Vox se querella contra Salvador Illa por la compra de mascarillas por 623 millones de euros durante la pandemia

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Salvador Illa, durante un consejo de alcaldes en Barcelona.
Salvador Illa, durante un consejo de alcaldes en Barcelona. Andreu Dalmau | EFE

Aseguran que se adquirió material defectuoso con el conocimiento del entonces ministro

24 mar 2024 . Actualizado a las 10:12 h.

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Salvador Illa por la compra de mascarillas por valor de 623 millones de euros durante la pandemia, período en el que el socialista estuvo al frente del Ministerio de Sanidad.

La formación dirigida por Santiago Abascal ha atribuido en un comunicado al entonces ministro Illa «graves irregularidades» en la compra de material sanitario y fundamenta su querella en presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, tráfico de influencias y fraude.

La coordinadora Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, ha aducido que, bajo el marco del Real Decreto Ley 7/2020 -por el que suspendieron las trámites burocráticos habituales para responder al impacto del coronavirus-, se ejecutaron 56 contratos por valor de 623 millones de euros de «forma negociada, sin publicidad, y prescindiendo de todo procedimiento administrativo».

Muchos de ellos, ha incidido Castro, con adjudicatarios en los que «no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno, ni en España, ni fuera del territorio nacional, lo que hace imposible su identificación y localización, hasta el punto de generar serias dudas sobre la misma existencia de los mismos».

Asimismo, Vox ha apuntado que el importe de los contratos provendría «en principio» de las arcas públicas, aunque ha dejado la puerta abierta a que los contratos «e pagaron irregularmente con fondos procedentes de la Unión Europea».

Castro ha detallado que las presuntas irregularidades habrían consistido en facilitar material defectuoso por carecer del mismo en el momento de la contratación, cuando debió ser este el criterio por el que objetivamente supuestamente se adjudicaba cada contrato a esas empresas y no a otras.

Así, la empresa «se habría asegurado el contrato y ganaría tiempo para prestar el servicio», ha apuntado Castro para seguidamente señalar que «al asegurarse el contrato, también se asegura, en su caso, la oportuna comisión».

La organización ha remachado que dichos contratos «se realizaron por parte del Ministerio de Sanidad, con conocimiento y autorización del ministro en todos los casos y por indicación, al menos, del entonces ministro».

Por todo ello, Vox ha pedido al Tribunal Supremo que interrogue al actual candidato del PSC para las elecciones catalanas, así como que llame a declarar a cargos de por aquel entonces tales como el director del Instituto de Salud Carlos III y el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.