El fiscal general del Estado asegura que la democracia no puede ser «inmóvil» en pleno debate por la amnistía
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El presidente interino del Tribunal Supremo ha alertado de que las democracias también «mueren al debilitar las instituciones», por lo que ha pedido a los actores políticos «un verdadero compromiso» para garantizar «el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial»
07 sep 2023 . Actualizado a las 19:33 h.El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, resaltó durante la apertura del año judicial que «la fortaleza del sistema democrático», que «no es ni puede ser un sistema inmóvil: evoluciona, aprende de sí mismo y es el reflejo de la sociedad a la que sirve» y añadió que es «capaz de soportar las más fuertes tensiones».
«Las instituciones democráticas nos sucederán, como antes sucedieron a quienes históricamente nos precedieron, también con problemas o con tensiones que entonces parecían imposibles de superar. El resultado es esta sociedad española plural, diversa y democrática, el Estado de derecho en pleno ejercicio, en la tensión que corresponde al recto funcionamiento de sus poderes y a los necesarios contrapesos entre ellos», añadió en su discurso.
Ortiz ha señalado también que tras 40 años de Democracia es el momento de reformar el sistema de justicia en el país para que la investigación penal recaiga sobre los fiscales, y para ello, ha advertido, la Fiscalía está abierta a «cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal general», si bien ha matizado que la ciudadanía «puede estar tranquila» pues «la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles».
El fiscal ha apuntado que en la carrera fiscal están abiertos a cambios y «a asumir nuevos retos y responsabilidades», y ha añadido que en la situación política actual, con un Gobierno en funciones, considera que el futuro Ejecutivo «tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país».
Así, ha indicado que entre todos los proyectos pendientes, es necesario abordar el cambio de modelo procesal, con el fiscal como director de la investigación penal. Y ha advertido que esa reforma ha de ser «pausada y meditada» y debe tener como destino «mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática».
«El Estado de derecho, el Estado social y democrático de derecho, se construye a través de la colaboración institucional. Un espacio, además, de convivencia, de concurrencia de responsabilidades y competencias. El desarrollo de los derechos fundamentales y de los derechos sociales exige esta lealtad institucional que debe reclamarse de los poderes públicos», concluyó.
«Compromiso» por la independencia judicial
Por su parte, el presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, ha recordado este jueves que las democracias también mueren al debilitar las instituciones, por lo que ha pedido a los actores políticos «un verdadero compromiso» para garantizar «el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial», algo que ha defendido que pasa por situar a la Justicia por encima de «los intereses partidarios».
En su discurso de apertura del año judicial ha citado la obra Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, para señalar que «en nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales».
Por eso, Marín Castán ha defendido que «el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado», indicando que «cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidad que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios».
Así, ha reclamado a los políticos una doble acción: positiva, para «situar como objetivo de la acción de política el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios»; y otra «negativa» para «abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo».
Llamamiento a los partidos
«El Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta», ha enfatizado. En el que ha sido su primer discurso de apertura del año judicial, Marín Castán se ha dirigido directamente a las fuerzas políticas para instarles a llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, emuló al que fuera su predecesor, el expresidente del TS y del órgano de gobierno de los jueces Carlos Lesmes, quien en los últimos cuatro año reclamó la actuación de los partidos, elevando el tono hasta que finalmente dimitió.
«Me veo en la necesidad, una vez más y como ya hiciera en años anteriores mi predecesor, de emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial», ha dicho al tiempo que ha recordado las «reiteradas llamadas de atención de las instituciones europeas».
Renovación judicial
En el marco de su discurso, ha aprovechado para hacer mención a «los ataques a la independencia judicial» que, según ha destacado, «pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes», exponiendo que «en ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos», pero que también «pueden surgir de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático».
«Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida», ha alertado.
En este punto, se ha referido al estado del Supremo para calificarlo de «desolador» por la crisis de vacantes ante la imposibilidad de que el CGPJ realice nombramientos discrecionales. Y ha incidido en que el tribunal suma ya 23 vacantes en todas sus salas: 2 en la de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar.