Sánchez cita por primera vez la amnistía y se desmarca de la propuesta de Sumar

El iceberg de la futura ley de amnistía empieza a hacerse visible. El candidato socialista a la investidura y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, habló ayer por primera vez de «amnistía», tres días después de ser designado por el rey, y descartó la propuesta de Sumar de exonerar a los independentistas catalanes afectados por el procés y a los policías procesados por las cargas del 1-O, desde enero del 2013 hasta que entre en vigor la nueva norma. «Conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, pero no es la posición del PSOE. Nada está acordado hasta que todo esté acordado», sentenció Sánchez, tras la cumbre de la Unión Europea en Granada, donde aseguró que está «en plena negociación» de un pacto que será «absolutamente transparente, público y acorde con la Constitución». Una negociación donde la amnistía es condición sine qua non para que Junts apoye la investidura.

Pese a desechar la fórmula del partido magenta, el jefe del Ejecutivo valoró como positivo que las formaciones presenten estas iniciativas porque «es una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España, con una de las peores crisis territoriales de la democracia en el año 2017». Sánchez insistió en que los acuerdos serán validados por el Parlamento y pueden ser recurridos por la oposición y el Tribunal Constitucional. «Plena normalidad democrática», zanjó el socialista, aunque no desveló si se reunirán con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

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Dos artículos y 39 páginas

Unas horas antes, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciaba que presentará un dictamen elaborado por los juristas de su formación sobre el «encaje de la amnistía» en el marco constitucional el próximo martes en el Ateneo Barcelonés. El documento, de 39 páginas y dos artículos, al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, plantea una posible ley orgánica que exoneraría «todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña, tipificadas como infracciones penales o administrativas», según este diario catalán. Un extremo que no quiso confirmar la también ministra de Trabajo en funciones, que se reunió con la patronal Pimec en la Ciudad Condal. Advirtió que no se esperen «grandes cosas» sobre este dictamen, porque la doctrina jurídica es clara, y avisó al PP que será la Justicia quien dirima si es constitucional o no.

La propuesta de Sumar incluye en la amnistía «todo acto relacionado con la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración», tanto de la consulta sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre del 2014 como del referendo de independencia del 1-O.

La medida de gracia también se aplicaría a los actos «en la vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referendo o realizado como protesta». Esta ley incluiría a Puigdemont porque, según Enrique Santiago, diputado de Sumar, «no tiene sentido dejar flecos abiertos», pero no a la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental tras fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para adjudicárselos a un amigo.

La formación magenta defiende que si se pasa página, se debe pasar para todos, y su amnistía exonera a los policías procesados por las cargas del 1-O, salvo a aquellos acusados de torturas, detención ilegal o delitos contra la integridad moral. De hecho, para Díaz debe ser una ley general, orgánica y que no vulnere «derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad».

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Jupol: «Es una falta de respeto»

Esta propuesta fue tachada de «falta de respeto» por el sindicato Jupol de la Policía Nacional, que advirtió que «no tolerará» un Gobierno que «legisla para sediciosos» mientras desprecia a sus fuerzas de seguridad. Pidió la absolución de los 46 agentes imputados por el 1-O porque solo cumplían órdenes y acusó a Interior y al director de la policía de ponerse de perfil. «Es una incongruencia equiparar a los defensores de la ley» con «delincuentes que solo buscan romper España», protestó.

Sumar hizo llegar el documento a Junts, cuyo eurodiputado Toni Comín se comprometió a analizar la propuesta y valoró que «contiene elementos suficientemente útiles», pese a que los separatistas son reacios a que policías y guardias civiles se acojan a la amnistía.

Preguntado por la propuesta de Díaz, el coordinador nacional de ERC y presidente catalán, Pere Aragonès, afirmó que «tenemos asumido que la amnistía es un hecho y que hace falta encontrar soluciones, entendimiento y que Cataluña pueda decidir», aunque insistió en que «conviene discreción para avanzar».

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De la misma opinión son los líderes del PSC y del PSOE en Andalucía, Salvador Illa y Juan Espadas, que, tras mostrar su respeto por las iniciativas de otras formaciones, señalaron que no se moverán del precepto «discreción, prudencia, paciencia y Constitución». Illa, encargado de las negociaciones que atañen a Cataluña, indicó que «los socialistas haremos más que hablaremos». De hecho, según ElNacional.cat, ayer se produjo un encuentro discreto en Barcelona entre Josep Maria Jové, presidente del grupo de ERC, y el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, que calificó de respetable la propuesta de Sumar. «Creo que la máxima podría ser: paso corto y vista larga», concluyó.

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