Dieciocho fiscales del Supremo critican a García Ortiz por no defender a los fiscales del «procés»
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En una carta, expresan su decepción ante la «falta de voluntad» del máximo representante del Ministerio Público de «salir al paso de las insinuaciones de lawfare que se han plasmado en el acuerdo entre PSOE y Junts»
30 nov 2023 . Actualizado a las 13:26 h.Un total de 18 fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) han dirigido una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le critican por «ignorar deliberadamente» la petición de «amparo institucional» de los fiscales del procés frente a las comisiones de investigación parlamentaria pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de lawfare (es decir, acoso judicial contra el independentismo catalán).
En la misiva, los firmantes han expresado su «decepción por la falta de voluntad» del fiscal general de «salir al paso de las injuriosas insinuaciones [sobre la actuación de los fiscales del procés] que se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts».
Fuentes fiscales precisan que la carta ha sido firmada por 18 de los 26 fiscales de la Sala de lo Penal del TS y que no han plasmado su rúbrica los cuatro fiscales del procés.
Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno habían reclamado a García Ortiz que, «en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano», les concediera «amparo institucional» porque «junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público».
Según reconocieron los cuatro fiscales del procés, el contenido de este acuerdo les genera «una especial preocupación», ya que —a su juicio— «conculca el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial».
En este sentido, los cuatro incidieron en que la revisión de las decisiones judiciales por otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no era «admisible en un Estado que se proclama democrático y de Derecho». Y advirtieron de que iniciativas como esta claramente demostraban «el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial».
García Ortiz insistió en que debía «mantener una posición pública» imparcial pero aseguró que velaría «siempre» por «la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas».