Ascienden a 42 los detenidos por la trama de corrupción en la petrolera estatal venezolana
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El fiscal general evita dar los nombres de los 15 nuevos arrestados dentro de la operación Caiga Quien Caiga
03 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El número de detenidos en Venezuela dentro de la operación Caiga Quien Caiga asciende ya a 42 personas, tras los quince nuevos arrestos efectuados este fin de semana por su presunta vinculación al mayor escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El fiscal general, Tarek William Saab, cargo designado por el régimen de Nicolás Maduro, informó este domingo de las nuevas detenciones, que se unen a los 27 precedentes, pero sin dar nombres.
La lista de detenidos no incluye a Tareck el Aissami, exministro de Petróleo y uno de los máximos jerarcas del chavismo, que el pasado 20 de marzo renunció a su cargo en medio del desfalco de más de 3.000 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según las cifras suministradas por el propio Maduro y el fiscal Saab. Desde la disidencia del chavismo se informa, no obstante, que el exministro de Petróleo se encuentra en una residencia de Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, pero no detenido, al menos por el momento. Todas las detenciones ocurridas en las últimas dos semanas son de personas vinculadas, en mayor o menor medida, al exministro El Aissami y ligadas al caso de corrupción.
Hasta ahora, la Fiscalía General solo ha informado de la imputación de los primeros diecinueve detenidos bajos los cargos de corrupción, lavado de dinero, asociación para delinquir, blanqueo de capitales y traición a la patria.
Este fin de semana, miembros de la Policía Nacional Anticorrupción y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) realizaron registros en viviendas y oficinas en Barquisimeto, localidad del centro del país y situada a unos 500 kilómetros de Caracas. Según fuentes extraoficiales, en el aeropuerto de esta ciudad se incautaron cinco avionetas de empresarios vinculados al régimen de Maduro.
Mientras, en la ciudad andina de Mérida, de la que es originario el exministro Tareck el Aissami, también se informó extraoficialmente del allanamiento el viernes de una residencia de su hermano, Fares el Aissami, y la incautación de varios objetos, entre ellos ordenadores. El registro, según habitantes de la zona, duró ocho horas y fue realizada por el Sebin. En este caso tampoco se informó de detenidos.
Cierre de una causa
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia anunció el cierre de la causa contra Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, matrimonio detenido en el 2020 tras denunciar la corrupción en PDVSA, después de que la Fiscalía retirará la acusación contra la pareja de «suministrar información a la CIA». Este es un caso tan flagrantemente viciado que durante años fue presentado por las oenegés de derechos humanos como una muestra de los problemas del sistema judicial venezolano. La liberación de Aryenis y Alfredo se considera ahora un reconocimiento de cómo se taparon los problemas de PDVSA al más alto nivel.
Recursos denegados
Este domingo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, desestimó los recursos presentados por el Gobierno venezolano contra la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad por la represión y persecución de las protestas de la oposición desde el 2017. El recurso con más relevancia directa sobre el proceso es el que cuestiona las competencias del CPI porque sostiene que las autoridades venezolanas ya están investigando los hechos denunciados.
«El Gobierno de Venezuela no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones a nivel nacional que sean asimilables en alcance a las que está realizando el tribunal», señala Khan en un documento oficial.
Añade que «el planteamiento del Gobierno de Venezuela de que no ha habido un ataque sistemático contra la población civil y de que no se han cometido crímenes bajo una política de Estado no es congruente con las conclusiones de la Fiscalía». Khan considera que ninguna de las peticiones de Caracas tienen fundamento.