Bruselas analizará la amnistía de forma «cuidadosa, independiente y objetiva»
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El comisario europeo de Justicia asegura que Cataluña es un «asunto interno» español
22 nov 2023 . Actualizado a las 22:22 h.España no es Polonia ni Hungría. Y casi nadie lo duda ni en Bruselas ni en Estrasburgo, donde ayer el Parlamento Europeo celebró un pleno —a propuesta de los grupos en los que se integran el PP, Vox y Ciudadanos— para debatir si la ley de amnistía a los encausados por el procés pone en riesgo el Estado de derecho en España.
Prueba de ello es que el comisario de Justicia europeo, el liberal belga Didier Reynders, aseguró que Cataluña es un «asunto interno» español, aunque analizará el texto de la medida de gracia de manera «cuidadosa, independiente y objetiva» para determinar el cumplimiento de las leyes de la UE y los valores fundamentales consagrados en los tratados.
Tras señalar que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha mostrado «su disposición al diálogo» y a reunirse con la Comisión Europea (CE) para explicar el borrador del perdón, Reynders está convencido de que «el análisis de ese texto tendrá lugar primero en España, en el marco constitucional español, y empezará en el Parlamento español».
La Comisión, que recibió el texto de la norma hace nueve días y numerosas cartas contra la misma de ciudadanos y partes interesadas, aún no tiene listo el análisis y, como guardiana de los tratados, «se mantendrá al tanto del asunto» durante la tramitación de la ley. Lo que sí «suscita grandes preocupaciones», dijo el belga, es la situación del Consejo General del Poder Judicial, a punto de doblar su mandato caducado.
La serena intervención de Reynders bajó el tono en una Eurocámara en la que se oyeron graves acusaciones. El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, denunció que la medida de gracia supone la «degradación, cuando no la abolición del Estado de derecho en España», recordó las concurridas manifestaciones contra la norma, e incluso citó al socialista Felipe González, «que ha dicho que la amnistía destruye la sociedad [...] y puede acabar con la Constitución». La eurodiputada del PP Dolors Montserrat pidió que Europa escuche «el grito de millones de españoles que dicen no a una amnistía que [...] termina con la separación de poderes». Más allá fue Adrián Vázquez, de Ciudadanos, quien comparó la situación en España a los ataques al Estado de derecho en Polonia y Hungría, que incumplen normativas comunitarias. Una equiparación en la que insistió Jordi Buxadé, de Vox, que opinó que ningún europeo entenderá que la Comisión aplique «un doble rasero».
Defendieron la ley Iratxe García, líder de los socialdemócratas europeos, que dijo que permitirá «el entendimiento y la reconciliación»; Toni Comín, de Junts, que le recordó a Weber que los jueces alemanes descartaron que en el procés hubiera rebelión y sedición; Jordi Solé, de ERC, para quien la norma posibilitará la resolución democrática de un conflicto político; María Eugenia Rodríguez Palop, de Podemos, que subrayó que la amnistía está «plenamente normalizada en Europa y avalada por sus tribunales»; e Izaskun Bilbao, del PNV, que valoró que «propone soluciones».
También intervino la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno, quien afeó al Europarlamento que debata sobre una ley no aprobada y de «exclusiva competencia nacional», lo que «no contribuye a mejorar la democracia europea y muestra tendencias preocupantes», censuró.
Antes del pleno, el expresidente Carles Puigdemont había augurado que el debate iba a ser «un gran circo» que serviría para «internacionalizar aún más el conflicto» catalán, algo que celebró.
A quien no sorprendió Reynders fue al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien afirmó que en la CE no hay «ninguna inquietud» sobre la ley de amnistía y recriminó al PP que eleve sus «bulos nacionales» al ámbito de la Unión Europea.
El PP avisa de posibles sanciones
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que no considera la amnistía «un debate interno», advirtió que su aprobación puede conducir a sanciones de la UE, aunque el vicesecretario institucional del partido, Esteban González Pons, dijo que «no las va a pedir».