Vocales del consejo denuncian en la Unión Europea el «linchamiento» que padecen
25 nov 2023 . Actualizado a las 08:50 h.El Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar tuvo este viernes el primer disenso con la iniciativa unilateral del partido de Yolanda ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y contra los vocales conservadores del consejo por lo que considera una «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Congreso. La querella, de la que el PSOE se desmarcó, se presenta contra Guilarte, a pesar de que él optó por votar en blanco, por autorizar el pleno extraordinario en el que se decidió aprobar una declaración institucional contra la ley de amnistía. A los otros nueve vocales conservadores se les acusa de haber participado en esa declaración.
El PSOE no fue informado por Sumar de su intención de presentar esta querella por un supuesto delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Una acusación que, en caso de confirmarse, conlleva la inhabilitación de ejercer cargo público. Sumar acusa al CGPJ de promover una resolución «ilegal y arbitraria» que, según afirma, excede las competencias del consejo. El acuerdo del CGPJ se presentó antes incluso de que se conociera el texto de la proposición de ley de amnistía pactada entre el PSOE, Junts y ERC.
«Incendiar el ambiente»
El grupo parlamentario de Sumar expone en su querella que el pleno del pasado 6 de noviembre en el que se aprobó la resolución fue convocado «al margen de las previsiones legales y con un objeto que excede de las facultades del CGPJ». El portavoz de IU en el Congreso y diputado por Sumar, Enrique Santiago, justificó la querella diciendo que al aprobar una declaración institucional antes de que se conociera el texto de la proposición de ley pretendían «incendiar el ambiente» de la sociedad con una «grave injerencia» que excedía sus competencias.
En el pleno del 6 de noviembre, el CGPJ sacó adelante una declaración institucional contra la ley de amnistía que, según aseguraron es una «medida de abolición del Estado de derecho», que «violenta la Constitución» y convierte a la Justicia en «una quimera». Y lo hicieron, según Sumar «siendo conscientes» de que «claramente excedía los límites de sus competencias» que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los vocales del consejo reaccionaron de inmediato a la querella. El vocal José María Macías remitió un escrito a la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos donde denuncia un «linchamiento personal» por la querella presentada por Sumar.
El texto, que fue remitido por Macías con el apoyo de varios vocales, pero sin que constituya una comunicación oficial del CGPJ, según aclaran las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, va dirigido a los presidentes de dichas instituciones comunitarias, así como al comisario de Justicia, Didier Reynders.
La comunicación informa de que este viernes tuvieron conocimiento de la presentación de una querella en su contra para que se proceda a su «persecución» como «criminales» por expresar la «opinión y preocupación» del CGPJ por «la degradación del principio de Estado de Derecho y la independencia de los tribunales españoles».
Indica que el hecho de que los vocales afectados hayan conocido la noticia a través de la prensa, en vez de por cauces oficiales, «evidencia que la iniciativa se enmarca en el inicio de una campaña de desacreditación y linchamiento personal para impedir el ejercicio de nuestra función constitucional».
Bolaños y Guilarte abren una nueva etapa para intentar renovar el órgano de gobierno de los jueces
El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial abrieron este viernes una nueva etapa de diálogo, en la que ambos actores parten de cero con el objetivo común de lograr la renovación del órgano de gobierno de los jueces «lo antes posible» y dejar atrás la tensión por la ley de amnistía. Esta nueva coyuntura quedó escenificada en la reunión que mantuvieron el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, en el inicio de una primera ronda de contactos con el sector de la Justicia y que responde a la costumbre de que la primera visita institucional que realizan los nuevos titulares del cargo sea a la sede del Poder Judicial.
Una cita de especial relevancia ante las críticas expresadas por el CGPJ a la ley de amnistía y la alusión al lawfare o persecución judicial con fines partidistas que incluye el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, pero también porque el consejo está a pocos días de cumplir cinco años en funciones y para Bolaños «renovar el CGPJ no es una opción, es una obligación».
«Fórmulas alternativas»
Guilarte destacó «la necesidad de buscar fórmulas alternativas que eviten la situación de enquistamiento actual» con los nombramientos pendientes en la cúpula del Poder Judicial, 83 en estos momentos, según informaron fuentes del ministerio y del consejo.
Un primer encuentro en el que ambas partes constataron que tienen un objetivo común que es la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que supone abrir una nueva etapa entre ambos actores.
Bolaños destacó que él va a «intentar resolver las cuestiones con diálogo» y «tender puentes de entendimiento con el CGPJ» para que el Poder Judicial recupere la normalidad institucional. «Se ha abierto una nueva etapa después de la investidura. Estamos en una nueva etapa y un nuevo Gobierno y un nuevo ministro de Justicia», señaló. Guilarte comentó que estamos «en un momento en el que partimos de cero y vamos a empezar».
Fuentes ministeriales añadieron que, con este encuentro, Bolaños inicia una primera ronda de contactos con todo el sector de la Justicia con la que quiere trasladar su «máximo respeto» y la «plena disposición» del Gobierno a abordar mediante el diálogo las preocupaciones de todas las instituciones y operadores.