El PP planteará un conflicto entre el Senado y el Congreso por la ley de amnistía

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El Gobierno desoye el informe de los letrados de la Cámara Alta y apela al Constitucional

20 mar 2024 . Actualizado a las 09:23 h.

El PP tiene previsto plantear un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado. Los populares pedirán al Congreso en un pleno del Senado que retire la ley de amnistía. Así lo afirmó la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, durante su interpelación al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Después de que el Senado plantee el conflicto en un pleno, el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Si el Congreso no contesta, la norma seguiría en todo caso su tramitación en las dos cámaras.

En su respuesta a la senadora popular, el ministro Bolaños reprochó al PP que haya «convertido el Senado en una cámara dilatoria y obstruccionista».

A pesar de las dudas expresadas por los letrados, la Mesa del Senado, con mayoría del PP, admitió a trámite la proposición de ley de amnistía aunque decidió seguirla por el procedimiento habitual y no por urgencia, lo que podría demorar hasta dos meses la tramitación en la Cámara Alta. El 16 de mayo sería la fecha límite en la que el Senado debería devolver la ley al Congreso para que sea votada de nuevo.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, llevó a votación en al Mesa la ley de amnistía, tal y como habían recomendado los letrados, pero incluyendo dos informes jurídicos. Uno, el que se señala la obligación constitucional de tramitar la norma y otro sobre la inconstitucionalidad y los defectos de la tramitación previa en el Congreso.

Vox pide plantear al conflicto

Los senadores de Vox presentaron también un escrito a la Mesa del Senado para que inicie los trámites dirigidos a plantear un conflicto entre órganos constitucionales con el Congreso sobre la amnistía y exigirle que retire la proposición de ley.

El informe de los letrados del Senado, en el que se señala que la ley de amnistía es una «reforma de la Constitución encubierta», ha provocado también un choque con el Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, recordó tras el Consejo de Ministros que solo corresponde al Tribunal Constitucional determinar si una norma se ajusta o no a la Carta Magna.

La portavoz del Gobierno expresó su respeto por el informe de los letrados del Senado conocido el lunes y que sirvió de base a la Mesa de la Cámara Alta para admitir a trámite la ley de amnistía a pesar de las dudas sobre su constitucionalidad. «La posición del Gobierno de España con la ley de amnistía es idéntica, la misma que tiene Europa y que además nos lo ha trasladado con absoluta claridad a través también de la Comisión de Venecia», afirmó Alegría.

Según el criterio del Gobierno, la Comisión de Venecia «avala claramente, de manera rotunda, la ley de amnistía», a pesar de que el órgano consultivo del Consejo de Estado aconsejara que una ley de este tipo se adopte por mayoría cualificada, y no solo por mayoría absoluta en el Congreso.

Según Alegría, la Comisión de Venecia «traslada tres principios básicos», que son que la ley no afecta al principio de igualdad entre españoles ni a la separación de poderes porque la última palabra siempre la tienen los jueces, y que no es necesaria una reforma de la Constitución, sino que se puede hacer a través de una ley orgánica.