La ley de amnistía: ingeniería legislativa a medida de políticos, asesores, miembros de los CDR y personal electoral
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Los policías dicen que no tienen por qué ser amnistiados, que hicieron su trabajo
30 ene 2024 . Actualizado a las 08:30 h.La elaboración del texto de la ley de amnistía que este martes se debate en el pleno del Congreso es quizás la ley orgánica, junto con las del divorcio y el aborto, más polémica de la democracia, por las posturas radicalmente opuestas de los dos grandes bloques ideológicos. Por ello, los muñidores del texto, PSOE, Junts y ERC, han tenido que hacer ingeniería legislativa para evitar que las consecuencias de su contenido no difieran del objetivo de este: exonerar de toda culpa a los independentistas catalanes desde el 2012, políticos y sociedad civil, que lanzaron un órdago secesionista al Estado cuyos dos momentos álgidos fueron en octubre del 2017, con la celebración de un referendo ilegal, y en el 2019, con las protestas violentas contra la sentencia del Tribunal Supremo. Malversación, desobediencia y terrorismo son los principales cargos.
Pero ¿a quiénes va dirigida la ley? No se conoce una cifra exacta de los beneficiados, que rondarían los tres mil. Podrían establecerse al menos tres categorías de afectados por la ley, siempre y cuando se logre aprobar y el Tribunal Constitucional confirme que respeta la carta magna.
políticos
Huidos. El perdón va destinado principalmente al expresidente Carles Puigdemont (12 años de cárcel por malversación agravada), huido a Bélgica, pero también a los demás fugados en el 2017: los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. Asimismo, a la exdiputada de ERC Marta Rovira y al exconsejero de Interior Miquel Buch, quien fichó al mosso Lluís Escolà para que ejerciera de escolta de Puigdemont (y que ahora también queda protegido).
Condenados. El exvicepresidente Oriol Junqueras fue condenado por sedición e indultado. Con la amnistía se le borrarán los antecedentes penales, al igual que a la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Por su parte, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila, condenados solo por desobediencia, no fueron a la cárcel. Sí estuvieron en ella Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente. Otros sentenciados que se verán favorecidos por la medida de gracia son el expresidente Artur Mas, que organizó una consulta en el 2014; la exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau. El expresidente Quim Torra, condenado por desobediencia en el 2020, es otro de los agraciados. Al igual que los integrantes de la Mesa de la Cámara catalana Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado, Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. Y que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.
Investigados. El actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, fue secretario general de Hacienda con Junqueras, y Josep Maria Jové, exsecretario de Economía y Hacienda. Ambos están investigados por organizar el 1-O. Además, hay una treintena de ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, así como los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchís y Saül Gordillo, respectivamente, a los que les beneficiará el paraguas de la amnistía. Más de 700 ediles tuvieron causas abiertas, pero solo 78 fueron procesados, y a 65 se les archivó la causa, la mayoría por desobediencia y prevaricación. Entre ellos, dos concejales de Pineda de Mar que coaccionaron a los dueños de hoteles para que no acogiesen a policías. Todos ellos estarán protegidos.
sociedad civil
Tsunami Democràtic. La causa de la organización de los disturbios la lleva la Audiencia Nacional. El juez García-Castellón sitúa en la cúspide a Puigdemont y a Rovira. Los acusa de terrorismo por la revuelta de octubre del 2019, con la toma de El Prat incluida, y por las lesiones de manifestantes a policías. En este apartado entrarían el empresario Oriol Soler y activistas como Josep Campmajó.
CDR y alborotadores. El sumario que se sigue contra una docena de activistas de los comités de defensa de la república (CDR) en la operación Judas por terrorismo será archivado. Los cedeerres son los autores de los disturbios. Algunos fueron detenidos con materiales explosivos y listados de objetivos. El grupo de alborotadores encausados es numeroso, pero solo unos pocos fueron condenados por desórdenes, desobediencia o atentado a la autoridad.
Personal electoral. Para realizar el referendo ilegal del 1-O fueron necesarios cientos de actores, como los directores de los colegios para su apertura, pero también personal para las mesas y los cinco integrantes de la Sindicatura Electoral, entre ellos la consejera de Feminismos, Tània Verge, y el exdiputado Josep Pagès (Junts), que serán amnistiados.
fuerzas del orden
La policía, en contra. La amnistía eximirá de responsabilidad a la mayoría de los 45 agentes de la Policía Nacional procesados por las cargas del 1-O y a los 27 policías y un guardia civil enviados a juicio por delitos de lesiones en Gerona. Ellos no quieren ser amnistiados. Dicen que no tienen por qué serlo, que solo hicieron su trabajo. Quedan excluidos del perdón los investigados por delitos de torturas, tratos inhumanos o degradantes. La querella contra Enrique Millo, ex delegado del Gobierno en Cataluña en el 2017, quedará archivada.
tribunal de cuentas
Diez millones. A una treintena de ex altos cargos se les exige el pago de 5,5 millones de euros por desvío de fondos públicos. Las mayores cantidades recaen en el ex secretario general del Diplocat Albert Royo (3,6), Mas (2,8), Puigdemont y Junqueras (1,9 cada uno). Hay que añadirles los 4,1 millones en los que se fijó el coste del 1 de octubre.