El PSOE y Junts podrían anunciar este jueves el acuerdo de investidura
ACTUALIDAD
La tramitación de la ley de amnistía se iniciaría la próxima semana
08 nov 2023 . Actualizado a las 23:45 h.El PSOE y Junts ultiman las negociaciones para aprobar una ley de amnistía y celebrar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno. Según publican eldiario.es y elnacional.cat, ambas formaciones llegaron la pasada noche a un acuerdo y este jueves podrían hacerlo oficial. Una fumata blanca entre independentistas y socialistas haría que la próxima semana se inicie la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso.
Ambas delegaciones apuntan ya a la semana próxima como la fecha más probable para el acuerdo, aunque no se ponen más límite que el 27 de noviembre, cuando, de no haber alcanzado ningún candidato la investidura, se repetirían las elecciones. De hacerse este jueves oficial el acuerdo con Junts, el PSOE todavía debe rubricar el apoyo del PNV.
La negociación se celebra en Bruselas, donde reside el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, es el encargado de la negociación socialista. Hoy podría sellar el pacto junto a Jordi Turull, secretario general de Junts.
Los contactos continuaron este miércoles sin descanso, con el intercambio de documentos para tratar de blindar una ley que no pueda ser rechazada por el Tribunal Constitucional, en donde están seguros de que acabará la norma tras un recurso del PP y de Vox. La intención del PSOE era que el pleno de investidura se hubiera celebrado esta semana, de manera que Sánchez pudiera presentarse como presidente del Gobierno con plenas funciones el sábado, en el congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga.
Las «discrepancias técnicas» entre ambos partidos se centraron en el alcance de la amnistía, que Junts pretende que cubra también a personas que no están vinculadas directamente con el procés y sobre las que pesan acusaciones de la Justicia. El partido se refiere a los casos de lo que denomina lawfare, que afectan a colaboradores suyos como Josep Lluís Alay o su abogado, Gonzalo Boye. Reclama que beneficie no solo a los líderes independentistas y a grupos violentos como los CDR y Tsunami Democràtic, sino también a involucrados en casos de corrupción o el caso Vóljov, que investiga las conexiones del independentismo catalán con la Rusia de Putin.