Illa designó adjudicataria de mascarillas para Galicia a una empresa del caso Koldo
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El Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo con la UTE Ferrovial-Soluciones de Gestión
04 mar 2024 . Actualizado a las 20:16 h.Dice que siente «tranquilidad de conciencia y espíritu», pero frente a la trama de las mascarillas no solo hay que ser honorable, sino parecerlo. El ministro de Sanidad en plena pandemia, el socialista catalán Salvador Illa, aseguró hace una semana que «no salió ni un solo euro del ministerio hacia la empresa» Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas S.L., la principal firma investigada por el caso Koldo, sin embargo, sí la designó como adjudicataria parcial de dos lotes de material sanitario, según consta en el sumario al que ha tenido acceso La Voz de Galicia.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente de la cartera de Sanidad, firmó el 22 de diciembre del 2020 el Acuerdo Marco 2020/070 con una UTE —unión temporal de empresas— formada por Ferrovial y Soluciones de Gestión, para la adjudicación parcial, junto a otras firmas, de dos lotes de mascarillas. Los productos objeto de licitación del lote octavo eran tapabocas con eficacia de filtración FFP2 que esta UTE ofreció por un precio unitario de 1,13 euros, aunque posteriormente lo abarató hasta 0,90 euros debido a un cambio de fabricante. El lote noveno correspondía a las de tipo FFP3, que fijó en 2,09 euros. Entre las Administraciones que podían contratar el último lote figura la comunidad autónoma de Galicia.
¿Cuándo se formó la UTE de Ferrovial y Soluciones de Gestión?
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que la UTE entre Ferrovial y Soluciones de Gestión se creó el 9 de diciembre del 2020 y estaba representada por el director de Infraestructuras de la primera, Salvador Urquía Grande, que firma el acuerdo marco junto al entonces presidente de Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, que fue interrogado por el juez de instrucción número 26 de Madrid por una causa que sigue abierta, pese a que la Fiscalía pidió que fuera archivada. Además, los investigadores del instituto armado señalan que quien puso en contacto a Ferrovial y Soluciones de Gestión fue MTM 180 Capital S.L., la sociedad con la que el presunto comisionista del caso Koldo y también presidente del Zamora C.F., Víctor de Aldama, recibió 5,5 millones en comisiones ilegales.
¿Cómo eran los dos lotes adjudicados a la red?
Según consta en el Anexo V del acuerdo marco, los productos objeto de licitación eran 52,4 millones de mascarillas FFP2, con un precio unitario sin IVA de 2,9006 euros, que sumaba 152,2 millones de euros, y 20,3 millones de tapabocas FFP3, con un precio unitario de licitación sin IVA de 4 euros, que alcanzaba un valor de 81,3 millones de euros. En resumen, casi 73 millones de mascarillas por 233,5 millones de euros.
¿Por qué disminuyó el precio por el lote octavo?
El sumario también incluye una resolución de la entonces directora del Ingesa, Belén Hernando, por la que se estima una solicitud de la UTE formada por Ferrovial y Soluciones de Gestión para incluir un nuevo producto en el lote octavo debido a un cambio de fabricante, que incluyó «mejoras técnicas del producto» y la minorización de su precio hasta 0,90 euros, IVA excluido.
¿Quién firma los documentos de la empresa investigada ?
El informe de la UCO que consta en el sumario destaca que «prácticamente todos los documentos que atañen a Soluciones de Gestión son firmados por José Ángel Escorial Senante», uno de los veinte detenidos en la operación Delorme, salvo uno signado por Valentín Alejandro Rodal Salgueiro, responsable del Grupo Malviva, una empresa de Vigo.
¿Se suministró finalmente el material sanitario?
De acuerdo con el informe de la Guardia Civil, «no se tiene conocimiento de que la UTE Ferrovial-Soluciones haya suministrado material sanitario y/o equipos de protección a las entidades participantes del acuerdo marco», ya que no recibieron ninguna oferta en firme para ello.
¿Qué información ha requerido a Ingesa el juez?
La Audiencia Nacional le ha requerido al Gobierno documentos relacionados con el acuerdo marco de 2.500 millones para adquirir material sanitario en el 2020. El juez Ismael Moreno quiere saber cuánto dinero se entregó y quiénes fueron los beneficiarios.
Tres juzgados madrileños y uno canario indagan también la compra de tapabocas
Al menos cinco tribunales continúan investigando presuntas irregularidades en la venta de mascarillas durante la pandemia cuatro años después de que se decretara el estado de alarma. Además de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, tres juzgados de Madrid y uno de Las Palmas de Gran Canaria investigan el cobro ilegal de comisiones para la adjudicación de contratos y otros delitos de malversación y contra la Hacienda Pública. El número de investigaciones en marcha podría ser incluso mayor si las causas se estuviesen instruyendo bajo secreto de sumario, señalan fuentes jurídicas.
56 contratos del Ingesa
Tras una querella de Vox, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga 56 contratos suscritos por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). El número 14 de la capital analiza un posible delito contra los trabajadores a raíz de las mascarillas «defectuosas» que habría repartido el Ministerio de Sanidad. En la misma ciudad, el titular de Instrucción número 47 envió a juicio a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, por estafar al Ayuntamiento y falsificar documentos. Y el número 30 de la capital tiene abierta una causa por otra estafa de 1,25 millones al Consistorio por la compra de 500.000 mascarillas en marzo del 2020.
En Las Palmas, el Juzgado de Instrucción número 5 investiga a cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública tras la venta de material sanitario durante la pandemia al Servicio Canario de Salud por 22,9 millones de euros.
Koldo García pidió una rebaja a Iberia, según Soluciones de Gestión
El asesor del exministro de Fomento José Luis Ábalos, Koldo García, investigado por la presunta trama de las mascarillas, habría mantenido contactos con Iberia «para obtener una rebaja en precios», según alegó la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. ante la Agencia Tributaria. Así consta en un informe de este organismo fechado el pasado 2 de febrero, remitido a la Audiencia Nacional y que forma parte del sumario, al que ha tenido acceso este diario.
El también investigado Víctor de Aldama habría mediado con Iberia y Air Europa «y cobrado por ello, consiguiendo una rebaja de precios sustancial», aunque ambas aerolíneas negaron los hechos. Iberia concretó que 12 de los 87 vuelos que hizo entonces entre aeropuertos de China y Madrid para el transporte de mascarillas fueron contratados por Soluciones de Gestión, pero apunta que cobraba el precio de coste para cubrir gastos, sin beneficio alguno para ellos dado el carácter humanitario de la operación. «A todos los organismos, instituciones y empresas que contrataron los 87 vuelos con Iberia se les ofrecieron exactamente las mismas condiciones», recalcó la compañía.