El borrado del «procés» abre un abismo entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad

melchor saiz pardo MADRID / COLPISA

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El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en la comisarí­a de Policí­a Nacional del Distrito Centro de Madrid
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en la comisarí­a de Policí­a Nacional del Distrito Centro de Madrid Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Policías y guardias civiles no solo se sienten una «moneda de cambio», sino que temen su salida «definitiva» de Cataluña

06 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Nunca antes en democracia la distancia entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado había sido tan grande. La amnistía ha provocado un abismo entre el Ejecutivo y la Policía Nacional y la Guardia Civil sin precedentes en la historia reciente de España. Desde los mandos hasta las bases. Sin excepciones. Ni siquiera el rechazo continuo del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a la equiparación real económica con los cuerpos autonómicos había creado tanto malestar.

La amnistía está empezando a pesar más que el agravio económico en ambas instituciones, que ahora se consideran maltratadas en el bolsillo y en su fuero más interno. Hasta las organizaciones profesionales y sindicatos que históricamente habían mostrado más simpatías al PSOE se han posicionado implacables en sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a su decisión de amarrar la investidura con una amnistía que a los agentes les afecta, en muchos casos, de manera personal. Y es que, seis años después del 1-O, pocos de los 8.000 policías y guardias civiles enviados en otoño del 2017 a Cataluña en pleno órdago independentista en el marco de la operación Copérnico-Avispa dudan de que su actuación no solo fue impecable, sino uno de sus más importantes servicios al Estado, en una situación de «gravísima crisis» institucional.

El sentimiento generalizado desde que comenzó a ser evidente que Sánchez iba a conceder la amnistía fue que no sirvieron de nada los días de «sacrificios», las semanas fuera de casa, los alojamientos precarios en hostales y barcos, el acoso popular y el desgaste emocional a cambio de unas dietas exiguas. En ambos cuerpos todavía resuenan como «insulto» las palabras de Sánchez, quien en el Congreso se refirió a aquellos funcionarios enviados a Cataluña con el epíteto de piolines, el mismo que usa el independentismo catalán de forma despectiva.

La idea de que el Ejecutivo no tiene reparo en usarlos como cabeza de turco y desprecia su esfuerzo está calando, por la ausencia de apoyo desde el departamento de Grande-Marlaska a los agentes encausados por las cargas durante el 1-O. Es la falta de respaldo a los 45 policías que actuaron, bajo mandato judicial, aquel domingo en colegios difíciles de desalojar y a los que el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona procesó el pasado enero por lesiones, torturas o delitos contra la integridad moral.

La SUP y la AUGC han convocado para el próximo viernes ante los juzgados de la capital catalana una concentración en apoyo a esos agentes imputados, que declararán ese día. En los manifiestos de esas convocatorias acusan a los socialistas de utilizar a las fuerzas de seguridad como «moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno». En la organización sindical Jucil hablan de pactos para «arrasar con la presencia» de la Guardia Civil en Cataluña y «colonizar sus cuarteles», porque el fin último de esos acuerdos es la «desaparición» del instituto armado de Cataluña y el País Vasco. En Jupol creen que el pacto de investidura supondrá «la desaparición definitiva» de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña al quedarse sin funciones.

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