Del hermano de Ayuso a las comisiones millonarias de Luceño y Medina, otros precedentes
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El caso del exasesor de Ábalos es uno de una larga lista de irregularidades detectadas en los peores momentos de la pandemia del covid-19
26 feb 2024 . Actualizado a las 11:58 h.La llamada operación Delorme en la que está implicado el antiguo asesor del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, es una más en una larga lista de casos, algunos de gran proyección mediática, que se sucedieron en el 2020, en los peores momentos de la pandemia del covid-19. Las mascarillas se convirtieron en un elemento de primera necesidad y no había producción para tanta demanda. Durante el Estado de alarma se suprimieron todas las trabas en las contrataciones y se pasó a procedimientos de urgencia en los que las administraciones pueden designar a dedo al contratado. Se suprimieron los estándares convencionales de control que buscan es evitar comportamientos delictivos. Surgió así un campo abonado para el negocio fácil, como se ha demostrado en el tiempo. Dos años después de la pandemia, algunos casos se han archivado y otros están pendientes de sentencia judicial.
el hermano de ayuso
Crisis interna en el PP. La presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso —un asunto archivado por la Fiscalía europea— fue el caso más mediático, con una trascendencia más allá de lo penal. Desató una guerra interna dentro del PP por el presunto espionaje organizado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid debido al contrato relacionado con su hermano que finalmente desembocó en la salida del entonces presidente del partido, Pablo Casado.
el más rocambolesco
San Chin Choon y seis millones en comisiones. Tenía los ingredientes perfectos para un cóctel mediático explosivo. Los protagonistas, Luis Medina, el hijo de la modelo Naty Abascal y el que fuera duque de Feria, junto a su socio, el empresario Alberto Luceño, como presuntos responsables del cobro de comisiones millonarias por la adquisición de material básico para prevenir la pandemia en una operación encargada por el Ayuntamiento de Madrid. Además, las mascarillas y guantes los suministraba un empresario chino llamado San Chin Choon.
Medina y Luceño están imputados por los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Ya se ha abierto juicio oral. El fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol, solicita una condena de nueve años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años en el caso de Alberto Luceño.
El ministerio público detalló en su informe que la intención de ambos acusados «fue la de enriquecerse exageradamente a costa de una situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador». El empresario San Chin Choon fue la persona que suministró el material sanitario a los investigados para su venta al consistorio, que abonó casi 11 millones de euros, de los que seis acabaron en manos de los comisionistas. Se compraron un Ferrari, un Lamborghini, tres Rolex de oro, una casa en Pozuelo y se pagaron una lujosa estancia en Marbella de diez días con lo conseguido en la operación.
más casos
Altas comisiones. También siguen vivos otros procedimientos que afectaron a altos cargos políticos. El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona envió a prisión al entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería Óscar Liria, tras su detención por supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario. Liria habría cobrado entre 200.000 y los 400.000 euros, es decir, hasta un 20 % del valor del contrato adjudicado por la Diputación de Almería a la mercantil Azor Corporate Ibérica S.L. para la adquisición de material sanitario en abril del 2020.
Querellas contra el Ejecutivo de Sánchez. La polémica de las mascarillas salpicó también al Ejecutivo central con 30 denuncias y 20 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, algunas sobre la contratación de material fallido, que el Supremo rechazó por no estar debidamente justificada la autoría de los hechos y acordó remitirlas a los juzgados ordinarios para continuar con las investigaciones.