El ministerio público reprocha a Puigdemont que lleve cinco años eludiendo a la Justicia
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Acusa al expresidente de la Generalitat de usar artimañas
09 jun 2023 . Actualizado a las 08:05 h.La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusaron ayer al expresidente catalán Carles Puigdemont de emplear «artimañas» para «liar y empantanar» su procedimiento judicial en España, «un abuso de derecho y un fraude procesal» tras estar «cinco años desaparecido, eludiendo la acción de la Justicia», según el fiscal Javier Zaragoza. El representante del ministerio público se manifestó así en la vista en el Tribunal Supremo para resolver los recursos de apelación de Puigdemont y de los exconsejeros Antonio Comín y Lluis Puig contra la decisión de mantener su procesamiento por malversación y desobediencia —Clara Ponsatí, solo por el segundo— acordada por el magistrado Pablo Llarena, tras la reforma del Código Penal.
La defensa del expresidente pidió que se anulen las órdenes nacionales de detención y se revoque el procesamiento de Puigdemont y de los exconsejeros para «que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo» porque «ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable». En su opinión, el auto de procesamiento quedó obsoleto debido al «transcurso del tiempo y algunos hechos» tales como la sentencia del procés y la reforma penal que deroga la sedición y modifica el delito de malversación, que ha situado este procedimiento en «un escenario de embrollo procesal».
«Es el momento de reordenar esto», dijo el abogado Gonzalo Boye, que, en caso de que se esto suceda, entiende que se vuelva a pedir el suplicatorio. «Soy perfectamente consciente de que no es grato para esta sala que mis defendidos se paseen por Europa», arguyó.
Pero la Fiscalía respondió que lo único que pretenden los rebeldes es «liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas» en los tribunales cuando «todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía ni de la Abogacía, fue obra de los recurrentes». Y todo esto «cuando desde hace cinco años han desaparecido» y «solo están a disposición de la Justicia para aquello que los beneficia», es decir, «para recurrirlo todo», siendo «la única vez en la historia que un rebelde ha podido ejercer todos los derechos y no ha adquirido ninguna carga ni ninguna obligación».
En la misma línea, la abogada del Estado Rosa Seoane respondió a Boye que han ocurrido tantas cosas porque «después de cinco años del auto de procesamiento no se han sometido a la Justicia» lo que ha provocado que el proceso esté congelado desde el 2018. Por eso rechazó también el planteamiento de la defensa de Puigdemont dejando claro que será en los escritos de acusación donde se concrete y valore la tipicidad de los hechos. Vox, por su parte, discrepó de la decisión de Llarena de no tipificar los hechos en el nuevo delito de desordenes públicos agravados.