La Junta de fiscales debate si se debe amnistiar a siete políticos del «procés» por malversación

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado miércoles en las XVII Jornadas jurídicas Román García Varela celebradas en Sarria.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado miércoles en las XVII Jornadas jurídicas Román García Varela celebradas en Sarria. Óscar Cela

Álvaro García Ortiz, favorable a ello, puede imponer su criterio

18 jun 2024 . Actualizado a las 09:31 h.

La fase judicial de la ley de amnistía vive un nuevo capítulo este martes con la celebración de la Junta de Fiscales. El jefe del ministerio público, Álvaro García Ortiz, preside un cónclave en el que participan otros 37 fiscales. Él dirigió una instrucción a los fiscales para que se posicionaran a favor de aplicar la medida de gracia. La orden se topó con la oposición de los cuatro fiscales del Supremo de las dos grandes causas del procés, que se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La norma permite a los discrepantes convocar a la Junta de Fiscales para debatir y votar si deben o no promover el olvido de los delitos de malversación vinculados a siete políticos del procés.

Salvo un giro inesperado de los acontecimientos, el guion ya está escrito. Álvaro García Ortiz, como fiscal general, tiene la última palabra, independientemente del criterio mayoritario del resto de fiscales. Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno son los cuatro fiscales que ya anunciaron que, si el jefe del ministerio público mantiene su postura, se negarán a firmar el escrito que solicite la amnistía para los encausados del procés. Según destacan los cuatro fiscales, deberá hacerlo, en este supuesto, el propio Álvaro García Ortiz u otro fiscal designado.

Para llegar a la Junta de Fiscales hay que remontarse a hace una semana, cuando la medida de gracia fue publicada en el BOE. A las pocas horas, el juez del Supremo Pablo Llanera, a cargo de las causas del procés, preguntó tanto a la Fiscalía como a la defensa y a la acusación si debía aplicar la ley de amnistía. Los fiscales del Supremo argumentaron que la medida de gracia no incluye el delito de malversación si hubo enriquecimiento personal y que, por tanto, ni los tres políticos fugados (Puigdemont, Comín y Puig) ni los cuatros indultados pero todavía inhabilitados (Bassa, Junqueras, Turull y Romeva) pueden acogerse a la ley del perdón.

Así empezó un cruce de informes jurídicos. El primero, un decreto de García Ortiz, constaba de 133 páginas y reflejaba que los fiscales del procés confundían el «ánimo de lucro» que incumbe necesariamente el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial».

Los cuatro fiscales respondieron que la orden de García Ortiz es «improcedente» y «contraria a las leyes». Además, activaron el mecanismo legal para convocar la Junta de Fiscales de este martes. El fiscal general responderá mañana finalmente al Supremo, previsiblemente a favor de la aplicación de la amnistía para los siete políticos del procés.