La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por hacer de intermediario en la compra de mascarillas
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Según desvela elDiario.es, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, intentó ocultar estos beneficios a Hacienda por medio de facturas falsas
13 mar 2024 . Actualizado a las 13:43 h.El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo su origen en comisiones de dos millones de euros que cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, según elDiario.es.
El citado medio explica que el modus operandi que presuntamente utilizó la pareja de Ayuso para no pagar los impuestos de esas operaciones derivó en una denuncia por parte de la Fiscalía de Madrid, que se ha conocido este martes, a raíz de un informe de la Agencia Tributaria. El fiscal acusa a la pareja de Ayuso, y a otras cuatro personas más, de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
La Agencia Tributaria sostiene que por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, «se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público». Según el citado medio, todo está escrito en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad íntegra de Alberto González, remitió a la Agencia Tributaria, que concluyó en la denuncia: de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa de la pareja de Ayuso casi el 85 %, 1.973.000 euros, procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de una única operación: un contrato por «intermediar» para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus.
Cabe señalar que el PP denunció ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecutivo central durante la pandemia, presentando «pruebas» de las presuntas irregularidades y, entre las empresas objeto de investigación, se encontraba 'FCS Select Products SL'. Según el PP, esta adjudicación era causa de la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Además, el PP añadía a esto que su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- tampoco tenía relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros, mientras que en 2020 alcanzó los 236,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.
«Mero intermediario»
La Inspección de Hacienda describe a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como «un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos» y destaca que «en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo», recoge el citado medio.
Así, FCS Select Products pagó supuestamente a la empresa de la pareja de la presidenta madrileña 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros.
Mape, la compradora del material, es otra empresa que también surtió de guantes y mascarillas a diferentes administraciones públicas. Entre sus clientes estaría la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años, explica ElDiario.es.
Por su parte, El País ha publicado que su empresa facturó 1.009.527,02 euros a la compañía FCS Select Products SL, que hasta la pandemia se dedicaba a las bebidas energéticas, y las facturas emitidas para tratar de ocultar los beneficios reales estaba bajo el concepto «comercialización de clientes». Dos años después, el PP de Madrid, denunció a FCS Select ante la Fiscalía Anticorrupción por sus contratos con la Administración central, que superaron los 263 millones.
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Los detalles de la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Según la denuncia, que ha adelantado elDiario.es y a la que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público la presentó el pasado día 5 de marzo ante los juzgados de Madrid sobre unos movimientos sospechosos de las sociedades de González Amador, pareja desde 2021 de Díaz Ayuso, por su enriquecimiento durante la pandemia.
A él y a las otras cuatro personas se les acusa de dos supuestos delitos contra la hacienda pública por defraudar 350.951 euros en el impuesto de sociedades y de un delito de falsedad en documento mercantil por aportar facturas que no se correspondían con los servicios realmente prestados, «con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».
La Fiscalía recibió el pasado 22 de enero un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallaban las supuestas actividades irregulares de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Medioambiente, de la que González Amador era administrador único durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, y un día después abrió diligencias penales.
«Se ha detectado que en dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, se llevaron a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados», refleja el documento.
La denuncia aún no ha recaído sobre ningún juzgado de Madrid y, en el momento en que lo haga, será el magistrado en cuestión quien decida si la admite a trámite, han precisado a Efe fuentes jurídicas.
El Ministerio Público ha solicitado que el juez que asuma la causa tome declaración en calidad de investigados a los cinco implicados, así como la citación como peritos a los inspectores de Hacienda que desde mayo de 2022 elaboraron los informes.
Más allá de González Amador, los otros cuatro supuestos implicados son Maximiliano Eduardo N.G, David H.L., Agustín C.S. y José Miguel C.S., administradores de siete mercantiles que según la denuncia giraron las facturas.
Entre ellas, por ejemplo, la sociedad mexicana Mke Manufacturing, cuyo representante es Maximiliano Eduardo N.G., en el ejercicio de 2020 dedujo una factura por importe de 630.000 euros, pero no realizó ningún servicio o trabajo para la empresa de la que era administrador González Amador.
Durante 2021 se realizó la misma operación otras 14 veces con diversas compañías, entre ellas una costarricense, Gayani Ltd, en la que también figura como socio y representante el anteriormente citado y que emitió una factura por importe de 922.585 euros.
En el mismo año, refleja el documento, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, «de la que es socio único y administrador Alberto González Amador».
«Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman & Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener», señala.
Feijoo asegura que Ayuso «no tiene ninguna inspección»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso «no tiene ninguna inspección» de la Agencia Tributaria y ha añadido que será su pareja, Alberto González, el que tendrá que «responder ante Hacienda como hace cualquier ciudadano cuando se abre una investigación por entender que no se ha cumplido de forma «correcta».
En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, el presidente del PP ha subrayado que es la «pareja» de Ayuso la que «tendrá que responder ante la Agencia Tributaria» como ocurre cuando «cualquier ciudadano» en España «tiene una inspección de la Agencia Tributaria».
Así, ha dicho que si la Agencia Tributaria entiende «que no ha cumplido sus compromisos correctos, pues tendrá un problema esa persona» con Hacienda. «Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso, no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria», ha resaltado.
Antes de las palabras de Feijoo en Onda Cero y de la propia explicación de Ayuso, a primera hora del día era el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, el que reclamaba a la presidenta que diese explicaciones sobre la denuncia contra su pareja por presuntos delitos económicos, si «sabía algo», y que aclarase «si la compra de ese piso de un millón de euros (en el que vive la pareja) ha podido realizarse, en parte, con dinero defraudado a todos los españoles».
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, manifestaba tras el Consejo de Ministros que veía «fundamental» que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, comparezca en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de la pandemia para dar cuenta de la denuncia de la Fiscalía contra su pareja por un tema fiscal. Asimismo, le ha criticado que sea muy locuaz para insultar a los demás y muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades: «Más transparencia y menos fruta».
Además fuentes del Gobierno dan más importancia a este caso que a los señalamientos contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por su relación con Air Europa en las fechas en que la aerolínea fue rescatada con más de 600 millones de euros de dinero público. En este sentido indican que no se pueden comparar «bulos» con los señalamientos que hace la Fiscalía, en referencia a la denuncia contra la pareja de Ayuso, un caso que a su juicio parece «bien armado» por el Ministerio Fiscal.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, también ha pedido explicaciones a Díaz Ayuso después de denunciar que además de la actual pareja de la presidenta madrileña, otros miembros de la familia de la dirigente «utilizan lo público como si fuera un botín», mencionado a sus padres, a su hermano y a una expareja. «Esto en las familias normales no pasa», ha ironizado. «Todo lo que le rodea acaba haciendo negocios y negocios suculentos con la Comunidad de Madrid», ha insistido.