Manuel Murillo,  artífice de la sentencia contra los asesinos de Carmelo Soria: «Encontramos dificultades con algunos jefes de la Audiencia Nacional»

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

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El abogado y expolítico socialista Manuel Murillo, en una imagen de archivo del 2009.
El abogado y expolítico socialista Manuel Murillo, en una imagen de archivo del 2009. EDUARDO PEREZ

Una querella evitó la prescripción del asesinato en Chile de Carmelo Soria, del que tras 47 años hay una sentencia firme en la Corte Suprema del país a doce responsables de su asesinato

30 ago 2023 . Actualizado a las 13:10 h.

El pasado 22 de agosto Manuel Murillo (Zalamea de la Serena, Badajoz, 1936) recibió una llamada que la alegró el día. Retirado en Galicia desde hace algunos años, al otro lado del teléfono se encontraba su compañero Joan Garcés, el abogado que lideró un equipo de juristas en el caso Pinochet y sus múltiples afluentes. Entre ellos, el juicio por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en Chile, dio alas al caso a nivel internacional. El Tribunal Supremo del país sudamericano condenó a seis exagentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen de Pinochet, y a otras seis personas vinculadas a la dictadura. Garcés le mandó a Murillo un desglose de la sentencia en firme en la que ellos pusieron su granito de arena. «El asesinato no ha quedado impune. La historia ha sido justa», afirma orgulloso Murillo, que ejerció como secretario general del PSOE histórico en 1976. Cerró su paréntesis político tras perder las primarias contra Felipe González.

A Soria le arrebataron la vida en julio del 1976. La DINA lo secuestró, lo torturó y le dio muerte. Como tapadera, lanzaron por un precipicio su vehículo con el cadáver en su interior. «También le inyectaron alcohol para simular un accidente o algo parecido. Fue horrible», recuerda Murillo. Carmelo Soria era diplomático de la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo dependiente de Naciones Unidas. La ONU tardó poco en descubrir la verdad. El supuesto accidente de tráfico se saldó con múltiples incongruencias.

El 4 de julio de 1996, Garcés y su equipo se querellaron, en nombre de las víctimas del régimen de Pinochet, en la Audiencia Nacional. Esta acción evitó la prescripción del caso. «Se estuvo 17 años casi sin poder hacer nada, hasta su familia tenía miedo», recuerda Murillo. Ese mismo día, el fiscal de Valencia Miguel Miravet presentó la denuncia en el juzgado de guardia. De unos primeros años de optimismo se pasó a una cautela justificada en enero de 1997, cuando Eduardo Fungairiño llegó al cargo de fiscal jefe del alto tribunal. «Nos encontramos con muchas dificultades con algunos jefes de la Audiencia Nacional», asegura.

Detención de Pinochet

«El pájaro está en el nido». Así le contaron que Pinochet había sido detenido en Londres, fruto de una orden de detención decretada por el juez Baltasar Garzón. Una acción por la que lucharon Garcés y Murillo. «Lo metieron en la cárcel, pero Margaret Thatcher lo sacó. Se fue a Chile en un avión de una aerolínea chilena», lamenta el jurista. También participó en el caso Riggs, que juzgó al banco homónimo por blanquear dinero del dictador. «Conseguimos millones de dólares que le entregamos al obispo de Santiago de Chile para que lo repartiera entre las víctimas», rememora.

Tras la muerte de Pinochet en el 2006, Murillo afirma que le encomendaron a abogados chilenos seguir con un pleito que, 47 años después de la muerte de Soria, tiene por fin una sentencia en firme. «Al final fue imposible juzgarlos en España. Fueron procesados donde cometieron el delito. La justicia a veces tarda, pero llega. Garcés y yo llevamos trabajando juntos 30 años», asegura el jurista residente en Galicia. La sentencia es el eco de los años de dedicación al caso de la familia de Soria, de manifestantes que lucharon por internacionalizar el caso y de un elenco de juristas, entre los que permanece el sello de Manuel Murillo.