La semana política | Las protestas violentas en Ferraz arreciaron al conocerse el acuerdo
12 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La semana arrancó con un plan perfectamente diseñado por el PSOE. El lunes, una breve negociación con Junts dejaría cerrado el acuerdo de investidura que los socialistas pretendían que fuera de legislatura. El martes, registro en el Congreso de la ley de amnistía pactada. Y el miércoles 8 y el jueves 9 sesión de investidura de la que Pedro Sánchez saldría como nuevo presidente del Gobierno, pudiendo presentarse el sábado 11 a la clausura del congreso de Partido Socialista Europeo como presidente del Gobierno con plenas funciones.
Pero ese plan se torcería muy pronto. Carles Puigdemont quería dejar claro que es él quién marca los tiempos y ponía a sus negociadores, con Jordi Turull a la cabeza a poner pegas al texto presentado por el secretario de organización socialista, Santos Cerdán. El lunes se cerró sin acuerdo y el martes el PSOE asumía ya que no habría investidura en la semana pasada. No fue hasta la madrugada del jueves cuando se logró por fin un texto definitivo.
El acuerdo era básicamente una cesión del PSOE a casi todas las exigencias de Puigdemont. En una breve introducción, los socialistas asumen el relato victimista del independentismo con explicaciones que se remontaban hasta los decretos de Nueva Planta del siglo XVIII y la supresión de los derechos históricos de Cataluña.
En el pacto, el PSOE admite la figura de un mediador internacional en la negociación y se pliega también a que la negociación sobre un referendo basado en el artículo 92 de la Constitución tenga lugar fuera del «Estado español». Lo más grave, sin embargo, era que Puigdemont conseguía que el PSOE admitiera en el acuerdo la existencia de casos de lawfare, o guerra judicial contra los independentistas. Una puerta abierta para que se cuestionen decisiones judiciales desde el mundo político y para que sean amnistiadas personas implicadas en asuntos no directamente relacionados con el procés porque supuestamente habrían sido perseguidos injustamente por jueces y fiscales. Una bomba de relojería contra la que se rebelaron de manera unánime todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista.
En ese diseño del pacto, Junts aspira a que puedan ser amnistiados desde Josep Alay, amigo íntimo de Puigdemont implicado en el caso Vóloj, su abogado, Gonzalo Boye, investigado por un caso de lavado de dinero del narcotraficante gallego Sito Miñanco e incluso la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, condenada por haber troceado contratos para poder entregárselos a un amigo cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas.
Cerrado el pacto, Santos Cerdán lo presentaba el jueves en un hotel de Bruselas. Para decepción de muchos no se presentaba el contenido de la ley de amnistía, con el argumento de que debería ser presentada antes a los socios de investidura de ERC, EH Bildu, PNV y BNG para que dieran su aprobación y firmaran la proposición de ley conjuntamente con el PSOE y Junts.
El texto del acuerdo estaba lleno de frases lo suficientemente ambiguas como para contentar a las dos partes. Poco después de que Cerdán lo presentara, comparecía un exultante Carles Puigdemont, que aseguraba que ellos, al contrario que ERC, su enemigo en el espacio secesionista, habían llegado a ese punto sin renunciar a la unilateralidad.
Era la venganza contra un Oriol Junqueras que se había adelantado a pactar una ley de amnistía con el PSOE que Junts modificó luego a su antojo. El viernes se cerraban los acuerdos con el PNV y Coalición Canaria que garantizan la investidura de Sánchez con 179 votos.
Protestas ante Ferraz
El PP se desmarca. Pero la semana estuvo marcada también por las protestas contra el pacto a las puertas de la sede socialista de la calle Ferraz. Unas manifestaciones sobre las que el PP acabaría desmarcándose por la presencia de ultraderechistas que se dedicaron a reventar las protestas con actos violentos contra la policía y el mobiliario urbano. Los disturbios arreciaron el jueves cuando se conoció el contenido del acuerdo entre el PSOE y Junts, con agresiones a la prensa por parte de los grupos más violentos. Pero el PP avisa de que seguirá movilizándose.