Quién es quién en la trama de las mascarillas

María Salgado
María Salgado REDACCIÓN / LA VOZ

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La presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas
La presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas

Hay siete implicados principales en el caso Koldo, aunque no se descartan nuevos imputados

28 feb 2024 . Actualizado a las 10:59 h.

Desde tiempos de Calígula, el emperador romano que nombró cónsul a su caballo, la corrupción se ha reproducido entre el enquistamiento y la impunidad. Usar el poder público para el beneficio privado casi siempre precisa de una red, un rompecabezas, un entramado delictivo donde cada pieza tiene una función. En la presunta red corrupta del caso Koldo, de cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas en plena pandemia, había un cerebro o jefe en la sombra, un enlace o conseguidor, un comisionista, una empresa instrumental, cuatro colaboradores necesarios, varios beneficiarios y algún testigo, que guardará silencio o no. Tras las catorce detenciones ejecutadas el pasado miércoles, hace hoy una semana, en el marco de la operación Delorme, son siete los implicados que figuran en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, aunque no se descartan nuevos imputados a medida que avancen las pesquisas.

El conseguidor

Koldo García. La cara más mediática de la trama es el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, que este martes se pasó al Grupo Mixto en el Congreso y fue suspendido de militancia por el PSOE. Koldo García, que también fue consejero de Renfe y vocal del consejo rector de Puertos del Estado, habría sido el enlace o conseguidor de contratos públicos para la venta de material sanitario en marzo y abril del 2020, durante la pandemia de covid, de la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Esta intermediación le reportó unos beneficios ilícitos de 1,5 millones —calcula la Fiscalía—, que invirtió en la compra de propiedades. Un incremento patrimonial que el exescolta intentó ocultar a través de sus familiares. De hecho, llegó a poner a nombre de su hija de dos años un piso recién adquirido sin hipoteca en Benidorm. Está en libertad provisional, debe comparecer en el juzgado cada quince días, tiene prohibido salir del país y le han retirado el pasaporte. Se acogió a su derecho a no declarar, al igual que los otros tres detenidos que fueron puestos a disposición judicial: Víctor de Aldama, Iñigo Rotaeche y Joseba García.

El comisionista

Víctor de Aldama. El presidente del Zamora Club de Fútbol es la cabeza visible de la rama empresarial del caso. Los investigadores lo sitúan como el comisionista de la trama de corrupción y lo vinculan con el empresario Juan Carlos Cueto, con quien habría urdido este «proyecto conjunto» para acceder a los contratos públicos. Víctor de Aldama, que contactó, «al menos en una ocasión», con Koldo García para agilizar trámites con el ministerio, se embolsó 5,5 millones, casi el 10 % de las adjudicaciones. Permanece en libertad provisional, bajo las mismas medidas cautelares que García.

 El cerebro

Juan Carlos Cueto. Este empresario dueño del Grupo Cueto, señalado en el auto del juez Ismael Moreno como el cerebro o el jefe en la sombra de la trama, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional porque la semana pasada se encontraba fuera de España. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que le prohíba salir de España sin autorización judicial. Es el mayor beneficiario de la red, ya que obtuvo 9,6 millones, según cifran los investigadores. Juan Carlos Cueto no es un novato en el banquillo de los acusados. Está pendiente de juicio oral por el caso Defex, como uno de los imputados por corrupción en la venta de material policial a Angola, una causa por la que le piden 55 años de cárcel.

La empresa instrumental

Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Esta sociedad zaragozana, que en el 2019 tenía una cifra de negocio de cero euros, logró que le adjudicaran nueve contratos públicos por valor de 53,13 millones en el 2020. Anticorrupción apunta que «parte de las ganancias» obtenidas por esta empresa fueron transferidas a sociedades de Brasil y Luxemburgo «con el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero».

 El empresario vasco

Iñigo Rotaeche. Figura como propietario, junto a Luis Presa, de Soluciones de Gestión, una firma que, según la Fiscalía, estaría realmente controlada por el Grupo Cueto. El empresario vasco sigue en libertad provisional, no puede dejar el país y le retiraron el pasaporte.

 El hermano

Joseba García. El hermano de Koldo jugó el papel de colaborador necesario para ocultar la titularidad de los inmuebles adquiridos con los beneficios de la trama. Empleado del Ministerio de Transportes, Joseba García ingresó casi 270.000 euros del 2020 al 2022, y compró un vehículo a una sociedad propiedad de Víctor de Aldama. Está en libertad provisional, pero sin ninguna restricción personal.

 La esposa tapadera

Patricia Uriz. La mujer de Koldo García y excargo de los socialistas navarros —la suspendieron de militancia— es titular de la mayoría de propiedades adquiridas gracias al incremento patrimonial de la familia en 1,5 millones.

 El guardia civil

José Luis Rodríguez. Este subteniente del instituto armado destinado en el Ministerio de Transportes se reunió con García en una marisquería de Madrid en varias ocasiones del 2022 al 2023, y es «una pieza clave en la gestión de los contratos investigados», según el juez. Consta como empleado del grupo Cueto, usa uno de sus vehículos y compró fincas rústicas en Carballeda de Valdeorras con las mordidas de los contratos.

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El juez toma declaración al «jefe en la sombra» de la presunta red de corrupción

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno toma declaración este miércoles, a las 9.30 horas, al empresario Juan Carlos Cueto, el cerebro o «jefe en la sombra» de la presunta trama de corrupción de cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Cueto como la «persona que realmente controla la empresa Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto», aunque esta figure como propiedad de Íñigo Rotaeche. El Ministerio Público destaca su «liderazgo», ya que los investigados daban novedades y pedían permiso a Cueto «para la toma de decisiones».