Yolanda Díaz, ADN dialogante para la izquierda a la izquierda del PSOE

La Voz REDACCIÓN

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su intervención en la moción de censura.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su intervención en la moción de censura. EDUARDO PARRA | EUROPA PRESS

Hija del histórico sindicalista Suso Díaz y curtida en la escena municipal, la vicepresidenta y ministra de Trabajo intenta convertir su plataforma Sumar en un referente nacional tras quemar en Galicia proyectos como AGE o En Marea

02 abr 2023 . Actualizado a las 12:20 h.

Abogada. Galega. Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social. Un proyecto de país para la próxima década con Sumar». Así se presenta en Twitter Yolanda Díaz (Fene, 1971), la dirigente gallega de la izquierda a la izquierda del PSOE que este fin de semana presenta en el icónico pabellón Magariños su plataforma Sumar.

Licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago, ejerció como abogada laboralista en Compostela antes de pasar a la política. Hija del histórico líder de Comisiones Obreras en Galicia Suso Díaz, su vinculación con el Partido Comunista de España (PCE), al que sigue afiliada hoy en día, la llevó a encabezar la lista de Esquerda Unida en Ferrol en las elecciones municipales del 2003. Desde entonces, ha permanecido durante veinte años ocupando diferentes cargos institucionales. Se hizo así con un acta de concejala en el Concello de Ferrol. Allí fue teniente de alcalde de un gobierno del PSOE con EU, con el socialista Vicente Irisarri como alcalde, alianza que duró desde el verano del 2007 hasta octubre del 2008, cuando este primer experimento de coalición en el que participaba Díaz saltó por los aires.

En el 2005, tras asumir el cargo de coordinadora nacional de Esquerda Unida -la federación de IU en Galicia-, puesto que conservó hasta el 2017, fue candidata a la presidencia de la Xunta, pero ni siquiera logró obtener escaño en el Parlamento gallego.

Fue de nuevo la candidata de EU a la presidencia de la Xunta en el 2009, pero volvió a fracasar. Surgió entonces su inesperada alianza con el histórico líder nacionalista y fundador del Bloque Xosé Manuel Beiras en la denominada Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), bajo cuyas siglas se presentó a la cita autonómica del 2012. Fue aquella una de las primeras confluencias de izquierdas que nacieron en España desde la formación, a finales de los ochenta, de Izquierda Unida.

De la mano de AGE logró por primera vez escaño en O Hórreo y ejerció de portavoz adjunta del grupo hasta que, en diciembre del 2015, Podemos, Anova y Esquerda Unida forjaron la marca En Marea para dar el salto al Congreso de los Diputados.

Amistad y ruptura con Beiras e Iglesias

Precisamente para aquella campaña de las autonómicas del 2012 Díaz fichó como asesor al todavía desconocido Pablo Iglesias, que entonces era su amigo. Como en el caso de Xosé Manuel Beiras, las fricciones políticas con Iglesias derivaron en una abrupta ruptura de esa amistad y, hoy en día, Iglesias es el principal crítico de la dirigente a la que él mismo nombró a dedo su sucesora tanto en el Gobierno de coalición con el PSOE como al frente de una futura candidatura de Unidas Podemos.

Tras conseguir en el 2015 escaño en el Congreso de los Diputados como número uno de En Marea por A Coruña, pronto se convirtió en una de las piezas clave del grupo parlamentario, por su relación de máxima confianza con Pablo Iglesias y por ser una de las diputadas con más experiencia en algunos temas de importante calado, como Empleo e Industria -los periodistas parlamentarios la reconocieron como parlamentaria más activa en el 2018-.

Protagonizó uno de los momentos más polémicos de la XII Legislatura, cuando muchos grupos políticos la señalaron como responsable de «dinamitar» el Pacto de Toledo sobre las pensiones al poco de convocarse elecciones, desmarcándose de muchas de las recomendaciones contempladas, lo que precipitó la ruptura de unas negociaciones muy avanzadas en aquel momento.

Díaz se labró durante esa legislatura un perfil de firme defensora de la rebaja en la edad de jubilación, la revalorización de las pensiones como mínimo conforme al IPC y la reversión de todo recorte en materia laboral y de pensiones aprobado por parte de los Gobiernos de Mariano Rajoy, pero también por parte del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Imputada por una protesta

También protagonizó entonces buena parte de los debates industriales en la Cámara Baja, destacando aquellos relacionados con Alcoa. Precisamente, Díaz fue imputada por su participación en una protesta frente al Congreso junto a trabajadores de esta compañía, investigación que finalmente fue archivada tras denunciar Unidas Podemos a la jueza, que insistió en imputarla a ella y a otros compañeros diputados pese a su condición de aforados.

Díaz fue entonces muy crítica con lo que consideraba una falta de política industrial de los últimos Gobiernos de Zapatero y Rajoy, reclamando un papel más activo del sector público para evitar las deslocalizaciones, mejorar mecanismos de ayuda como la interrumpibilidad, fomentar este sector y fiscalizar los precios de la energía.

Ministra de Trabajo

Tras las elecciones de abril del 2019 y la repetición de noviembre, llegó el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Dada su cercanía de entonces a Pablo Iglesias y sus excelentes relaciones con el ámbito sindical, a nadie sorprendió que en el reparto de cromos del Ejecutivo, Pedro Sánchez le encargase dirigir el área de Trabajo.

Díaz llegó al Gobierno con la misión de derogar la reforma laboral del 2012 -que finalmente solo consiguió retocar en algunos aspectos y esto in extremis gracias al voto erróneo del entonces diputado del PP Alberto Casero-, para combatir la precariedad laboral y para adaptar el Estatuto de los Trabajadores al siglo XXI, pero se tropezó con una pandemia que la obligó a cambiar las prioridades de su departamento, centrado desde ese momento en la implementación de los los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para salvar el impacto económico de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial.

Nada más comenzar el confinamiento por el covid-19, cerró el acuerdo para aplicar condiciones especiales a los ERTE, vinculándolos al estado de alarma. De aquellas primeras semanas se recordarán las dificultades que tuvo para explicar cómo funcionaban los ERTE en la primera rueda de prensa tras el estallido de la pandemia, en la que terminó recurriendo al humor para decir que «en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTE».

Esta estructura de protección, que llegó a amparar a 3,5 millones de trabajadores, fue extendida por un acuerdo de diálogo social en tres ocasiones más. A estos acuerdos se sumaron otros, como el que sentó las bases para el teletrabajo, en septiembre del 2020, o el pacto sobre las condiciones laborales de los riders, en el que tras más de medio año de negociaciones consiguió aunar las posturas de los sindicatos y la patronal.

«El ADN de este Gobierno se llama diálogo social», defendió siempre cuando los sindicatos le propusieron sacar adelante modificaciones legislativas sin acuerdo para tratar de evitar que la patronal pueda ejercer «derecho de veto». Precisamente esos plantes de los empresarios llevaron a Díaz a aprobar sin consenso los reglamentos de igualdad retributiva entre hombres y mujeres y de los planes de igualdad, o la más reciente subida del salario mínimo.

Con los acuerdos con patronal y sindicatos por bandera, fue ganando peso dentro y fuera del Gobierno con una fortalecida imagen pública de política moderada y dialogante, férrea defensora del trabajador y de la igualdad entre mujeres y hombres. Logró incluir en numerosos acuerdos a la CEOE hasta que las presiones políticas a la patronal alejaron a su presidente, Antonio Garamendi, de una línea pactista que se rompió definitivamente con la última subida del salario mínimo.

Vicepresidenta y candidata

Cuando Pablo Iglesias se estrelló en las urnas en las elecciones autonómicas del 2021 en la Comunidad de Madrid, el entonces vicepresidente abandonó primero el Gobierno de coalición, para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso por el despacho de la Puerta del Sol, y, una vez consumado su fracaso, renunció a su cargo como secretario general de Podemos. Ascendió entonces Díaz a vicepresidenta segunda del Gobierno, solo por detrás del propio Sánchez y de Nadia Calviño en el organigrama, e Iglesias, entonces su gran defensor, la nombró también su sucesora como líder del espacio a la izquierda del PSOE y futura candidata. «Puede ser la próxima presidenta del Gobierno», auguraba hace solo dos años quien hoy es su más feroz crítico por la colisión de intereses entre la plataforma Sumar y Unidas Podemos, ahora en manos de Ione Belarra e Irene Montero.

En la reciente moción de censura de Vox encabezada por el economista de 89 años Ramón Tamames, Pedro Sánchez concedió a Yolanda Díaz un inusual protagonismo. La vicepresidenta subió a la tribuna después del jefe del Ejecutivo para rebatir los argumentos de Tamames y de Vox con un discurso muy amplio que sonó más a presentación de su plataforma Sumar en el Congreso que a réplica parlamentaria. La imagen forjada por Sánchez y Díaz durante la moción fue la de un tícket a la americana, con un candidato a presidente y una candidata a la vicepresidencia del Gobierno, lo que desató aún más las iras de Podemos contra la ministra.