Los obispos exigen indemnizar a todas las víctimas de abusos sexuales, no solo a las de la Iglesia

La respuesta de los obispos al demoledor informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que el Defensor del Pueblo hizo público el viernes pasa por asumir la culpa y alinearse con la propuesta de indemnizar a las víctimas, pero siempre que esta compensación sea «integral», a todos los que han sufrido abusos, ya sea en el seno de la institución o no.

Más de 80 prelados se reunieron el lunes por la tarde en asamblea extraordinaria para abordar las conclusiones del trabajo de Ángel Gabilondo, del que pusieron en valor los testimonios recogidos y las recomendaciones propuestas; no así la encuesta anexa y mucho menos las extrapolaciones de los porcentajes que arrojan, que apuntan a que más de 440.000 personas sufrieron en España abusos sexuales en un contexto religioso. «No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan con entrega», manifestó este martes en rueda de prensa Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El organismo episcopal pone en duda las la cifras que sugiere el informe del Defensor del Pueblo e insiste en que, además, «las víctimas no son números», en que encerrarse en una estimación sería «una falta de respeto». «Un solo caso de abusos ya es intolerable», declaró su secretario general, Francisco César García Magán, tras haber subrayado que el propio análisis recoge que esta «lacra» es un «problema social», de «toda la sociedad». En su opinión, la reparación —tanto la psicológica y la espiritual como la económica— tendría que ser para todas las víctimas, no solo para las de la Iglesia. «Si, como constata el informe, hay víctimas de otros ámbitos y otros medios, ¿esas las dejamos sin reparación? —se preguntó García Margán frente a los medios de comunicación—. Estaremos creando ahí una clasificación aleatoria perniciosa. La Iglesia está dispuesta a contribuir, pero tendrían que estar implicadas también la comunidad educativa, las federaciones deportivas y las asociaciones».

El secretario de la CEE también hizo referencia a la auditoría antiabusos encomendada el pasado febrero al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo: el encargo sigue vivo, el bufete ha solicitado una ampliación del plazo y la asamblea plenaria ha decidido posponer esta decisión a su próxima reunión ordinaria, que se celebrará del 20 al 24 de noviembre. «En relación a las recomendaciones propuestas en el informe del Defensor del Pueblo, hemos visto que no pocas convergen con un trabajo de prevención y acompañamiento de las víctimas que ya se está haciendo, tanto desde el organismo episcopal como en las diócesis», añadió.

Petición de perdón

Juan José Omella quiso dejar patente además el «dolor» de todos los obispos «por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia a lo largo de la historia y, sobre todo, a lo largo de estos últimos años», y reiteró la petición de perdón a las víctimas.

Rechazan haber encubierto la pederastia: «No hay encausados»

La Conferencia Episcopal Española valora que el informe del Defensor del Pueblo haya puesto a las víctimas en el centro, dándoles voz, pero no acepta las acusaciones de encubrimiento para tapar los casos de abusos sexuales. Cuatro días después de que la institución dirigida por Ángel Gabilondo asegurarse públicamente que la jerarquía católica había seguido una estrategia «ocultamiento» del problema, el portavoz de los obispos, César García Magán, recordó ayer que no hay «ningún obispo encausado, ni civil, ni penalmente ni por la vía canónica».

Lo que sí admitió el cardenal Omella fue que el traslado de sacerdotes acusados de abusos sexuales había sido una equivocación. «Todos aprendemos tarde. Durante siglos hemos vivido con la esclavitud, y al final la Iglesia se dio cuenta de que es grave error vivir despreciando a los seres humanos. La esclavitud se abolió —dijo—. ¿Cuánto tiempo hemos sido conscientes de esos abusos, tanto en la familia como en la Iglesia? Quitábamos a la persona de su lugar hasta que nos dimos cuenta de que eso no se podía hacer. Nos ayudamos unos a otros: unos que denuncian, otros que informan, otros que actúan».

También Escuelas Católicas, que agrupa a numerosas entidades educativas católicas en España, considera «imprescindible» hacer frente a la «realidad» de los abusos sexuales en todos los ámbitos, no solo en el de la Iglesia. «Si queremos conocer lo que sucede al completo, la investigación debe proseguir. De lo contrario, no estaremos protegiendo a todas las víctimas».

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