Condenan a 16 años de cárcel a seis dirigentes sindicales venezolanos acusados de conspiración
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Los dirigentes laborales del sector público fueron detenidos el año pasado por alentar protestas en empresas del Estado
04 ago 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Una sentencia «exprés» para seis dirigentes sindicales venezolanos ha vuelto a levantar las alarmas de activistas de derechos humanos en relación con el régimen de Nicolás Maduro.
Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron condenados a 16 años de prisión por «conspiración» y «asociación para delinquir», en un juicio en el que las únicas pruebas fueron «capturas de pantalla de WhatsApp», según ha denunciado la oenegé Provea, que ha calificado la sentencia de «brutal».
Los seis condenados, que fueron detenidos hace 13 meses, tienen tres cosas en común: todos han sido dirigentes sindicales de empresas del Estado, militan o han militado en el partido Bandera Roja, opositor al chavismo desde la extrema izquierda; y, además, promovían protestas por derechos salariales en el momento de sus detenciones, destacó otra oenegé, Acceso a la Justicia.
El caso ha llegado a la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, ha señalado que «luchar por los derechos humanos no es un crimen». Venezuela se retiró de la OEA en 2013.
«La condena de 16 años a seis líderes sindicales por exigir reivindicaciones demuestra que lo que se está buscando es acallar las protestas sociales que campean por todo el país, exigiendo mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. El salario en Venezuela, sobre todo el salario mínimo (unos 16 dólares mensuales al tipo de cambio actual) es una burla contra la dignidad humana, y como no se están tomando las medidas al respecto, lo que se busca es acallar la protesta», señaló Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Agregó que el proceso «fue viciado, no hubo pruebas, la condena no está basada en ningún elemento fáctico que la justifique, lo único que hay son unas capturas de teléfonos que no dicen absolutamente nada (...) y un testimonio de alguien que nunca compareció al juicio».
«Una vez más comprobamos que en este Gobierno se criminaliza la protesta», señaló Dianett Blanco, esposa de Gabriel Blanco. «La jueza solo ha recibido órdenes (...) ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, y a seis familias, a que sus hijos crezcan sin padres».
Por su parte, la Plataforma Unitaria, que agrupa a los partidos de la oposición (la mayoría de ellos ilegalizados o con autoridades formales impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia) ha condenado «esta nueva violación de los derechos humanos (...) la condena a 16 años, en un juicio plagado de vicios procesales, a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos». La mayoría de los precandidatos opositores se han solidarizado también con los condenados.
Según Acceso a la Justicia, en los 24 años de la revolución bolivariana, más de 150 dirigentes sindicales, en especial del sector público, han sido judicialmente procesados.