Recetas de Bruselas para abaratar la luz: más renovables y vender la energía a los vecinos

F. Fernández LA VOZ

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JULIEN WARNAND | EFE

El gas seguirá marcando el precio mayorista de la electricidad, pero la Comisión Europea tratará de reducir su influencia fomentando los contratos de suministro a largo plazo y los intercambios directos de energía entre consumidores

15 mar 2023 . Actualizado a las 12:08 h.

La Comisión Europea ha presentado su propuesta de reforma del diseño del mercado eléctrico, que todavía tendrán que discutir el Europarlamento y el Consejo (los jefes de Estado) antes de su entrada en vigor, algo que llevará meses. El Ejecutivo comunitario no toca el cuestionado sistema marginalista, es decir, el gas seguirá marcando el precio mayorista de la electricidad, pese a que en el último año ha provocado cotizaciones históricas, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania, y a que los consumidores «han visto un incremento significativo en sus facturas energéticas, pese a que el coste de las energías renovables ha disminuido», reconoce la propia Comisión.

El sistema marginalista consiste en que la última tecnología en vender su producción al mercado, siempre la más cara, es la que marca las cotizaciones medias que cobrarán todas las demás. Y así seguirá siendo, pero Bruselas intentará que con su propuesta de reforma la influencia del gas sea menor y que, por ende, los precios se estabilicen. ¿Cómo? Con las siguientes propuestas:

Acuerdos de intercambio de energía renovable entre consumidores

La Comisión quiere potenciar el acceso de todos consumidores, también de los más vulnerables por falta de recursos económicos, a la energía renovable a través de la participación en acuerdos de intercambio de energía. Energía, eso sí, producida en instalaciones de autoconsumo. Bruselas quiere que los ciudadanos tengan la capacidad de vender o regalar electricidad a vecinos, familiares o amigos, alquilar, arrendar o ser copropietario de instalaciones fuera del lugar donde se reside y vender los excedentes a sus vecinos, no solo a su compañía eléctrica. Y que puedan hacer todo esto de forma directa, sin necesidad de crear comunidades energéticas. «Esto permitirá a todos los consumidores interesados, incluso a aquellos que no tienen una azotea o no pueden permitirse invertir en paneles solares, beneficiarse de las energías renovables directamente e independizar sus facturas de la luz del precio del gas».

Contratos a largo plazo y subastas

La medida estrella de la propuesta es el fomento de los contratos de suministro a largo plazo como vía infalible para conseguir precios eléctricos más bajos y a salvo de las impredecibles cotizaciones del gas natural, ahora de nuevo en fase alcista por una huelga en las plantas regasificadoras de Francia. Ese tipo de acuerdos ya existen y, de hecho, buena parte de la energía eléctrica que cada día pasa por el mercado mayorista diario está vendida a plazo y a precios inferiores a los de mercado. Sin embargo, no proliferan este tipo de pactos entre productores y consumidores industriales, y ese es uno de los grandes objetivos de Bruselas para garantizar la competividad de las grandes fábricas. Pero, eso sí, tendrá que tratarse de energía baja emisiones (eólica y solar) la que protagonice ese intercambio comercial, pero también nuclear, cumpliendo así las exigencias de Francia. Para facilitar este tipo de acuerdos, la Comisión insta a los Estados a crear avales públicos para proteger estas operaciones de los riesgos financieros que entrañan para las empresas. En España ya funciona algo parecido, el Fondo de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, dotado con 200 millones de euros anuales, creado al amparo del estatuto del consumidor electrointensivo, y que tiene el objetivo precisamente de avalar la suscripción de ese tipo de contratos.

La reforma del mercado propuesta por Bruselas incluye también el fomento de otro tipo de contratos a largo plazo, pero, a diferencia de los anteriores, de índole privada entre productor y consumidor, esos serán entre el Estado y los generadores. Se trata de los denominados contratos por diferencias. Es decir, subastas de energía renovable, un instrumento que también existe al menos en España, pero que la Comisión quiere que prolifere aún más. Se trata de un acuerdo a largo plazo, en el que el Estado se comprar la energía a un promotor, que a su vez obtiene financiación para llevar a cabo nuevas inversiones. 

Precios regulados minoristas para hogares y pymes

La propuesta de la Comisión proporciona mayor protección para todos los consumidores y especialmente para los más vulnerables. Así, además de mantener un marco regulatorio especial de protección a los consumidores más vulnerables, como el bono social en España, también permitirá extender la implantación de precios minoristas regulados para hogares y pequeñas y medianas empresas en caso de crisis. Regulado es el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que actualmente tienen contratado en España en torno a ocho millones de hogares. Regulado porque es el Gobierno el que impone las condiciones para su comercialización, así como el margen de beneficio que pueden llevarse las compañías. Sin embargo, el precio del coste de la energía que pagan esos clientes no está establecido por el Estado, sino que está indexado directamente a la evolución del mercado mayorista de electricidad. Por eso, estos clientes fueron los más expuestos a los fuertes incrementos de precios experimentados durante todo el año pasado. El Gobierno ha iniciado una reforma de ese PVPC para darle mayor estabilidad a esa tarifa.

Además, la reforma del mercado propuesta por la Comisión quiere exigir a las comercializadoras de electricidad más esfuerzos para protegerse contra los altos precios recurriendo a los contratos a plazo con los generadores (fijando precios futuros). También introduce el derecho del consumidor a elegir entre precios fijos y variables e incluso disponer de contratos a medida que combinen ambas opciones para usar cada una de ellas según sus necesidades, así como acceso a información precontractual más clara. «Esta elección más amplia permitirá a los consumidores, si lo desean, bloquear precios seguros a largo plazo para estar protegidos frente a choques de precios repentinos. Al mismo tiempo, serán capaz de beneficiarse de la variabilidad de los precios para usar la electricidad cuando es más barata, como para cargar la electricidad vehículos o utilizar bombas de calor», aclara la Comisión.

No a fijar precios regulados para nuclear e hidráulica

La propuesta de Bruselas acepta en parte el contenido del plan de reforma remitido por el Gobierno español. Incorpora el fomento de los contratos a largo plazo y las subastas, pero no acepta la opción de introducir precios regulados para las tecnologías nuclear e hidráulica que proponía España. De ese modo, el Ejecutivo pretendía que esas tecnologías no recibiesen beneficios extraordinarios en el mercado, derivados de la aplicación del sistema marginalista.

La patronal eléctrica española, satisfecha

La patronal de las empresas eléctricas en España, Aelec, que reúne a las principales compañías del sector, salvo Naturgy, se mostró satisfecha con la propuesta de reforma realizada por Bruselas, sobre todo porque no incluye «medidas de intervención estructurales ni de carácter retroactivo, que hubieran afectado de forma negativa a la cohesión del mercado único europeo, erosionando la confianza de los inversores y poniendo en riesgo la transición energética y el avance a una mayor autonomía energética en Europa». Aelec rechaza el plan español de establecer precios para las tecnologías nuclear e hidráulica, pues consideraba que se trataba de una intervención estatal del mercado.

Por su parte, la Asociación Europea del Acero (Eurofer) pidió una reforma «más profunda» del mercado eléctrico. El sector teme que los grandes consumidores industriales no puedan acceder a «grandes cantidades de electricidad renovable y baja en carbono necesarias para su descarbonización en los próximos años». La patronal considera que «la reforma debe esforzarse por garantizar precios asequibles en los mercados de electricidad a corto plazo, mejorar el acceso a contratos a largo plazo y pidió que el diseño del mercado eléctrico permita «tarifas eléctricas reguladas para industrias con un uso intensivo de energía, o exenciones y derogaciones de gravámenes e impuestos».

Energía solar en edificios nuevos en el 2028

El pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes un proyecto para que todos los edificios de nueva construcción estén equipados con instalaciones solares para el 2028, cuando sea técnicamente adecuado y económicamente factible, mientras que los inmuebles residenciales en proceso de renovación importante tienen hasta el 2032.

La propuesta de la Eurocámara fue respaldada por 343 votos a favor, 216 en contra y 78 abstenciones, mientras que los eurodiputados deberán iniciar ahora negociaciones con el Consejo para acordar la forma final del proyecto de ley.

Los edificios residenciales tendrían que alcanzar, como mínimo, la clase de rendimiento energético E para el 2030 y D para el 2033, en una escala que va de la A a la G, esta última correspondiente al 15 % de los inmuebles con peor rendimiento del parque nacional de un país miembro.

Por su lado, los edificios públicos y no residenciales deberán alcanzar las mismas calificaciones para el 2027 y el 2030, respectivamente.

La mejora en el rendimiento energético, mediante trabajos de aislamiento o mejora en el sistema de calefacción, tendrá lugar cuando se vende un edificio o se somete a una renovación importante o, si se alquila, cuando se firma un nuevo contrato. Los Estados miembros establecerán las medidas necesarias para lograr estos objetivos en sus planes nacionales de renovación y podrán decidir excluir de la normativa los edificios protegidos por su especial valor arquitectónico o histórico, las iglesias y los lugares de culto.