Repsol amenaza con llevarse inversiones fuera si se mantiene el impuesto a las energéticas
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Alerta de que «la falta de estabilidad regulatoria y fiscal» puede condicionar sus proyectos
26 oct 2023 . Actualizado a las 18:32 h.Primero fue Ferrovial. Y ahora, aunque sin ir tan lejos, Repsol. El grupo constructor y de servicios de la familia Del Pino consumó en junio pasado —tras meses de acusaciones cruzadas entre los responsables de la compañía de infraestructuras y los miembros del Ejecutivo de coalición— el traslado de su sede social a los Países Bajos. Una operación anunciada en febrero y que causó gran revuelo en la arena política y empresarial del país. Sin llegar en ningún momento a decirlo sin tapujos, el equipo directivo pilotado por Rafael del Pino dejó entrever entonces que lo hacía por el temor que la deriva de la política económica del Gobierno despertaba en el seno de la compañía. Así, cuando desveló que se iba explicó que para mudarse había escogido un país con «una calificación crediticia AAA [la máxima nota que otorgan las agencias de rating] y un marco jurídico estable». Blanco y en botella: lo hacía huyendo de la, a su juicio, inseguridad jurídica que reina en el país.
Este jueves le llegó el turno a Repsol. La petrolera no ha tomado una decisión drástica como la del grupo de infraestructuras, pero no se ha mordido la lengua y ha dejado claro la opinión que le merece el pacto entre PSOE y Sumar para mantener el impuesto a bancos y energéticas. La compañía aprovechó este jueves la presentación de sus resultados trimestrales —nueve meses en los que ganó 2.785 millones de euros, un 14 % menos que en el mismo período del 2022— para advertir que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal» de España podría condicionar su presencia en el país.
En la nota de prensa que acompañaba al balance del tercer trimestre del año y en la información remitida la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ponía el acento en que «la posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país». Y «en cambio, favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España».
Un paso más allá fue horas después el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, en una conferencia con analistas. «Es un impuesto discriminatorio, ilegal e inconstitucional. Hay negocios [de Repsol], como el de la química, que están pagando este impuesto y eso hace que tengan dificultades a la hora de competir en el mercado internacional». Convirtiendo con sus palabras el aviso a navegantes de la nota de prensa en una amenaza nada velada. «Condiciona nuestras inversiones futuras [en España]: antes de tomar una decisión de inversión, miraremos el entorno regulatorio. Seré claro, cristalino: si no vemos estabilidad, tomaremos decisiones». Hasta en tres ocasiones repitió esa misma idea el primer ejecutivo de Repsol en esa charla con los analistas que siguen el día a día de la empresa para aconsejar después si comprar, mantener o vender las acciones de la firma.
Con la vista puesta en Portugal
«Repsol tiene definida una fuerte apuesta inversora en su plan de transformación a una compañía multienergética. Pero hay muchos sitios en los que desarrollar esos proyectos. Analizaremos cada uno y si en España no encontramos el marco adecuado nos podríamos ir a Portugal», puso como ejemplo Imaz.
Lo que viene a decir Repsol tanto en ese comunicado, como por boca de su consejero delegado es que, aunque mantenga la sede en España, y las refinerías y otras instalaciones que ya tiene operativas, se pensará muy mucho dónde establece los nuevos proyectos, si dentro o fuera del territorio nacional.
Hasta septiembre, el grupo energético ha realizado inversiones por valor de 4.362 millones de euros, principalmente en España y Estados Unidos y espera finalizar el ejercicio con una inversión total de 5.200 millones.
Las acciones de la compañía despidieron la jornada de este jueves en la Bolsa española a 14,23 euros, con un caída del 1,5 % respecto al precio que tenían el día anterior.
Calviño replica asegurando que a «los empresarios nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno»
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, afirmó este jueves que «a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno». Así respondía Calviño, en declaraciones a La Sexta recogidas, a la amenaza de Repsol de no invertir en España si se mantiene el impuesto a las empresas energéticas, tal y como recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. «Estamos viendo que las empresas publican y anuncian en estos días beneficios récord. A los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro Gobierno y el programa para la próxima legislatura sigue una línea de responsabilidad para culminar todo este proceso de modernización de nuestra economía. Ese es el mensaje que yo creo que estamos dando en estos días y tendría que llevar a un mensaje positivo también del mundo empresarial, porque les ha ido muy bien en estos años, incluso en una coyuntura tan difícil» remarcó.
Calviño subrayó que existe una «muy fuerte confianza» de los inversores internacionales y los mercados financieros hacia España, donde el precio de la electricidad «está más bajo» que en otros países de su entorno, lo que está permitiendo atraer también «grandes proyectos de inversión». «La economía española sigue yendo con fuerza en el contexto internacional tan complejo y las perspectivas son positivas para los próximos años», añadió.
La CEOE, contra las políticas populistas que perjudicarán el crecimiento empresarial
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusó este jueves al Gobierno en funciones de anunciar políticas que ponen en riesgo el crecimiento empresarial y la riqueza del país y exigió que se deje a las empresas trabajar sin poner «trabas». Lo hizo durante su intervención en el congreso de directivos españoles celebrado en Granada ante más de dos mil ejecutivos de todo el país. «A lo público le pediría gestión y no populismo. Es un problema grave aplicar fórmulas populistas que solo van en contra de las empresas. Las estamos oyendo permanentemente. No oímos al Gobierno sino a dos partidos que quieren gobernar, con fórmulas que pueden entorpecer el crecimiento empresarial», advirtió Garamendi.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales reflexionó sobre el impacto económico de la guerra de Israel contra Hamás y recordó que la de Ucrania ya ha demostrado cómo en España se sufren las consecuencias de los conflictos. «El precio del petróleo va a depender de que se encapsule el conflicto o se extienda», analizó. En este escenario complicado, subrayó la importancia de «no hacer cosas mal hechas» para no perjudicar más a la empresa. «Nos deberían dejar trabajar y no poner más trabas, que bastante complicado está», protestó. «Hay tres fases en la empresa: crecimiento, estancamiento y empeoramiento. Si empezamos a no crecer estamos condenados a ir hacia abajo», remarcó.
Garamendi se refirió directamente en Granada a la medida de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales incluida en el acuerdo para la investidura alcanzado por PSOE y Sumar y fue muy crítico con el impacto que tendrá. «Hacer por ley estas cosas es puro populismo que va afectar al campo, a la hostelería y a los pequeños comercios de forma brutal... Lo hace gente que creo que no ha visto una empresa en su vida. Deberían pagar una nómina alguna vez para saber qué significa esto», declaró de forma vehemente.