Junts vota «no» a la ley de amnistía y retrasa su aprobación para seguir negociando
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El texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios
30 ene 2024 . Actualizado a las 21:34 h.La proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE ha sido rechazada por el pleno del Congreso al no contar con los votos de Junts, con lo que se retrasa su tramitación: el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios.
Junts confía en que el PSOE aún ceda en sus enmiendas clave, con las que pretende amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el «procés» pero los socialistas han decidido ponerle freno y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dejado poco margen a nuevas modificaciones: «La ley de amnistía entró impecable y constitucional a esta cámara y así saldrá».
Lo hará más tarde de lo previsto ya que la Comisión de Justicia tiene ahora un mes para decidir si se aceptan nuevas modificaciones, aunque el plazo podría reducirse a la mitad al tramitarse la ley por vía urgente.
171 síes frente a 179 noes
Tras nuevas negociaciones «in extremis», el PSOE ha rechazado este martes las enmiendas de los independentistas catalanes y la ley ha sido apoyada por 171 diputados, insuficientes para superar al bloque del 'no' formado por PP, Vox, CC y UPN al que se ha unido Junts y que ha sumado 179 votos.
La formación que lidera Carles Puigdemont ha preferido el retraso a aprobar una ley que, según su portavoz, Miriam Nogueras, no fue lo que se pactó con el PSOE y «tiene agujeros que la Justicia prevaricadora española puede aprovechar para dejar la ley en papel mojado». «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos», ha afirmado Nogueras con la mirada puesta en procesos como el caso Tsunami, donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga posibles delitos de terrorismo; o el Volhov, en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, indaga en una presunta trama rusa relacionada con el «procés».
Bolaños, por su parte, ha considerado «absolutamente incomprensible» que Junts haya votado en contra de la ley, ha pedido que reconsidere su posición y ha salido en defensa de los jueces atacados en el pleno. Duras críticas vertidas por la mayoría de los portavoces de los grupos socios del Gobierno, que han acusado a los jueces implicados en casos del 'procés' de prevaricar y alinear su agenda con la tramitación de la ley de amnistía.
Para el PP es «difícil una humillación mayor» al Gobierno de Pedro Sánchez que la provocada por Junts en la tarde de este martes. «El PSOE no se ha plantado, al PSOE lo han plantado», ha afirmado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, mientras que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, auguraba nuevas cesiones del Gobierno, incluida la alta traición.
Desde la tribuna de invitados ha seguido el debate el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien tras la votación ha lamentado que la ley no siga su trámite en el Senado ya que era «buena», «robusta» y daba cobertura y garantía jurídica a los encausados por el «procés». El revés de la jornada no hace dudar al Gobierno de que la legislatura, necesitada de los votos de Junts para aprobar las principales leyes, continuará: «Nos quedan tres años y medio y vamos a seguir apostando por derechos, empleo y convivencia», ha asegurado Bolaños.
Las enmiendas de la polémica
Las principales enmiendas que defiende Junts y que han hecho encallar la ley en el pleno buscan ampliar el paraguas de la amnistía «para que no se quede fuera nadie». Plantea así cubrir todos los delitos de terrorismo relacionados con el «procés» y también la traición, los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional.
La formación independentista quiere adelantar dos meses el periodo de la amnistía para que comience el 1 de noviembre de 2011 y propone asimismo, sin citarlo, luchar contra el «lawfare». La amnistía, a su juicio, debería comprender las acciones «atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito», informa EFE.