El BOE publica la ley de amnistía, que entra inmediatamente en vigor

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

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Oriol Junqueras celebra la aprobación de la ley de amnistía
Oriol Junqueras celebra la aprobación de la ley de amnistía Susana Vera | REUTERS

Se abre un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen. Junqueras y otros 36 encausados de ERC ya han presentado sus peticiones de aplicación

11 jun 2024 . Actualizado a las 10:33 h.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este martes la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, también conocida como ley de amnistía, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen.

El decreto, firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge la norma que el Congreso respaldó el 30 de mayo con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas, según recoge Europa Press.

La medida nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre del 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre del 2023.

Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre del 2014 como los del referendo independentista del 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, la norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democràtic, entre otros.

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no ha visto la luz hasta más de seis meses después, después de que la semana pasada reuniera el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Desde la publicación de la ley este martes, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla, según recoge Europa Press. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea. El diario oficial también abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.

El Gobierno dice que se cierra una «etapa de enfrentamiento»

Tras la publicación en el BOE de la ley de amnistía, el Gobierno ha destacado que la norma «ha seguido los cauces y plazos habituales de las normas tras su aprobación parlamentaria» y que «ha sido una pieza fundamental para el cierre de una etapa de enfrentamiento y división en la sociedad catalana».

«La norma ya ha demostrado su utilidad a la hora de abrir una nueva etapa de encuentro, diálogo y prioridades compartidas que la sociedad catalana consagró en las urnas el 12 de mayo y ratificó el pasado domingo», han indicado las fuentes del Ejecutivo, según recoge Efe.

Desde el Partido Popular, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado a través de su cuenta en X (antes Twitter) que «la página más negra del sanchismo ya está en el BOE».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado a través de un mensaje en X que «comienza una nueva batalla que en un Estado social y democrático de derecho de verdad no haría falta». Ha denunciado además que el Estado español y su cúpula patriótica-político-judicial, textualmente, demuestra cada día que «eso de que apliquen la ley no será sencillo».

Junqueras y otros 36 encausados de ERC presentan sus peticiones formales de aplicación de la amnistía

El objetivo de Esquerra es «cerrar las 37 causas que afectan a dirigentes del partido»

Las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC por el procés, incluido Oriol Junqueras, han presentado este martes por la mañana sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la ley de amnistía, según recoge Efe.

Una vez publicada la ley de amnistía, las defensas jurídicas de Esquerra han presentado este martes a las nueve de la mañana, «todos los escritos pidiendo que se aplique la ley», con la voluntad de «cerrar las 37 causas que afectan a dirigentes del partido», ha informado ERC, según recoge Efe.

Entre los encausados que piden la amnistía -algunos con dos y hasta tres causas abiertas- figuran el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell, entre otros. 

Recursos ante el TJUE

Según cálculos del Gobierno, las causas que se borrarían afectan a 372 personas; entre ellas 90 policías investigados por las cargas del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. Una de las posibilidades es que esos tribunales que tienen sumarios con imputados por el procés o los sucesos violentos de otoño del 2019 -tales como los juzgados de Cataluña, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo- presenten una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este analice si la exoneración de los delitos vinculados a la intentona secesionista del 2017 o los disturbios de Tsunami dos años después por la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas se ajusta o no al derecho comunitario.

La legislación europea fija que cualquier tipo de recurso suspendería de manera automática la aplicación de la medida de gracia hasta que el TJUE se pronunciara, pero el artículo 10 de la norma fija taxativamente que los recursos, «no tendrán efectos suspensivos». Esta, sin duda, es una controversia trascendental, cuya solución es difícil de prever.