Las claves de la ley de amnistía, que ahora queda en manos de jueces y tribunales

María Salgado
María Salgado REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, a la izquierda; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo del pasado mes de febrero en Madrid
El presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, a la izquierda; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo del pasado mes de febrero en Madrid FERNANDO ALVARADO, efe

Los fiscales del «procés» mantienen su negativa a perdonar la malversación

12 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

El reloj que marca los dos meses de plazo máximo para aplicar la ley de amnistía empezó a correr ayer y nadie quiso perder ni un minuto. Tras la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la medida de gracia, un aluvión de peticiones de perdón de implicados en causas del procés llegaron a los tribunales, que, a su vez, empezaron a consultar con la Fiscalía, acusaciones y defensas cómo les afecta la norma.

Las discrepancias de muchos juristas sobre la suspensión automática de las órdenes de detención en vigor y las medidas cautelares provocó una nueva batalla en el seno del ministerio público que se libró en una reunión entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y dos fiscales del Tribunal Supremo —Javier Zaragoza y Jaime Moreno—, que mantuvieron su negativa a amnistiar por malversación al expresidente Carles Puigdemont, al entender que esta afectó a fondos de la UE e intentó lucrarse, dos extremos que lo excluirían del perdón. Este debate se produjo después de que el juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, mantuviera la orden de detención contra el fugado y les diera cinco días para que le informen sobre si ven pertinente o no aplicar la norma en su caso. Aunque García Ortiz les pidió que redacten un nuevo informe procesal «no genérico» para responder al magistrado, los fiscales anunciaron que mantendrán su criterio y elevarán el asunto a la Junta de Fiscales de Sala si su superior no acepta su postura.

Todo apunta a que el perjuicio económico a la UE será clave para intentar suspender la ley. Pocas horas después de su entrada en vigor, el Tribunal de Cuentas fue el primero en activar el mecanismo para consultar su legalidad con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La institución fiscalizadora, que investiga a 35 dirigentes secesionistas por el desvío de 5,3 millones para financiar el procés, preguntó a las partes si apoyan presentar una cuestión prejudicial ante este alto tribunal con sede en Luxemburgo. Si es presentada y admitida a trámite, se paralizará la aplicación del perdón en esta causa hasta que el TJUE resuelva, algo que puede demorarse año y medio.

También el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio diez días a las partes personadas en la causa de Tsunami Democràtic para que expliquen si la amnistía puede aplicarse al delito de presunto terrorismo por el que investiga a Marta Rovira (ERC), huida en Suiza, y a otros altos cargos separatistas.

Pero el más madrugador, el primero en preguntar cómo proceder, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tiene cinco causas relacionadas con el proceso independentista. El TSJC pidió informes sobre si debe amnistiar a líderes republicanos pendientes de juicio por malversación y sobre la revisión de condenas a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra, y otros políticos, ya que supondría cancelar sus antecedentes penales. Además, la Generalitat anunció que publicará, en las próximas horas, una resolución para amnistiar de oficio los actos sancionados por la llamada ley mordaza relacionados con el procés.

Las claves de una compleja medida de gracia

La publicación en el BOE de la ley de amnistía empezará a despejar algunas dudas sobre cómo aplicarán los tribunales esta compleja norma, quién la recurrirá y qué efectos suspensivos tendrán los eventuales recursos presentados.

plazos

¿Cuándo entra en vigor? La amnistía entró en vigor a las 00.00 horas del 11 de junio y su aplicación debe ser «preferente y urgente», según establece su articulado. Jueces y tribunales tienen un plazo máximo de dos meses para retirar de forma inmediata las órdenes de detención y medidas cautelares contra los beneficiarios.

tribunales

¿Quién la aplica? Los encargados de aplicar el perdón son aquellos jueces y tribunales que tienen sobre la mesa causas vinculadas al procés, como el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y numerosos juzgados de esta comunidad, con más de 300 causas abiertas.

delitos

¿Qué se perdona? Aquellos delitos cometidos, para reivindicar la independencia de Cataluña, entre el 1 de noviembre del 2011, cuando aún gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, y el 13 de noviembre del 2023. Incluye los actos vinculados a la consulta del 9N del 2014 y al referendo ilegal del 1-O.

¿Qué se excluye?No será amnistiada la malversación de fondos públicos relacionada con el procés si tuvo el propósito de enriquecimiento o afectó a fondos de la UE, ni los actos calificados de terrorismo que causaran de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos.

beneficiarios

¿A quién beneficia? Justicia cifra los beneficiarios en 372 personas, entre las que destacan dirigentes de Junts y ERC, doce CDR investigados por el caso Tsunami y 73 agentes, aunque Òmnium Cultural eleva los amnistiables a 1.616.

recursos

¿Quién y ante quién se elevan? Diputados, senadores y comunidades autónomas pueden recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional (TC). Los jueces y tribunales que deban aplicarla pueden acudir al TC o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Consecuencias del recurso

¿Hay efectos suspensivos? La aplicación de la amnistía solo se paralizará en aquellos casos concretos llevados por los tribunales ante el TC o el TJUE. En este último, la duración media de los procedimientos durante el año 2023 fue de 17,2 meses.

aprobación por mayoría

¿Qué grupos la apoyaron? La proposición de ley de amnistía fue registrada en solitario por el Grupo Socialista en el Congreso el 13 de noviembre del 2023. La Cámara Baja la aprobó definitivamente el pasado 30 de mayo con mayoría absoluta, levantando así el veto del Senado. Obtuvo 177 síes del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro socialista Ábalos, frente a 172 noes del PP, V