ley, al margen de ser la primera con alcance en todo el Estado y de abrir un nuevo camino en derechos animales, implica dos avances fundamentales: la inclusión de «todos los vertebrados» porque «hasta hoy, aunque parezca increíble, patear o apedrear hasta la muerte a un animal silvestre como un zorro o un jabalí no tenía en España ningún reproche penal». Y la consideración de la «violencia instrumental como agravante, porque sabemos que en los casos de violencia machista los maltratadores utilizan todo lo que está a su alcance para hacer daño a sus víctimas». Además, como destaca la ministra, acaba con «los circos con animales silvestres, las peleas de gallos y prácticas crueles como atar animales a vehículos en marcha». También veta el sacrificio de animales sanos, crea el registro de criadores, y potencia la identificación en todo el territorio y la tenencia responsable, según Belarra, que pidió disculpas después de «haber intentado absolutamente todo para proteger a los perros de caza» y le afeó a los senadores de la oposición que elevasen a la tribuna bulos difundidos por medios de ultraderecha como la despenalización de la zoofilia, las penas de cárcel por matar una rata o la prohibición de tener un hámster en casa.

Frente al vaso medio lleno de la ministra, el PP y Vox —con argumentos ideológicos y pragmáticos— y el PNV y UPN —denunciando la invasión de competencias— defendieron su vetos, que en el caso del PP y en el del PNV acabaron rechazados por un solo voto (132 a favor cuando la mayoría absoluta está en 133). Además del apoyo mutuo, lograron el respaldo de Junts per Catalunya, Vox y varios parlamentarios de los partidos minoritarios de izquierdas. De hecho, ante la falta de representación de Unidas Podemos en el Senado fueron básicamente el PSOE y ERC los que sostuvieron el proyecto legislativo en un debate en el que se mezcló de todo, desde el tope del precio al gas a la ley del «solo sí es sí».

Para la senadora de Vox Yolanda Merelo, «dar derechos a los animales no tiene encaje legal alguno» porque este concepto «se relaciona íntimamente con el de obligación», algo que no se le puede exigir a los animales. A su juicio se trata de «un nuevo intento de ingeniería social por parte de este gobierno» que nada tiene que ver «con nuestra cultura de raíces cristianas» y que solo se entiende «desde la perspectiva de la filosofía animalista de la liberación» que inspira a Podemos.

Alberto Catalán (UPN) expuso que la tramitación de esta ley no solo pone de manifiesto la limitación del Senado como cámara de representación territorial sino que «evidencia una vez más la inutilidad de algunos ministerios» que no han querido escuchar ni a los biólogos, ni a los veterinarios ni a los medioambientalistas. Nerea Ahedo Ceza (PNV) denunció que «esta ley no tiene un pase» y que, además, el Gobierno carece de competencias en la materia, por lo que invade las de las autonomías.

Pedro Rollán Ojeda (PP) apoya la necesidad de una ley en este sentido, pero cree que esta «atenta contra los propietarios, promueve el intrusismo profesional, genera inseguridad jurídica, limita el derecho de las personas e invade competencias de otras administraciones». De ahí el rechazo de los populares a una normativa que ahora tendrá que volver al Congreso con las enmiendas aprobadas en el Senado.

La norma impone atención veterinaria 24 horas en pueblos que carecen de médico de urgencia 

Al margen de los vetos rechazados y de las enmiendas aprobadas —fundamentalmente del PNV y JxCat por asuntos competenciales y para evitar sanciones a personas son hogar que conviven con perros— el debate del Senado ha puesto sobre la mesa numerosas disfunciones y riesgos advertidas por los grupos de la derecha, pero también por socios habituales del Gobierno.

El PP, por ejemplo, pero también otros partidos, criticaron que se le vaya a imponer a ayuntamientos pequeños que ni siquiera tienen médico la obligación de contar con un servicio veterinario de recogida de animales 24 horas, en el que, por encima, no se exigen profesionales debidamente formados.

«Turismo de zoofilia»

La senadora Ruth Goñi (Navarra Suma) puso el acento en que las penas de prisión pueden ser conmutadas por multas y que los abusos sexuales a animales quedarán impunes si no se producen daños que requieran tratamiento veterinario. Carles Mullet (Compromís) fue bastante más allá al afirmar que esto puede alentar «un turismo de zoofilia» y que, según él, en el resto de Europa están «estremecidos» con esta reforma del Código Penal.

Para Adelina Escandell (ERC) «no se entiende que si se habla de derechos y bienestar de los animales, se haga una excepción con los que más violencia y maltrato padecen, como los perros de caza, rescate, de las Fuerzas Armadas, entre otros».

Alberto Gómez Perpiñá (Más Madrid) considera que la ley contiene «errores de bulto» por la «irresponsabilidad» del Gobierno en su conjunto y por la falta de vocación de acuerdo del PSOE.