Feijoo cree que, tras la amnistía, Sánchez será «chantajeado» con un adelanto electoral

Pablo Medina MADRID / LA VOZ

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, durante la reunión del comité ejecutivo del PP.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, durante la reunión del comité ejecutivo del PP. BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

Los barones del Partido Popular la tachan de «escándalo» de un «irresponsable» y Andalucía anuncia que la recurrirá

11 jun 2024 . Actualizado a las 22:41 h.

Una tromba de altos dirigentes del Partido Popular, encabezados por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijoo, salió el martes a cargar contra la Ley de Amnistía tras ser publicada en el BOE como parte del asedio político a la medida de gracia impulsada por el PSOE que inició el principal partido de la oposición hace meses. Una campaña a la que se unió también Vox, que sugirió a las instituciones del Estado que no colaboraran con una medida que consideran fuera de la ley.

En el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijoo mostró el descontento con la sanción de la amnistía y su publicación alegando que es uno de los numerosos «chantajes» a los que someterán las formaciones independentistas al Gobierno. Entre otros, la convocatoria de elecciones, que serán «cuando el independentismo quiera». «Va a mantener a Pedro Sánchez mientras le vaya resultando útil para sus intereses. Pero ya, tras la publicación de la amnistía, visto lo visto en Cataluña el martes, el señor Sánchez le resulta cada vez más inútil al independentismo», comentó al respecto, para añadir que «en las condiciones que tiene Sánchez, no debió de empezar esta legislatura nunca y tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad» posible.

Barones y Ejecutiva unidos

Junto a Feijoo, los barones territoriales del PP acudieron al órdago contra el perdón a los implicados en el procés. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que presentará un recurso a la norma y especificó que «los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía llevan trabajando desde hace ya unos diez días» en el texto. El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, destacó por su parte que la amnistía «ha sido uno de los mayores escándalos y ataques a la Constitución y a la Democracia». Un escándalo que, según el presidente murciano, Fernando López Miras, nace de «un presidente totalmente irresponsable que se encuentra en manos de fugados de la justicia». Manuel Domínguez, presidente del PP canario, pidió junto a sus colegas de partido un adelanto electoral porque «entendemos que los españoles en general merecemos opinar sobre qué pensamos al respecto de la amnistía» y «unas elecciones nacionales sería la única vía para saber qué opinan los ciudadanos».

También las figuras orgánicas del PP y algunos parlamentarios participaron de la carga masiva contra el perdón. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, cuestionó al Gobierno en el Senado cuál será el siguiente «pago» al independentismo, si un referendo o un sistema de financiación autonómica «exclusivo». El portavoz parlamentario de la formación, Miguel Tellado, agregó en redes que «la página más negra del sanchismo ya está en el BOE» y lanzó un dardo al PSOE ante la negativa del adelanto electoral: «Más que pedir a nadie que espere sentado, tengan ustedes cuidado con sus sillas, que no se las muevan desde Waterloo», escribió Tellado en X.

A todos los niveles estatales

Vox se unió a la tónica del rechazo a la amnistía del PP. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, solicitó a todas las instituciones del Estado, incluida la Corona, defender «la unidad nacional, la integridad territorial y la igualdad de los españoles ante la ley», ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha politizado todos los contrapesos al poder del presidente» y «ha revertido el ordenamiento jurídico para premiar a los criminales». «Llegados a este punto, es el momento de que las instituciones hagan un esfuerzo por resistir el golpe», dijo en declaraciones en el Congreso de los Diputados tras la Junta de Portavoces.

Para Millán, dichos organismos son una suerte de «cómplices» de Sánchez porque «se supone que tenemos unas instituciones que tienen que velar por todo esto y necesitamos una respuesta» que su partido «echa en falta». Especialmente la del rey, Felipe VI, porque considera que el Ejecutivo «le ha obligado» a sancionar una amnistía que rompe con su discurso posterior al 1-O. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, les recordó su «juramento» de guardar «lealtad» a la Constitución y al monarca.

Aragonès celebra el fin del exilio y la CUP advierte de que «la represión continuará»

Los independentistas no dudaron en celebrar el martes la publicación de la amnsitía. «Hoy, siete años después, ponemos fin a la cárcel, el exilio y la amenaza judicial constante», tuiteó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en X. «Gracias al trabajo incansable de mucha gente, la ley de amnistía está publicada. Estaremos dispuestos para que se aplique en su totalidad», añadió.

La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, también celebró la publicación de la ley en el BOE, pero avisó de que «la represión continuará» mientras no se consiga la independencia de Cataluña. «No podemos obviar que, desgraciadamente, no todos los represaliados por el Estado se beneficiarán», sostuvo Estrada en un mensaje en X, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. De todas formas, la diputada sí reconoció que la amnistía «permitirá aliviar el sufrimiento de los represaliados».

Mientras tanto, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, señalaba que, una vez que la ley de amnistía ha entrado en vigor, corresponde a los jueces aplicarla. Además, fuentes del Gobierno precisaron que está muy clara cuál es la voluntad del legislador al redactar esta norma, con un objetivo «claro y loable». «El Parlamento ya ha hecho su trabajo, el Gobierno ya ha hecho su trabajo y la ley ya está aprobada y en vigor», declaró Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de el martes.

Alegría también defendió los plazos que ha seguido la ley, ante las críticas de que el Gobierno estaba retrasando su publicación en el BOE hasta pasadas las elecciones europeas del pasado domingo. Subrayó que, por ejemplo, la ley de enseñanzas artísticas tardó 14 días en publicarse desde su aprobación definitiva mientras esta solo ha tardado 12.

Respecto a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que acordó mantener la orden de detención sobre Puigdemont, fuentes de Moncloa señalaron que simplemente se trata de un recordatorio, aunque añadieron que es un paso que se podría haber ahorrado.

Por otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró que los jueces aplicarán la ley de amnistía «en los estrictos términos en los que está redactada», porque a su juicio no hay espacio para la interpretación. Montero dijo que la ley ya está «a la vista de todo el mundo» y, por tanto, todo el que lo considere oportuno puede «adoptar las decisiones que crea correctas». «Lo digo porque algunos se habían apresurado a anunciar incluso requerimientos de inconstitucionalidad cuando ni siquiera el texto estaba publicado, y me estoy refiriendo a comunidades del PP», reprochó.

Gabriel Rufián, de ERC, también se pronunció con su propio tuit en X: «No es que Esquerra estuviera equivocada [cuando ideó la amnistía], es que estaba muy sola».