A juicio la propietaria de una gestoría inmobiliaria, acusada de desfalcar más de 22.000 euros a dos comunidades de vecinos
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Se sospecha que la profesional estuvo sacando dinero de la cuenta de los propietarios para incorporar el dinero a su patrimonio
09 dic 2023 . Actualizado a las 20:01 h.Empezó con pequeñas cantidades y poco a poco fue yendo a más. Así habría actuado la propietaria de una gestoría inmobiliaria con sede en Ourense a la que se acusa de haber desfalcado a dos comunidades de vecinos que depositaron en ella su confianza. Entre los años 2016 y 2019 la profesional habría estado sacando dinero de las cuentas de los propietarios para su propio beneficio, llegando a esquilmar más de 22.000 euros.
Así lo sospecha, al menos, la Fiscalía de Ourense, que solicita una condena de dos años de prisión para una investigada que la próxima semana tendrá que comparecer ante el tribunal de la Audiencia Provincial, con sede en la capital de As Burgas. Se le imputa un delito de apropiación indebida por una conducta que comenzó, presuntamente, en el mes de agosto del año 2016. En esas fechas B. D. P. gestionaba los asuntos de dos comunidades de vecinos del barrio de A Ponte, lo que le facilitó el acceso a sus cuentas bancarias. Ella estaba autorizada y podía sacar dinero para los pagos habituales a proveedores o empresas suministradoras, pero se sospecha que se habría aprovechado de ello para su beneficio.
De acuerdo con el escrito de acusación del asunto, la acusada «adjuntó a su patrimonio» diversas cantidades a lo largo de mucho tiempo. Los dos primeros cargos que se cuestionan están fechados en los meses de agosto y septiembre del 2016. Entonces la acusada detrajo de la cuenta dos mil euros, continuando su presunta actividad fraudulenta el enero del ejercicio siguiente. En ese año 2017 se descubrieron cuatro cargos sospechosos que ascendieron a unos dos mil euros.
Que solo hubiera hecho dos movimientos dudosos en un año y cuatro en el siguiente ayudó seguramente a que la acusada no levantara sospechas, pero a lo largo del 2018 y el 2019 la actividad ilegal fue in crescendo. En el primero de esos años habría hecho once cargos para su propio beneficio, a los que sumó otros dieciséis en el 2019. El último que consta en el informe se hizo el 23 de julio del 2019. Era el cuarto que ejecutaba en apenas cinco días. Las alarmas no tardaron en saltar entre los titulares de las cuentas bancarias y empezaron a mirar con lupa lo que estaba pasando. Se descubrieron decenas de transferencias no justificadas, así como retiradas de dinero para hacer pagos por gestiones o servicios inexistentes.
El asunto acabó en los tribunales y consta en el informe que ha presentado el ministerio público que la acusada llegó a devolver una parte del dinero del que se apropió. Así, a estas alturas ha reintegrado ya 10.590 euros, lo que implica un reconocimiento de su acción ilícita. En todo caso, a los perjudicados les quedarían todavía por recuperar otros 11.841 euros.
Último juicio del año
La vista por este asunto está señalada para el 14 de diciembre. El tribunal ha fijado las nueve y media de la mañana para el comienzo del juicio, en el que se han personado los propietarios como acusación particular. Con este asunto el alto tribunal ourensano cierra su calendario de señalamientos del año 2023.