La ministra de Justicia tendrá que pronunciarse en el Congreso sobre la reforma de la malversación de la UE
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El portavoz popular en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, ha sido quien ha registrado esta pregunta
08 may 2023 . Actualizado a las 09:54 h.El PP quiere que la ministra de Justicia, Pilar Llop, aclare este miércoles en el pleno del Congreso si el Gobierno acometerá una nueva reforma del delito de malversación siguiendo la idea lanzada por Bruselas o desoirá la propuesta comunitaria. El portavoz popular en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, ha sido quien ha registrado esta pregunta dirigida a la titular del ramo, según recoge Europa Press.
La Comisión Europea ha planteado una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la UE, una propuesta que, de convertirse finalmente en directiva comunitaria, obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación, tras la modificación acometida en virtud de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC y que ha rebajado las penas para ciertos casos donde no exista ánimo de lucro.
En vigor desde enero
Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de dos a doce años de cárcel y de seis a veinte de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».
La reforma del Código Penal añadió dos nuevos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de uno a cuatro años.
Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», sancionado con entre de uno a cuatro años de cárcel y de dos a seis de inhabilitación.
En el PP interpretan que la propuesta de la UE deja claro que el Gobierno mintió cuando argumentó que el objetivo de la última reforma de la malversación era homologar la legislación española con la comunitaria. Ahora el líder popular, Alberto Núñez Feijoo, ha ofrecido los votos de su partido para cambiar el Código Penal en la línea propuesta por Bruselas y ha avanzado que, si el PSOE no acepta, lo cambiará él cuando llegue a la Moncloa.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que la propuesta de la Comisión Europea persigue el mismo objetivo con el que se reformó este delito en diciembre. Según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, España es un país «cumplidor» y colaborará también en esta ocasión con la UE.