Los fiscales gestan un nuevo Estatuto y piden a Bolaños el blindaje de su independencia
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Urgen que su responsabilidad disciplinaria acabe en el fiscal general y no en el ministro de Justicia
11 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La eterna reivindicación de la carrera fiscal va camino de hacerse realidad y le urge afrontarla con garantías. Si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) acaba viendo la luz, los fiscales serán los encargados —y no los jueces, como hasta ahora— de la instrucción penal, esa investigación previa para decidir si una causa llega a juicio oral. Esta nueva atribución acrecienta la necesidad de blindar la independencia de la institución y del fiscal general respecto del Ejecutivo, como le trasladó la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria del sector, al superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que el pasado 26 de marzo anunció su intención de dar «un impulso definitivo» a la nueva Lecrim, en barbecho desde la legislatura 2009-2011. «No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del XIX», valoró. Para encarar esta reforma, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propuso ayer a las tres principales asociaciones profesionales impulsar un nuevo Estatuto.
En la reunión del miércoles, que se repetirá el 7 de mayo, con los presidentes de la AF, Cristina Dexeus; de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga; y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, García Ortiz planteó un calendario y una metodología de trabajo para que todos los fiscales participen en los trabajos del nuevo Estatuto porque «solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura Lecrim».
Por un sistema «transparente»
En el encuentro, la AF insistió en la necesidad de blindar su independencia con un sistema transparente de adjudicación de asuntos y con transparencia, también, en la comunicación con el Gobierno. Coincidió con ella la APIF, que indicó que, tras la reforma del Estatuto, la responsabilidad disciplinaria de los fiscales debe acabar en el fiscal general y no en el ministro de Justicia. Una independencia imprescindible en aquellas causas penales de interés político.
Tras tres años esperando el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la nueva Lecrim, este podría llegar entre abril y mayo.