El acuerdo PSOE-Junts: cuatro folios que consagran la internacionalización del «procés»
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El PSOE asume el relato y las reivindicaciones de los independentistas sin que estos renuncien a la vía unilateral ni condenen la violencia que sucedió al 1-O
10 nov 2023 . Actualizado a las 08:09 h.El acuerdo firmado por el PSOE y Junts, el partido del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, tiene cuatro páginas y 1.543 palabras. El sustantivo más repetido, 19 veces, es Catalunya. Hay diez Junts y ocho PSOE. Referéndum sale en siete ocasiones y negociación en seis. Se habla cuatro veces de independencia, tantas como de autogobierno y reconocimiento. Las palabras España y Constitución solo aparecen mencionadas una vez.
El texto refleja el grueso de las reivindicaciones formuladas por los independentistas en los últimos años, desde la amnistía hasta una mediación internacional para abordar el «conflicto histórico» de Cataluña. La mayoría de ellas fueron rechazadas hasta ahora por el Partido Socialista, que las consideraba ilegales e incluso contrarias al marco constitucional. El texto afirma que la negociación de los detalles para hacerlas realidad arrancará este mes. Estos son los principales puntos del documento.
El gobierno de España
«La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts».
Es la única cesión que asume el partido que lidera Carles Puigdemont. Los siete votos de JuntsxCat en el Congreso son imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y sin ellos sería obligatorio celebrar unas nuevas elecciones generales. Ese papel decisivo explica la firma del acuerdo y el giro en la postura de los socialistas.
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La gobernabilidad
«La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo».
En ese punto segundo se incluye la convocatoria del referendo, los avances en el autogobierno catalán, la cesión a la Generalitat de los tributos recaudados en Cataluña, reclamada por Junts, y otras medidas económicas planteadas por el PSOE.
Mediador internacional
«El PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones».
La presencia de un mediador internacional, una figura típica en la resolución de guerras civiles y conflictos armados, es una vieja reivindicación de los independentistas. Puigdemont la formuló en el 2017. Dos años después, en el 2019, el Gobierno de Sánchez aceptó un «relator». Los independentistas exigieron que fuese una figura internacional. Tras una masiva manifestación convocada por PP, Vox y Cs en la plaza de Colón, el Gobierno descartó esa posibilidad. En respuesta, ERC y PDeCat —la formación que derivó en Junts— rechazaron los presupuestos y se convocaron elecciones generales.
Más internacionalización
«La ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio».
Como la figura del mediador internacional, este punto también puede encuadrarse en la reivindicación de los independentistas de ampliar la proyección internacional de Cataluña. Como en el caso de las cercanías, el Gobierno ya ha empezado a dar pasos para cumplir. El Ministerio de Exteriores ha instado a la Unión Europea a aceptar al catalán entre sus lenguas de uso oficial. En principio el Gobierno planteó incluir también al euskera y al gallego, pero el rechazo de la UE le llevó a dar prioridad al catalán, aunque por ahora no ha tenido éxito. Dejar el gallego relegado provocó críticas del BNG. La portavoz de los nacionalistas, Ana Pontón, llegó a asegurar que Exteriores rectificaría esa decisión, pero no ha sido así. En el acuerdo firmado entre el Bloque y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez figuran distintas medidas de impulso al gallego, pero no que se tramite su entrada en la UE de forma simultánea a la del catalán.
La amnistía
«Para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».
El acuerdo abre la puerta a una amnistía de gran espectro, dada la falta de un límite temporal claro y los numerosos asuntos «vinculados» con la consulta del 2014 y el referendo del 2017. Ese marco no descarta que se amnistíe a las personas que instigaron o participaron en los actos vandálicos que sacudieron Cataluña durante años y que han causado millonarios daños materiales y cientos de heridos. Solo en la semana que terminó el 20 de octubre del 2019, el Ministerio del Interior contabilizó 565 heridos en los disturbios, 300 de ellos policías. Entre los heridos hubo dos muy graves, uno de ellos fue un agente de Vigo de 41 años que se tuvo que jubilar por las lesiones.
El poder judicial
«Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘‘lawfare’’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Las comisiones de investigación supondrían que el poder legislativo revisase las decisiones del judicial. Es una pretensión sin precedentes que las cuatro asociaciones de jueces rechazan como una «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
Lawfare es un anglicismo que se puede traducir por persecución judicial, por lo general con fines políticos. Es un concepto que usa de forma habitual Donald Trump, que ha calificado así los juicios que se siguen contra él por casos de corrupción o por sobornar a una estrella de cine pornográfico. El término popularizado por el expresidente de Estados Unidos entró en la política española de la mano de Podemos y los independentistas. Ahora aparece recogido en el acuerdo que firma el Partido Socialista.
La autodeterminación
«En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución».
El artículo 92 de la Constitución dice que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». El referendo «será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso». La mayoría que sustentará el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez bastaría para impulsar la consulta. Estará formada por otros partidos nacionalistas (ERC, Bildu y PNV) que salvo sorpresa no se opondrían al referendo. El otro partido que la conforma, Sumar, ha dicho en varias ocasiones que respalda esa votación. Hasta hoy el referendo era imposible porque PP y PSOE, que tienen mayoría más que absoluta en el Parlamento, se oponían. Los socialistas no han anunciado un cambio de postura, pero en el acuerdo no figura su rechazo explícito, sino su negativa a «cualquier acción unilateral» como el referendo del 2017.
Más competencias
«Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya».
Esas líneas siguen a las referidas al referendo que propondrá Junts, por lo que podrían parecer una contraprestación para los socialistas. Sin embargo, a falta de mayor concreción, prevén unas mayores cuotas de autogobierno para la Generalitat, lo que encaja en las reclamaciones de los nacionalistas. Un ejemplo es la anunciada cesión del servicio de cercanías ferroviarias, Rodalies de Catalunya, a la Generalitat. El artículo 169 del Estatut atribuye a la Administración catalana «competencia exclusiva» sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera y ferrocarril que discurran de forma íntegra por territorio de la comunidad. La cesión fue rechazada por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aduciendo que era «imposible» porque «no tenía encaje legal» y «servía de comunicación entre diferentes comunidades». Esa imposibilidad dejó de existir la semana pasada, cuando se anunció el acuerdo PSOE-ERC, y ahora está incluso previsto traspasar la gestión de la infraestructura ferroviaria del ADIF, construida durante décadas con cargo a los presupuestos generales el Estado.
La legitimidad
«Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Catalunya».
El texto subraya la primacía de la cámara autonómica para legitimar las soluciones que se busquen a los asuntos que afectan a Cataluña. El acuerdo no hace ninguna referencia a las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, que según el artículo 66 de la Constitución «representan al pueblo español».
El método de negociación
«Para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes. En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos».
Ese «mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento» será el mediador internacional, que arbitrará las negociaciones entre el PSOE, el partido que presidirá el Gobierno de España, y JuntsxCat.
Contenido de los pactos
«A partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones».
Entre esos asuntos se incluyen los ya citados —amnistía, autodeterminación y autogobierno, proyección internacional de Cataluña y nuevo ajuste fiscal de la comunidad—, aunque ese listado no es exhaustivo, subraya el texto. Las líneas citadas subrayan el papel de Junts, partido liderado por un prófugo que fue la quinta fuerza política en las elecciones generales en Cataluña, como representante de su sociedad.
Las diferencias
«El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender. Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones».
Antes de detallar los acuerdos, los dos partidos insisten en las diferencias existentes entre ellos, y por eso justifican la presencia de un mediador internacional. El párrafo citado confirma que los independentistas no renuncian a considerar que la consulta del 2017 fue válida y tampoco se comprometen a renunciar a la vía unilateral, incluso aunque se apruebe la amnistía. Ese extremo ha sido uno de los que ha levantado más críticas hacia esa posible ley, aunque no parecen haber hecho mella ni en los de Puigdemont ni tampoco en el PSOE.
Los precedentes
«Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum».
Los antecedentes citados en el acuerdo asumen por completo el relato de los independentistas, que atribuye lo ocurrido en Cataluña durante los últimos años a la actuación de los tribunales de Justicia y al Gobierno central presidido por el Partido Popular. El texto se remonta incluso a los Decretos de Nueva Planta de 1707 y 1716 que «abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya». Pero no condena la declaración unilateral de independencia ni la violencia y acoso a los funcionarios del Estado que la sucedieron.
El texto incluye que Cataluña se quede con todos los tributos
«Junts propondrá de entrada una modificación de la Lofca [Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas] que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100 % de todos los tributos que se pagan en Catalunya».
La pretensión de lograr la autonomía fiscal total de Cataluña viene de años atrás. Como otros objetivos de Junts, el PSOE consideró esa solución imposible e ilegal, hasta ahora, cuando se abre a discutirla. De producirse hoy, la concesión se daría cuando el PSOE ya se ha comprometido con ERC a condonar 15.000 millones de euros de deuda más 1.300 millones de intereses a la Hacienda catalana. Otras instituciones no han cambiado de opinión: los inspectores de Hacienda expresaron un rechazo «frontal y absoluto» al acuerdo de investidura con Junts y, mediante un comunicado de su asociación profesional, advirtieron de que «se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera». La entidad advierte de que la exigencia de que el PSOE «adopte medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión actual del modelo de financiación» podría implicar «sin lugar a duda la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, y permite la existencia, por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
Los precedentes
«El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».
Como en el caso del referendo de autodeterminación frente a la ampliación del autogobierno, la parte financiera del texto incluye la posición del PSOE, que se traduce en otras cesiones a Cataluña. Hay «grave preocupación» en muchos empresarios, dice la CEOE, que el lunes celebrará un comité ejecutivo «extraordinario y de urgencia» para ver la «situación de España». Otros, como la inmobiliaria Colonial, tienen interés en el plan de regreso a Cataluña.