Portugal abre la puerta a revisar su posición ante las drogas sintéticas

Entre la llegada de la democracia y finales de los 90, las drogas llevaron a Portugal a una situación límite, con un aumento imparable de muertes, enfermedades infecciosas y encarcelamientos por posesión y tráfico. La regulación draconiana no conseguía avances y, con la entrada del nuevo siglo, se comprendió que la solución pasaba por un nuevo enfoque del problema y se despenalizó los casos de aquellos que portasen hasta diez dosis de una droga para consumo propio; es decir, aunque la posesión sigue siendo punible, no se procesa como un delito en los juzgados.

Así, los adictos pasaban de ser delincuentes a enfermos, una sensibilidad que se reflejó en programas de prevención y ayuda, encabezados por las llamadas comisiones para la disuasión de la toxicodependencia, donde se analizan los casos de los detenidos. Tras una etapa de recortes, vienen de abrirse recientemente algunas salas para consumo vigilado y algunas de ellas, como la del barrio da Pasteleira en Oporto, superan ya con creces la demanda esperada.

Desde el 2000, la ley no fue actualizada y ahora Portugal busca perfeccionar su enfoque del problema, algo con lo que todos los partidos, menos la ultraderecha del Chega, mostraron su aquiescencia. La intención es «proteger a los consumidores y apretar la red sobre los narcotraficantes», según dijo al diario Público la autora de la iniciativa, la socialdemócrata Sara Madruga. Su objetivo es «armonizar el régimen aplicable a las nuevas sustancias con el de las drogas clásicas, pasando también a aplicarse a las nuevas sustancias psicoactivas (drogas sintéticas) la distinción entre consumidor y traficante».

De ahí parte también la propuesta socialista, que va un paso más allá: acepta la armonización de drogas clásicas y sintéticas y propone despenalizar la posesión de droga para consumo, independientemente de la cantidad encontrada, que ahora se sitúa en diez dosis. «El tráfico es un delito; el consumo, no», dicen desde las filas socialistas, que también plantean marcar plazos regulares para actualizar la normativa.

Consumidores y traficantes

La clave, como entonces, es perfeccionar la distinción entre consumidores y traficantes. En vez de ceñirse a la mencionada cantidad de diez dosis, sugieren que las referencias sean «actualizadas, siempre que sea posible, cada seis meses, o después de que los datos de evolución científica o los indicadores de los consumos revelen una necesidad de intervención». El hecho es que desde el 2009 ha crecido el número de condenados por delito de consumo, lo que contradice el espíritu flexible de la norma vigente.

Los autores de la propuesta sostienen que, ante todo, quieren evitar una interpretación tan rígida como se viene aplicando hasta la fecha; es decir, no ser tan estrictos con la cantidad incautada y comprender quién posee drogas para consumo propio y quién las lleva para la venta.

Desde el Gobierno, el ministro de Salud, Manuel Pizarro, también expresó la necesidad de rigor para «distinguir a quienes son consumidores de quienes son traficantes», pero pidió «mucha precaución» en la elaboración del texto, cuya aplicación puede ser más compleja de lo que parece: la medida exigirá compenetración de su cartera con Justicia y Administración Interna.

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