Puigdemont exige una amnistía antes de sentarse a negociar la investidura

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El Gobierno ve más fácil llegar a un acuerdo tras las palabras del líder de Junts

05 sep 2023 . Actualizado a las 23:17 h.

Amnistía inmediata para todos los implicados en el procés desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014; abandono de la vía judicial por encargo del Gobierno a la Fiscalía y la Abogacía del Estado y designación de un mediador internacional para la verificación de los acuerdos. Esas son parte de las exigencias previas del expresidente catalán, Carles Puigdemont, para sentarse a negociar con Pedro Sánchez o con Alberto Núñez Feijoo el apoyo de Junts a su investidura.

El expresidente catalán expuso desde Bruselas sus condiciones para negociar un acuerdo que incluya un referendo de autodeterminación. Puigdemont dejó claro además que nada de esto implica que él y su partido renuncien a la vía unilateral.

Un momento «especial»

«Estamos en un momento especial. En unos días el Parlamento español empezará los tramites y no parece que el candidato de la derecha tenga apoyos ni para la primera ni en la segunda ronda y tampoco el presidente y sus socios» dijo Puigdemont para resaltar que el voto de los siete diputados de Junts es clave. Elevó la presión al asegurar que no hay más salida que un pacto con Junts o una repetición de los comicios.

«Estén preparados para que haya elecciones, pero también para una negociación que puede culminar con un acuerdo histórico. La pregunta no es si estamos nosotros listos para negociar, sino si lo están los dos», en referencia al PSOE y el PP.

Pese a ese discurso, el Gobierno considera que la investidura de Sánchez es viable y se muestra seguro de alcanzar un pacto con Puigdemont. El hecho de que el dirigente catalán no exigiera entre sus demandas previas la celebración de un refrendo de autodeterminación, que era lo más temido en la Moncloa, hace que se vea más posible alcanzar un acuerdo sobre la amnistía o un artefacto legal semejante, antes de que transcurra el tiempo de dos meses tras la investidura previsiblemente fallida de Alberto Núñez Feijoo. En el Gobierno trabajan ya desde hace tiempo con esa hipótesis aunque su discurso público dista mucho expresar ese optimismo respecto al acuerdo con Junts, indispensable para que Sánchez sea presidente.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que las posiciones políticas de Puigdemont «están en las antípodas» de las que defiende el Ejecutivo. «No separa un mundo de esas posiciones, están en las antípodas», recalcó. Según Rodríguez, el planteamiento de Sánchez para ser reelegido pasa por «el diálogo, un marco que es la Constitución y un objetivo que es la convivencia».

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que las posiciones políticas de Puigdemont «están en las antípodas» de las que defiende el Ejecutivo. «No separa un mundo de esas posiciones, están en las antípodas», recalcó. Según Rodríguez, el planteamiento de Sánchez para ser reelegido pasa por «el diálogo, un marco que es la Constitución y un objetivo que es la convivencia».

El líder catalán dice que un referendo pactado sustituiría al 1-O

Carles Puigdemont dejó detalles durante su comparecencia que permiten esbozar un plan concreto por parte del expresidente catalán, prófugo de la Justicia española. Exigió como condición previa el «reconocimiento democrático» del independentismo, lo que supondría que Pedro Sánchez le habilitara a él mismo como interlocutor. Respecto al referendo de autodeterminación, se mostró sin embargo menos exigente de lo que lo ha sido en otras ocasiones, al admitir un posible acuerdo con el Gobierno sobre esta cuestión. «Solo un referendo acordado podría sustituir al 1-O», dijo, en referencia a la consulta ilegal del 1 de octubre del 2017. Pese a todo, Puigdemont sigue considerando legítima aquella votación y el resultado, que para los independentistas es un mandato para conseguir la independencia.

Con las elecciones catalanas en el punto de vista, Puigdemont trató de marcar distancias con ERC al asegurar que no renuncia a la unilateralidad. Pero el presidente catalán tendrá problemas para explicar a los sectores más radicales del independentismo que está dispuesto a negociar con el Gobierno español. Algo que desde Junts se ha criticado a ERC en los últimos años.

Lo que pretende Puigdemont con su exigencia de una amnistía es que se reconozca que tanto el referendo el 1-O como la declaración de independencia no fueron delito. Y también que las protestas y las algaradas callejeras posteriores fueron legítimas. «España tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre», sostuvo.

«Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que nos traten como terroristas, se han intentando todas las actuaciones posibles. Nos espían, infiltran, fabrican montajes para hacer detenciones sin fundamento», dijo Puigdemont.

Pese a todo, el líder de Junts se mostró dispuesto a un acuerdo que, de fructificar, él mismo calificó de histórico. «Si hay acuerdo sería un compromiso histórico, como cada régimen y gobierno español no ha sido capaz de hacer realidad, a pesar de algunos intentos, desde el 11 de septiembre de 1714 y los Decretos de Nueva Planta que abolieron las instituciones catalana y la persecución de su lengua», recalcó.

Uno de los problemas con los que se puede encontrar el Gobierno es la exigencia de un mediador en las negociaciones. Algo que los independentistas ya intentaron en anteriores ocasiones con la figura de un «relator», para internacionalizar el conflicto y ofrecer la imagen de dos países negociando en igualdad de condiciones, y que el Gobierno de coalición rechazó.

Tampoco podrá cumplir el Gobierno la exigencia de Puigdemont de que haya un «abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas». «Es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios», proclamó Puigdemont.