Piden tres años de cárcel para Bárbara Rey por alzamiento de bienes
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El juicio, que se iba a se celebrar el lunes, ha quedado aplazado porque uno de los acusados se encuentra en paradero desconocido. Una hermana de la intérprete y sus hijos Sofía y Ángel también se sentarán en el banquillo
17 jun 2023 . Actualizado a las 08:34 h.La Fiscalía de Madrid solicita tres años de prisión para María Margarita García García, conocida como Bárbara Rey, por un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar «una situación de indefensión económica», lo que le imposibilitaba satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros.
En el banquillo se sentarán también sus hijos Sofía y Ángel una hermana de la actriz y otros tres acusados, para los que se piden dos años y medio de prisión. Que uno de estos tres últimos investigados se encuentre en paradero conocido ha provocado que el juicio, que estaba previsto para el próximo lunes, haya quedado aplazado.
El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que Bárbara Rey llevó a cabo operaciones, en las también intervinieron los demás acusados, para simular una situación de imposibilidad de satisfacer los 143.902 euros que le reclamaba la Agencia Tributaria.
Los hechos en que se basa el escrito de acusación se remontan al 10 mayo de 2011 cuando la AEAT comenzó una inspección a M. G. G. en relación al pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los periodos fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.
Así, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.
Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a la acusada en fecha 8 de agosto de 2013.
A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de la AEAT, la acusada, «con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT», se puso en contacto con varios familiares para actuar en «connivencia» a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial «que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas, haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares».
La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras personas con la finalidad de provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada «que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no ser habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados». A fecha de 19 de diciembre del 2017existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24