Junts logra que el PSOE acepte eliminar del decreto ley el obstáculo a la amnistía
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También consigue el traspaso de la competencia en migración a la Generalitat
11 ene 2024 . Actualizado a las 13:55 h.El Gobierno logró este miércoles sacar adelante dos polémicos decretos «in extremis», el conocido como ómnibus por el grupo de variadas medidas que incluye, entre ellas algunas en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, así como un segundo que contempla medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, y para paliar la sequía. Este último tuvo que ser votado por segunda vez tras un empate. Fue en ese segundo intento cuando Junts se abstuvo a cambio de varias cesiones por parte del Gobierno. Estas son las anunciadas:
Proteger la amnistía
Ley de Enjuiciamiento Civil. El 19 de diciembre, el Gobierno aprobó el decreto que incluye una reforma del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil añadiendo un punto en el que se afirma que, «si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver, podrá suspender motivadamente [sic] el procedimiento». Eso, a juicio de Junts, podría ser utilizado por los jueces para paralizar la aplicación de la ley de amnistía. El decreto ley aprobado ayer tendrá que ser parcialmente derogado para contentar a los de Carles Puigdemont y eliminar ese texto.
inmigración
Traspaso de gestión y fondos. El Ejecutivo se ha comprometido, según anunció Junts, a la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. En concreto, según explican, se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución a través de una ley orgánica específica para Cataluña. Una delegación que según Junts irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a la comunidad hacer una política integral, para que sea el Parlamento catalán el que diseñe una política propia. Aunque ha sido Junts el que ha logrado este traspaso, la gestión correrá a cargo del Ejecutivo de Pere Aragonès, íntegramente de ERC. Varios alcaldes habían pedido en los últimos días poder expulsar a los inmigrantes multirreincidentes, como la regidora de Ripoll.
Digitalización en justicia
Cinco millones de euros. Desde la formación independentista aseguran que el pacto alcanzado con el PSOE incluye también quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia en Cataluña, que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.
fiscalidad
Deuda histórica y concierto económico. El Gobierno deberá hacer públicas de modo inmediato las balanzas fiscales, un cómputo del déficit del Estado con Cataluña que los posconvergentes usarán para pedir la extinción de la «deuda histórica» y reclamar la aprobación de un concierto económico como el del País Vasco. Durante la última reunión de Pedro Sánchez con Aragonès, el jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto a reconocer una financiación singular para Cataluña, pero Junts se quiere apuntar también el tanto.
iva cero para el aceite
La única medida para el Estado. El Gobierno se comprometió con Junts a que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0 %. Es la única medida adoptada que beneficiará a todo el Estado.
Además, el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público, lo que probablemente se extienda al resto de autonomías, y se reconocen también los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
Pactan incentivar la vuelta de empresas a Cataluña mientras el valenciano Mazón habla de «extorsión»
Junts asegura haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno a cambio de medidas como modificar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP del 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña que salieron de la comunidad a raíz del procés. Un acuerdo que llega después de que estos días la formación de Puigdemont lanzase la posibilidad incluso de «sancionar» a aquellas que no volviesen. La propuesta había cosechado el rechazo de miembros de Junts como Xavier Trias. El presidente de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona afirmó el martes que no está de acuerdo con sancionar empresas ni con premiarlas. Abogó Trias por que «se entienda en qué condiciones se fueron» dichas compañías y aseguró que algunas habían sido amenazadas para que salieran de Cataluña.
Las propuestas de Junts encendieron los ánimos en el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien prometió defender jurídicamente y proteger a las empresas que se instalaron en la Comunidad Valenciana desde Cataluña tras el procés. Cifró en 974 estas «empresas que ya son de la Comunidad Valenciana» y aseguró que la propuesta de Junts demuestra que «el nacionalismo ha fracasado y solo le queda la extorsión». «No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses», insistió Mazón, y adelantó que defenderá a las empresas instaladas en Valencia mediante «un plan de estabilización y apoyo» e incluso con un recurso de inconstitucionalidad.
Desde el Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes valencianas, Miguel Barrachina registró ayer una proposición no de ley para instar al Gobierno central a no establecer sanciones ni beneficios fiscales para que regresen a Cataluña las 974 empresas que se trasladaron a Valencia. El PP invitó a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y al expresidente Ximo Puig a que se «manifiesten junto a los valencianos» y «digan ‘no' a la salida forzada de empresas que ya son libremente valencianas».